El Congreso no debatirá si empieza a tramitar una reforma legal para que la inviolabilidad del rey se circunscriba a sus acciones como jefe del Estado, un texto que permitiría que el titular del cargo fuera investigado por eventuales delitos cometidos en sus actividades privadas. PSOE y PP unieron este martes sus votos en la Mesa de la Cámara Baja para tumbar a las primeras de cambio esta iniciativa del PNV, en consonancia con lo planteado el lunes por los letrados del Congreso, que argumentaron que la inviolabilidad del rey es un concepto recogido en la Constitución y que, para limitarla, es necesaria una reforma de la Carta Magna. Unidas Podemos, por el contrario, votó a favor de admitir la iniciativa, mientras el representante de Vox no acudió a la reunión por razones médicas.

La propuesta del PNV, presentada la semana pasada, planteaba una ligera modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), a la que únicamente se pretendía añadir un apartado en su artículo 55 bis para habilitar al Tribunal Supremo a examinar las acciones del rey que no tengan refrendo de las Cortes y las que no tengan relación con la gestión de la Jefatura del Estado. Es decir: se acotaba la inviolabilidad de la Corona, recogida en el artículo 56.3 de la Constitución, a los actos que el monarca realice en el ejercicio de sus funciones, dejando claro que el resto sí podrían ser investigados por la justicia.

Los nacionalistas vascos consideran que, con su propuesta, no sería necesario modificar la Constitución, lo cual requiere una mayoría reforzada del Congreso hoy por hoy imposible de reunir. La inviolabilidad recogida en la Carta Magna no cambiaría: la proposición de ley del PNV, según su punto de vista, lo único que pretende es dejar claro en la LOPJ que la interpretación de esa inviolabilidad debe circunscribirse solo a los actos que realice el rey en su función constitucional, excluyendo sus actividades privadas. Hasta ahora, por el contrario, la figura del monarca se considera inviolable en todas sus facetas, lo que convierte en virtualmente imposible que sea investigado por la comisión de ningún delito.

Hacienda investiga al rey emérito por los gastos en las cacerías a las que fue invitado tras su abdicación

Así lo defendía hace una semana el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que aseguraba que "no parece lógico que, bajo el principio de justicia que preside la Constitución, los valores constitucionales de igualdad ante la ley, la responsabilidad… se haga una interpretación tan extensiva de la inviolabilidad como la que se hace". "Parece lógico que vayamos a una inviolabilidad limitada", insistió Esteban, que afirmó que la forma en la que este concepto está recogido en la Constitución es "breve" y por tanto está "sujeto a desarrollo".

Para los letrados, por el contrario, la proposición de ley sí entraba a modificar un concepto constitucional, y por tanto suponía "un desarrollo normativo contrario al régimen jurídico de la inviolabilidad de la Jefatura de Estado" que figura en la Carta Magna. A su juicio, los "elementos esenciales de la Corona" que se recogen en el Título II de la Constitución no se pueden regular a través de una proposición de ley orgánica, y si quieren modificarse -aunque solo sea su interpretación-, ese cambio debe hacerse a través de una reforma constitucional.

Otras iniciativas sobre la monarquía, bloqueadas

La de este martes no es la primera iniciativa parlamentaria relativa a la Jefatura del Estado que ha sido rechazada en la Mesa y que, por tanto, el Congreso no ha podido debatir su toma en consideración. Así ha ocurrido, por ejemplo, con varias comisiones de investigación presentadas por Unidas Podemos y los pequeños socios nacionalistas y progresistas del Gobierno para indagar en las supuestas irregularidades en las finanzas del rey Juan Carlos, que han sido rechazadas por PSOE, PP y Vox con su mayoría en la Mesa.

PSOE, PP y Vox descartan que el Congreso investigue al rey Juan Carlos mientras que los letrados no lo rechazan

En la mayor parte de las ocasiones, este rechazo ha venido avalado por la interpretación legal de los letrados del Congreso, que suelen considerar que no pueden investigarse las actividades de Juan Carlos de Borbón porque sigue amparándolo la inviolabilidad. No obstante, en enero de 2021, los servicios jurídicos de la Cámara Baja sí avalaron que el Congreso pudiera investigar los gastos por parte del rey emérito con tarjetas de crédito financiadas por un empresario, habida cuenta de que se trataba de hechos posteriores a su abdicación y, según esta interpretación jurídica, ya no amparados por la inviolabilidad. PSOE, PP y Vox, no obstante, también vetaron esta petición de comisión de investigación.