La reacción de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes para impedir la entrada de cientos de migrantes el pasado viernes a través de la valla de Melilla, que acabó con el fallecimiento al menos 23 de estos migrantes, amenaza con abrir un nuevo frente en el ya atribulado escenario que tiene ante sí el Gobierno. Este lunes, PP y Unidas Podemos coincidieron en exigir explicaciones al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los morados, además, presentaron una iniciativa con la que forzarán que el Congreso debata este asunto en Pleno.
La presión a la parte socialista del Gobierno viene tanto desde su flanco derecho como desde el izquierdo. Y los habituales socios parlamentarios nacionalistas, independentistas y progresistas del Ejecutivo también aportaron su granito de arena y este lunes solicitaron formalmente la comparecencia de Sánchez en el Congreso para dar explicaciones sobre las al menos 23 muertes ocurridas en Melilla. No obstante, por ahora el PSOE ha optado no por no variar su posición y este lunes el propio Sánchez insistió en definir el intento de entrada del viernes como un "asalto violento" que era necesario repeler.
El presidente, en una entrevista en La Vanguardia, volvió a felicitar a la Guardia Civil y la Gendarmería marroquí tras una tragedia que, dijo, es responsabilidad última de "las mafias internacionales". "Lamentamos la pérdida de vidas humanas, en este caso de personas desesperadas que buscaban una vida mejor y que son víctimas e instrumentos de mafias y delincuentes que organizan acciones violentas contra nuestra frontera. De los asaltos violentos organizados por las mafias son víctimas los propios migrantes, los ciudadanos de Melilla y de Ceuta y también las fuerzas y cuerpos de seguridad de España y Marruecos", sostuvo.
La del presidente es una posición que sigue a pies juntillas la estrategia que él mismo planteó hace unas semanas en el Congreso para mantener en buenos términos la nueva relación pactada entre Marruecos y España, que pasa por "evitar", tanto a nivel de "discurso" como de "práctica política", "todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte". Y en este asunto, el PSOE está siendo monolítico: fuentes del Ministerio del Interior aseguraban este lunes que el Gobierno "lamenta" las muertes en la valla de Melilla, pero insistían en que un Estado "no puede admitir ataques violentos" contra sus fronteras.
Las explicaciones, sin embargo, no han satisfecho prácticamente a nadie, como lleva sucediendo con casi todos los asuntos relativos a la nueva relación pactada con Marruecos desde que Sánchez la presentara hace unos meses. El PP, a través de una declaración escrita de ocho puntos, exigió al presidente que se retracte por decir que el salto a la valla de Melilla estuvo "bien resuelto" y echó la responsabilidad de lo ocurrido sobre los hombros del Gobierno, al que pidió "que se esclarezcan las circunstancias que han llevado a este trágico desenlace" y que el Ministerio del Interior aclare "si disponía de información sobre lo que iba a ocurrir".
"Con una acción temprana, no se habría producido tal concentración de migrantes en la frontera ni se habrían atrevido las mafias a promover una nueva entrada masiva en territorio español", acusó el PP al Gobierno, al que afeó su supuesto "abandono" de las fronteras de Ceuta y Melilla. "En el lado español de la frontera no había suficiente presencia policial y, sin duda, esa desprotección era conocida por las mafias que trafican con seres humanos", sostienen los populares, que aprovecharon esa declaración escrita para pedir la comparecencia de Sánchez en el Congreso "con urgencia" para "aclarar las circunstancias que han rodeado a este suceso que tantísimo dolor ha causado".
La comparecencia, en el aire
El PP, por sí solo, no tiene el peso suficiente en el Congreso para forzar la comparecencia de Sánchez. Pero sí puede obligar al presidente a acudir si suma sus votos con los de Vox y los socios nacionalistas, independentistas y progresistas del Ejecutivo, que este lunes registraron su propia solicitud de comparecencia tanto de Sánchez como del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "para dar explicaciones en relación con las vulneraciones de Derechos Humanos por parte de las autoridades migratorias" en Melilla, "donde al menos 37 personas fueron asesinadas y decenas de ellas víctimas de una grave actuación policial".
No sería la primera vez que ese juego de alianzas cruzadas se produce para forzar la presencia del presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso para dar explicaciones sobre un tema que le resulta incómodo. El pasado mes de mayo, PP, Vox y los socios del Ejecutivo unieron fuerzas para llamar a Sánchez ante la Cámara Baja para hablar sobre los supuestos casos de vigilancia llevados a cabo con el programa Pegasus, y consiguieron, sumando sus votos, que esta comparecencia se produjese pese a la oposición de PSOE y Unidas Podemos.
Fuentes de Unidas Podemos aseguran que la formación aún no tiene decidido cuál será su voto cuando se decida si llamar o no a Sánchez ante el Pleno del Congreso y, por ahora, su actitud ha sido la de evitar las críticas directas contra el presidente. No quiso pronunciarse sobre Sánchez ni el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ni tampoco la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, que este lunes -y con evidente incomodidad por su parte- no habló sobre la crisis de Melilla a petición de la portavoz del Gobierno, la socialista Isabel Rodríguez, pese a ser preguntada expresamente por el tema en hasta cinco ocasiones.
Unidas Podemos fuerza un debate
Sin embargo, esa contención para no atacar a la figura del presidente del Gobierno no implica que en el seno del partido morado no hayan causado un profundo desasosiego las imágenes de Melilla. De hecho, el grupo parlamentario de Unidas Podemos registró este lunes una proposición no de ley con la que busca instar al Gobierno a "abrir de modo inmediato una investigación independiente" sobre las muertes en la frontera y "colaborar en la identificación de los cadáveres y la localización de los familiares" de los fallecidos.
Que la iniciativa salga o no adelante es prácticamente lo de menos, ya que en ningún caso tendría efectos legales: lo importante es que, con ella, los morados se garantizan que el Congreso esté obligado a debatir sobre el asunto, aunque sin una fecha fijada. "Estamos horrorizados, no ya como demócratas, sino como personas, de las imágenes que hemos podido ver en la valla de Melilla. España tiene que estar a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos", aseguró este lunes Echenique, mientras la líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, aseguró que la sociedad española tiene "derecho a saber lo que pasó" y espetó que "los derechos humanos no son relativizables", aunque no quiso valorar la actitud de Sánchez ante las muertes.
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