La consigna es clara: el Gobierno no quiere tomar en este momento medidas que afecten a las cuentas de resultado de las compañías de energía -eléctricas y petroleras- para evitar que terminen repercutiéndolas en los consumidores y se 'coman' la prórroga de la ayuda a para repostar gasolina y gasóleo que se prorrogará este sábado, el descuento de 20 céntimos por litro que va a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
Para evitar que algo así pueda ocurrir, el Ejecutivo ha decidido aplazar, por lo menos hasta septiembre, la aprobación inminente en el Congreso de dos leyes que suponían tocar los ingresos de las compañías energéticas. Se trata de la creación de un Fondo al que eléctricas y petroleras iban a tener que hacer sus contribuciones para pagar las primas a las renovables, que de ese modo se sacarían de la factura de la luz de los consumidores, y la norma que iba a reducir los beneficios de las eléctricas en función de sus emisiones de CO2.
Fuentes parlamentarias de Unidas Podemos confirman que se ha decidido aplazar la aprobación de sendas leyes porque sus contenidos "entran en conflicto" con medidas del nuevo decreto anticrisis, en concreto, con la ayuda para carburante. Estos 20 céntimos, tal y como existe ahora, salen de las arcas del Estado, pero el Ejecutivo quiere evitar que esta ayuda pública quede anulada si, como respuesta al recorte de sus beneficios o a su contribución para pagar las renovables, suben sus precios. Fuentes socialistas explican que la decisión se ha tomado por "prudencia a la espera de las medidas" del decreto-ley que se aprobará este sábado.
Las dos leyes habían quedado listas esta semana en sendas ponencias de la comisión de Transición Ecológica del Congreso y estaba previsto que el martes que viene se votaran y se aprobaran allí, puesto que tiene capacidad legislativa plena y no era necesario pasar por el Pleno. De allí pasarían al Senado, que podría haberlas aprobado incluso antes del parón del verano en un Pleno extraordinario que se ha convocado para la tercera semana de julio.
Sin embargo, estos planes han quedado paralizados ante la posibilidad de que la energía se encarezca como consecuencia de leyes que afectan a compañías eléctricas y petroleras y dejen en nada las medidas que tomará el Gobierno en Consejo de Ministros extraordinario este sábado.
El PP pidió la retirada
El presidente de la comisión de Transición Ecológica, Juantxo López de Uralde, ha comunicado a los grupos que la tramitación se suspende, al menos hasta septiembre o hasta que dejen de aplicarse las medidas del decreto que, según explican las fuentes, chocan con las medidas anticrisis del Gobierno. La decisión se ha comunicado a todos los grupos este viernes, incluido al PP, que, tras aprobar la tramitación el martes, el miércoles pasado mostró su "oposición" a la aprobación del Fondo de las renovables y pidió en el Pleno retirarla.
El diputado popular Juan Diego Requena advirtió al Gobierno de que trasladar la parte de las primas a las renovables que van en la factura de la luz a las empresas de energía encarecerá 10 céntimos el litro de combustible. "Va a encarecer 10 céntimos el precio del diésel y la gasolina. El PP se opone", ha dicho Requena. Los populares consideran "obvio" que si las petroleras tienen que empezar a contribuir para pagar las primas a las renovables lo repercutirán en los precios de sus productos. "Irá en la factura. Va directo al consumidor", pronostican.
"Hoy mismo nos podemos poner de acuerdo para aprobar el fondo", ofreció, sin tener el miércoles respuesta por parte de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha llegado este viernes con el aplazamiento de esta ley y otra más.
Más costes y menos beneficios
La primera de las dos leyes que ha quedado paralizada es la que iba a crear el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, al que las empresas de energía, particularmente las petroleras y de gas, tendrían que contribuir para asumir la financiación del régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE), es decir, parte de la prima a la producción de estas energías. Como consecuencia, estos importes se sacarían de la factura de la luz de los consumidores, donde a día de hoy es un coste fijo que supone alrededor del 10% de la luz que pagan los consumidores domésticos, según cálculos del Ministerio de Transición Ecológica. El año pasado, Ribera estimó que el traslado de este coste de los consumidores a las empresas supondría un ahorro de alrededor del 13% para los primeros.
La segunda norma que queda en suspenso iba a reducir -"minorar- los beneficios de las compañías por la electricidad que generaran en instalaciones anteriores a la entrada en vigor del mercado de derechos de emisión pero que aún así reciben un sobreprecio asociado a los derechos de emisiones de CO2 porque su coste en el mercado es tan alto como si pagaran estos derechos.
El proyecto de ley que iba a convertirse en norma y que ha quedado aplazado iba a proceder a una "intervención regulatoria" para "corregir" esta situación, estableciendo "una minoración de la retribución de estas instalaciones, por el importe correspondiente a las retribuciones del CO2 no emitido en el mercado consecuencia de la internalización del coste del CO2 en los precios del mercado mayorista".
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