La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras del país por alterar la competencia en miles de concursos de obra pública durante 25 años. Se trata de obras en hospitales, puertos, aeropuertos, metro o carreteras. Y entre ellas algunos tan destacados como el Campus de la Justicia de Madrid, el metro ligero de Sevilla, el metro de Granada o actuaciones en el aeropuerto de Barajas.

Los sancionados son Dragados (57,1 millones de euros), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), Acciona (29,4 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones). Seis empresas que junto a Lantania (que ha sido absuelta) formaban parte de lo que ellas mismas bautizaron como "el G7 de la construcción" y que juntas suman un volumen de negocio de casi 80.000 millones de euros.

El grupo, cuyos componentes fueron cambiando a lo largo del tiempo, se reunía cada semana entre 1992 y mayo de 2017 y operaba como un cártel con "unas complejas normas de funcionamiento", tal y como explica la CNMC. Unas reuniones en las que se analizaban las licitaciones de obra pública que iba sacando el Estado y en las que las empresas discutían si concurrir o no y compartían información comercial sensible. Por ejemplo, en ellas se discutía si formaban o no UTES (Unión Temporal de Empresas) para algunos proyectos y decidían qué empresas las integrarían.

Pero la práctica anticompetitiva en la que se hace más énfasis en el expediente de la CNMC era el mecanismo con el que las empresas manipulaban la parte técnica de los contratos, que durante el periodo en el que el cártel estuvo activo podía suponer un 70% de la puntuación en un concurso público.

El modus operandi era en líneas generales el siguiente. Las empresas se reunían y decidían encargar a un mismo consultor externo la elaboración de varios apartados de las propuestas técnicas de un concurso al que habían decidido presentarse. La consultora elaboraba los informes para el grupo y los miembros se repartían los costes a partes iguales. Luego las constructoras personalizaban los documentos, añadiendo logos y nombres de empresa propios y los presentaban a concurso.

De esta forma, se ahorraban el coste de subcontratar individualmente estos servicios, lo que redundaba en un ahorro de cientos de miles de euros cada año. Además, el cártel exigía a la consultora con la que subcontrataba no trabajar con otras empresas en ese mismo proyecto, perjudicando así a la competencia.

CNMC

La propia FCC resume a la perfección el sistema en un correo fechado en 2017 e incorporado a la causa: "Hace más de 10 años que parte de los trabajos que se externalizan se realizan en grupo. Es decir, las siete empresas constructoras más importantes encargan algunos de los trabajos anteriores a un mismo consultor y comparten el gasto que implica". "El objetivo es compartir trabajos que se suelen subcontratar o externalizar y puedan ser compartidos, ya que al compartir trabajos el coste obviamente se reparte y se puede ahorrar dinero", se recoge en otro correo interno de la misma empresa.

La CNMC destaca que las licitaciones en las que se desarrollaba esta práctica eran siempre superiores a 1 millón de euros y solían oscilar entre esta cantidad y los 50 millones. Por ejemplo, según datos de FCC recogidos en el expediente, entre 2008 y 2016 el cártel se repartió trabajos en 2.956 licitaciones valoradas en 52.568 millones de euros.

Para Competencia, las prácticas del G7 han provocado "una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas presentadas", que causó desventajas al resto de empresas "que tuvieron que acometer un coste mayor para preparar las proposiciones técnicas". Además, la CNMC subraya que hay que tener en cuenta el "gran número de obras en que hubo trabajos compartidos entre empresas del grupo, el elevado importe de las obras y la prolongada duración en el tiempo de las prácticas".

Asimismo, las empresas sancionadas se enfrentan a una prohibición de contratar con la Administración pública, aunque la duración y alcance de la misma la deberá determinar la Junta Consultiva de Contratación Pública.

Más de cinco años de investigación

Desde que la CNMC empezó a investigar al cártel de la construcción y hasta que se han decretado las sanciones han transcurrido más de cinco años. El proceso arrancó en junio de 2017, cuando Competencia anunció que estaba investigando prácticas anticompetitivas en los mercados de la construcción y rehabilitación de infraestructuras. 

Más de un año después, en octubre de 2018, se decidió abrir un expediente que acabó caducando a los 18 meses por un defecto en el procedimiento y la complejidad del mismo. Al considerar que los hechos no habían prescrito, la CNMC decidió iniciar de nuevo su tramitación en julio de 2020, un proceso que se ha dilatado hasta este jueves.