El mandato de cuatro de los doce magistrados que componen el Tribunal Constitucional (TC) caducó este domingo sin visos de una pronta sustitución, debido a la falta de acuerdo entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano al que corresponde el nombramiento de dos de los asientos ocupados ahora en régimen de interinidad. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado este lunes que ve "bastante viable" que el Gobierno, a quien compete la propuesta de los dos magistrados restantes, proceda a renovar su cuota en solitario, un movimiento cuya legalidad el PP no ha tardado en cuestionar y que, de producirse, acrecentaría la maraña judicial.
Según el artículo 159 de la Constitución, "los miembros del TC serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres", siendo nombrados por el rey "cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del CGPJ". La fracción cuyo mandato finalizó este domingo es la integrada por los miembros designados por el Ejecutivo y el CGPJ, un tercio que, según el PP, debería ser renovado por completo en su conjunto, a tenor literal del precepto constitucional. Sin embargo, el Gobierno defiende su actuación separada de la del CGPJ, actualmente inhábil para acometer ningún nombramiento discrecional por encontrarse en funciones desde diciembre de 2018.
La ministra de Justicia ha apuntado este lunes que ve "bastante viable" la posibilidad de que el Ejecutivo nombre, en cumplimiento del mandato constitucional, a los dos magistrados del TC que le corresponde por cuota, aunque no se renueve el CGPJ. "Tenemos que estudiar todas las posibilidades y escenarios porque tenemos que cumplir con la Constitución, que es renovar a tiempo los órganos constitucionales", ha señalado la ministra. De este modo, Llop se ha pronunciado en la misma línea que lo hacía la semana pasada el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
La titular de Justicia ha amparado el hipotético nombramiento individual del Gobierno de los dos magistrados que le corresponden en una sentencia dictada por el TC cuando el turno de renovación por tercios correspondía al Congreso de los Diputados y al Senado. Según Llop, dicha doctrina abre la posibilidad de que cuando un bloqueo en la toma de acuerdos impida la renovación, cualquiera de los órganos implicados pueda alcanzar un pacto por separado sin tener que esperar al otro.
No obstante, la respuesta del PP no se ha hecho esperar. Al ser preguntado por los periodistas, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que ha participado este lunes en el acto de jura de los nuevos letrados del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ha asegurado que dicha renovación parcial "constitucionalmente es inviable". En el mismo sentido, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha alertado en una rueda de prensa de las consecuencias "jurídicas, políticas y económicas" si el Ejecutivo nombra a los dos magistrados del TC sin esperar al CGPJ. "No hay razones para que el Gobierno de ese paso tan arriesgado desde el punto de vista constitucional", ha declarado González Pons.
Un cambio de mayorías
El vicesecretario popular ha aconsejado al Gobierno "devolver" las competencias que "quitó" al CGPJ antes que llevar a cabo esa renovación "unilateral y partidista". También el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid ha dicho que "el CGPJ no puede cumplir con su obligación como consecuencia de una ley que este Gobierno promovió hace un año", en alusión a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que impide que un CGPJ caducado pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, como los que ahora se requieren en el TC.
Dicha reforma, aprobada en marzo de 2021 por PSOE y Unidas Podemos para tratar de presionar al PP, ha virado ahora en contra de los socios de Gobierno, puesto que la renovación que el CGPJ, caducado desde hace tres años y medio, supondría un cambio en las mayorías del TC. Los cuatro magistrados cuyo mandato ha expirado ya son Pedro González-Trevijano, presidente del TC; Juan Antonio Xiol, vicepresidente del órgano; Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares.
Los dos primeros fueron propuestos en su día, allá por 2013 cuando el PP contaba con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, por el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que Xiol y Martínez-Vares fueron los nominados por el CGPJ, que en estas ocasiones suele proponer un magistrado conservador y otro progresista. Se da por hecho que el actual Ejecutivo propondría dos nombres progresistas, que sumados al candidato del CGPJ, revertirían la proporción actual y le permitirían al Gobierno asegurarse una mayoría más indulgente con las leyes y decretos que la oposición, sobre todo Vox, está impugnando, que van desde la ley de la eutanasia hasta la ley de educación, pasando por el ingreso mínimo vital.
Sin acuerdo a la vista
De efectuarse finalmente la maniobra sugerida por la ministra de Justicia, el debate se trasladaría al pleno del TC, que tiene que dar el visto bueno a los candidatos propuestos antes de proceder al nombramiento definitivo, aunque también existen dudas sobre si jurídicamente los propios magistrados, entre los que se encontrarían quienes tienen que ser sustituidos, podrían bloquear los dos nombres propuestos por el Gobierno en solitario. También podría darse el caso de que la propuesta gubernamental prosperara, pero fuera recurrida por alguna fuerza política ante el propio órgano constitucional.
La única solución que despejaría todas las dudas sería el desbloqueo político de la renovación del CGPJ, de manera que el órgano de gobierno de los jueces pudiera cumplir con su cometido constitucional y nombrar a sus dos candidatos. Para que eso ocurra es necesario un acuerdo entre PSOE y PP, los dos partidos con mayor representación parlamentaria, puesto que el nombramiento de los veinte vocales que conforman el órgano judicial, que deberían haber sido sustituidos en diciembre de 2018, corresponde a partes iguales al Congreso y al Senado y requiere una mayoría de dos quintos en ambas Cámaras.
En todo caso, dicho acuerdo tendrá que esperar, como mínimo, a la celebración de las elecciones andaluzas para que se reactiven las negociaciones entre socialistas y populares. En ese sentido, González Pons ha anunciado este lunes que enviará al Gobierno antes de un mes su propuesta para renovar el CGPJ y otros órganos constitucionales.
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