La posibilidad de que los consumidores dejen de pagar en la factura de la luz la prima al desarrollo de energías renovables está cada vez más cerca. El Congreso aprobará el martes que viene la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico al que contribuirán las empresas energéticas -del gas o del petróleo, por ejemplo- para sufragar un coste estimado en entre 4.000 y 6.000 millones al año. A su vez, esta cantidad se sacará de la factura de la luz, aunque la actual situación energética ha cambiado los cálculos del Gobierno sobre su efecto en los consumidores. A finales de 2020, estimaba que la medida supondría una rebaja de alrededor de un 10% para los consumidores domésticos, pero en el actual contexto de precios desbocados esta previsión podría variar.

Los grupos parlamentarios han aprobado este martes cuatro enmiendas transaccionales al texto que aprobó el Consejo de Ministros en diciembre de 2020 para modificar cuestiones técnicas pero ninguna sustancial para crear el Fondo Nacional al que contribuirán empresas de sector gasista o petrolero para sufragar durante los próximos cinco años los costes fijos para promover las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos (RECORE), que de ese modo dejarán de pagar los consumidores en su factura. El próximo paso se dará el martes que viene, cuando la comisión de Transición Ecológica del Congreso apruebe el proyecto de ley, que ya no tendrá que pasar por el Pleno y que irá directamente al Senado. La Cámara Alta ha acordado celebrar un pleno extraordinario la tercera semana de julio, en el que, si da tiempo, se aprobaría el texto definitivo tras un proceso legislativo que no ha tenido grandes divergencias políticas. El proyecto de ley fue aprobado por un Gobierno de Pedro Sánchez, pero parte de las conclusiones del grupo de expertos que reunió el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2017.

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Cuando finalice el trámite parlamentario -en Congreso y Senado-, se hará efectiva la creación del Fondo Nacional, que de forma inmediata empezará a sufragar los costes fijos que ahora figuran en la factura de la luz para primar la generación de energías renovables. El efecto en las facturas se notará "en cuanto se apruebe", explica a 20minutos el portavoz socialista de la ponencia, Germán Renau. El montante de las primas que deberá soportar "se calcula por años enteros, pero entraría en vigor en cuanto se apruebe" el Fondo, añade.

Cinco años

El instrumento tendrá una vida de cinco años, porque se calcula que al final de este periodo los recursos obtenidos deberían financiar totalmente el RECORE. "Los apoyos públicos a las renovables van a ser decrecientes en el tiempo", explica el texto legal. "Por un lado, los costes asociados a las instalaciones existentes serán decrecientes en tiempo y, por otro, estas tecnologías [renovables] son cada vez más competitivas y el diseño de las nuevas subastas contempla la integración y liquidación del precio de la energía en el mercado, sin que se puedan generar costes regulados para los consumidores".

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No está previsto que el trámite parlamentario varíe  de forma sustancial el proyecto de ley que aprobó el Gobierno para modificar la forma de financiarse de los sobrecostes de las renovables, de las plantas instaladas en el pasado que tienen un coste superior al actual. A finales de 2020, cuando se aprobó el proyecto de ley, el Ministerio de Transición Ecológica estimaba que el déficit tarifario habitual -la diferencia entre los costes de estas instalaciones y los ingresos obtenidos por la energía que producen- era de 1.500 millones. Esta cifra incrementaría el recibo de la luz un 15% para las pymes, un 10% para la industria y los consumidores domésticos y un 7% para la gran industria electrointensiva. En conjunto, calculó que sacar estos costes de la factura de la luz para que la pague el Fondo Nacional que ahora está apunto de crearse supondría una rebaja de un 13% en la factura de la luz en los próximos cinco años.

Sin embargo, en este momento, fuentes del ministerio de Teresa Ribera recuerdan que la previsión se hizo en un contexto de bajos precios de la energía, de una menor demanda y una menor recaudación, que ponían en peligro que la inversión en renovables pudiera considerarse "atractiva" y  garantizar el equilibrio del sistema eléctrico. Es una situación muy distinta a la de hoy y las fuentes ponen en duda que puedan mantenerse esas cifras y apuntan a la imposibilidad de "extrapolarse al escenario actual" de precios desbocados.

Obligados al pago

A la espera de ver cuál será el ahorro efectivo para los consumidores, el Fondo que está a punto de crearse trasladará los costes fijos que pagan los consumidores para la promoción de las renovables a los operadores en los sectores energéticos, que cuando empiece a funcionar estarán obligados a hacer una aportación anual en función de su venta de energía. Los operadores con ventas anuales superiores a 25.000 GWh deberán hacer sus contribuciones al Fondo, que gestionará el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el último día de cada mes por la cifra de negocio del mes anterior. El resto hará un pago trimestral, en enero, abril, julio y octubre.

Estos "sujetos obligados" a hacer estas contribuciones, según los denomina la ley, son las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los consumidores directos en mercado de electricidad y de gas natural, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los distribuidores de estos productos por sus ventas o consumos que no les suministren estos y los consumidores de productos petrolíferos que desarrollen una distribución al por menor.

La norma prevé exenciones a la obligación de hacer los pagos y también un régimen sancionador para el operador que no cumpla con sus obligaciones financieras.

En el primer caso, quedarán fuera del cómputo de venta de energía para pagar la contribución las que se hagan a instalaciones de almacenamiento, las ventas de gas o productos petrolíferos para producir electricidad en centrales eléctricas y las destinadas a cogeneración de electricidad y calor en centrales combinadas, las ventas de queroseno y de biocarburante sostenible, las ventas de energía para navegación y pesca (a excepción de la de recreo) y sobre el porcentaje de gases renovables en las ventas de gas natural.

La ley incluye también un régimen sancionador para operadores que no ingresen su aportación debida o falseen u oculten sus datos reales de venta que va de 60 a seis millones de euros en el caso de las sanciones muy graves y de hasta 600.000 si se trata de una infracción leve. También se prevén inhabilitaciones para operar o la prohibición de recibir subvenciones y ayudas para quienes incumplan. En todo caso, las sanciones no podrán superar el 10% de la cifra de negocios anual de las compañías.