El Gobierno lleva semanas diseñando un nuevo impuesto que gravará a las empresas de energía por sus beneficios extraordinarios y para ello dirige todas las miradas hacia Italia, el país que el mes pasado elevó un gravamen del 10 al 25% por los beneficios de las eléctricas desde que empezó la escalada de precios, en octubre del año pasado. El presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, llevan días apuntando al ejemplo de Roma para un nuevo impuesto que tampoco en España se limitará previsiblemente solo a las compañía eléctricas, sino que se aplicará a a un sector más amplio, de las "compañías energéticas", lo que podría incluir, por ejemplo, también a las petroleras.
"Estamos viendo qué han hecho otros Estados de nuestro entorno. Nos interesa especialmente el caso italiano", afirmó este lunes Ribera a su llegada al consejo de ministros europeos de Energía, en Luxemburgo. "Estamos buscando el modo de introducir un gravamen sobre las diferencias de beneficios de las compañías energéticas en este último año", añadió.
Ribera habló más abiertamente de este impuesto sobre beneficios extraordinarios -"caídos del cielo"- después de que el sábado pasado el presidente de Gobierno explicara en rueda de prensa que el Ministerio de Hacienda trabaja desde hace tiempo en el diseño de un nuevo impuesto que no podía crearse vía decreto-ley, en línea con el recargo que pidió Unidas Podemos para incorporarse en el segundo paquete de medidas económicas, ni tampoco podrá presupuestarse sin más para 2023. Dentro de unas semanas PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos miembros de la coalición, lo llevarán al Congreso en forma de proposición de ley. El objetivo es que la Cámara Baja lo apruebe para que entre en vigor en la fecha prevista por el Ejecutivo, 1 de enero de 2023, que si el proceso sigue su curso ordinario será también cuando entren en vigor los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene.
"El Gobierno está diseñando un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas como consecuencia del alza del precio de la energía", dijo Sánchez sobre un impuesto que "sintoniza con la opinión pública, con medidas similares que adoptan otros países de nuestro entorno y que han recomendado organismos internacionales como la Comisión Europea, la OCDE y el FMI".
De todos estos ejemplos, el impuesto a los beneficios caídos del cielo que ha puesto en pie Italia es el que más gusta al Gobierno. En concreto, el Gobierno de Mario Draghi ya ha gravado en dos ocasiones a los "grupos energéticos". Una, el pasado mes de marzo, con un 10% de los beneficios que habían obtenido desde el mes de octubre anterior, cuando empezó el alza de los precios. A principios de mayo, el gravamen se incrementó hasta el 25%. En total, el Gobierno italiano espera que estos ingresos extra cubran el coste de sus medidas anticrisis, que ascienden a 14.000 millones de euros.
Petroleras y eléctricas
En el caso español, los dos decretos anticrisis suman ya 15.000 millones de gasto -6.000 millones el primero y otros 9.000 el que se aprobó el sábado pasado-. Sin precisar si está previsto que la recaudación iguale esta cifra, el nuevo impuesto financiará este "importante esfuerzo", en palabras de Sánchez, grabando previsiblemente y también como en Italia, no solo a las compañías eléctricas, sino, de forma más general, a las "energéticas". "Todo el mundo tiene que entender que el conjunto de empresas energéticas, no solo las eléctricas, están teniendo beneficios no justificables", ha señalado este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Esto incluiría también a gasistas y petroleras, que la CNMC asegura que han incrementado aún más sus ganancias con la ayuda de 20 céntimos por litro que empezó a dar el Gobierno a los conductores en marzo yo que ahora acaba de prorrogar hasta final de año. Hasta el viernes pasado, las petroleras también estaban en el punto de mira del Gobierno, porque ellas iban a ser quienes contribuyeran al fondo que iba a pagar las primas a las renovables, que se sacarían de esta forma de la factura de la luz, donde hoy son un coste fijo que pagan los consumidores. Sin embargo, el Gobierno paralizó la creación de este fondo porque colisionaba con medidas del segundo decreto anticrisis.
Por el contrario, y aunque previsiblemente también les afectará, el Gobierno mantiene el mensaje de que las eléctricas ya están reduciendo beneficios, con la ley que en octubre del año pasado les obligó a no cobrar más de 67 euros por MWh al mes a sus clientes del mercado liberalizado por el precio de la luz y con el tope del precio del gas. Por eso, Ribera pidió la semana pasada ser "cuidadosos" a la hora de diseñar el nuevo impuesto y Sánchez se refirió de nuevo a estas dos medidas anteriores en su rueda de prensa en Moncloa del sábado pasado.
Beneficios de 2022
Aunque el Gobierno no quiere hablar de retroactividad, lo cierto es que el nuevo impuesto empezará a aplicarse el 1 de enero de 2023, pero lo hará sobre los beneficios extraordinarios que estas empresas obtuvieron en 2022. En esto también se parece al gravamen italiano, que en su primera versión, el 10% que se fijó en marzo de 2022, hacía referencia a los beneficios extraordinarios desde octubre de 2021.
Al fijarse en el ejemplo italiano, el Gobierno se centra en gravar los beneficios extra -denominados 'caídos del cielo'- obtenidos por el precio desmesurado de la energía y no en un impuesto sobre ingresos generales. Es lo que ha hecho el Reino Unido, que en lugar de un impuesto nuevo como el que se está diseñando en España decidió simplemente aumentar el impuesto de sociedades de las empresas energéticas, que en los próximos tres años será del 65% en lugar del 40%.
En su propósito de gravar a las empresas del sector de la energía, el Gobierno se aleja también de lo que ha hecho Hungría, con un nuevo impuesto que también grava a bancos, empresas de telecomunicaciones y aerolíneas para hacer frente al gasto extra para hacer frente a la actual situación económica.
Según Sánchez, el diseño concreto del nuevo impuesto corresponde a la ministra de Hacienda, que este lunes ha acusado abiertamente a las mismas compañías que lo pagarán de querer "derribar al Gobierno", en una entrevista en Antena 3 donde ha ido más allá de lo que dijo Sánchez el sábado, que el suyo es "un Gobierno incómodo para algunos sectores económicos" antes de asegurar que "no nos quebrarán”.
Dos días después, Montero fue más directa, precisamente al hilo de efecto en sus cuentas de resultado que tendrá gravar sus beneficios extraordinarios. "Hay intereses económicos vinculados a las energéticas, pero no solo, que quieren preservar el margen de beneficios que han tenido durante una década. Esto es una alianza que los poderes públicos percibimos con claridad fundamentalmente cuando empresarios y medios de comunicación, es decir, el conjunto de los que pretenden derribar a este Gobierno, se alían para convertir todo lo que hacemos en cuestiones negativas".
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