Desde casi el primer momento en que Alberto Núñez Feijóo fue elegido presidente del Partido Popular (PP), uno de los primeros asuntos pendientes por los que se le pregunta es por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). También fue uno de los asuntos centrales en su primera reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero, ¿por qué es importante que el órgano de gobierno de los jueces se renueve? ¿Y por qué el Ejecutivo destaca que el proceso debería estar culminado antes del 12 de junio? ¿Qué tiene que ver con el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional?
La renovación del CGPJ es una tarea pendiente desde hace tres años y medio y este bloqueo institucional que a priori puede parecer que sólo importa a los políticos tiene en realidad un efecto directo sobre la vida de los ciudadanos, en la medida en que afecta al funcionamiento ordinario de la Administración de Justicia.
Tras el desembarco de Feijóo en Génova, el Ejecutivo apremia al PP a dar por finiquitado el periodo más largo en que el CGPJ ha estado en interinidad. Sin embargo, los equipos negociadores del ala socialista del Gobierno y de los populares aún no se han puesto manos a la obra. Sobre los motivos, las versiones de uno y otro difieren.
Fuentes gubernamentales sostienen que la dirección del PP les ha pedido algo de tiempo, pues acaban de tomar posesión de Génova y aún tienen que definir el equipo que se va a encargar de las negociaciones, que Feijóo y Sánchez acordaron retomar "rápido", en palabras del propio presidente del PP. Fuentes cercanas al líder gallego culpan de la falta de movimiento a Moncloa, pues aseguran que cuando el Gobierno quiera mover ficha, ya sabe cuál es el teléfono del PP nacional, que está abierto y dispuesto.
Sobre quién será el interlocutor popular, las fuentes del PP consultadas sí dicen que aún no está definida la persona que pilotará las negociaciones y apuntan a la nueva secretaria general, Cuca Gamarra, o el vicesecretario de Política Institucional, Esteban González Pons.
Un bloqueo desde diciembre de 2018
La historia de las idas y venidas sobre el CGPJ comienza en diciembre de 2018. cuando los veinte vocales que conforman el órgano -doce procedentes de la judicatura y otros ocho, juristas de reconocido prestigio- deberían haber sido sustituidos, tras agotar su mandato de cinco años, siguiendo los cauces que marca la ley: diez por parte del Congreso y otros tantos por parte del Senado. Dado que se necesitan dos quintos de ambas Cámaras para designar a los vocales, son necesarios los votos de los dos partidos mayoritarios, esto es, PSOE y PP.
Pero el acuerdo entre los dos no ha llegado. Los populares, que hasta hace unas pocas semanas estaban liderados por Pablo Casado, exigen para renovar el CGPJ el compromiso del Gobierno de Sánchez para cambiar el sistema y que los doce vocales procedentes de la judicatura sean elegidos por los propios jueces. PSOE y Unidas Podemos argumentan que el órgano de gobierno de los jueces emana de la soberanía popular y, por lo tanto, ha de ser nombrado por los representantes políticos salidos de las urnas.
La situación, entonces, es que en 2022 permanece en funciones un CGPJ elegido con el mapa parlamentario de 2013, año en que el PP de Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta en Congreso y Senado. La realidad ahora es bien distinta: de las Cortes Generales ha desaparecido el bipartidismo y el PP ya no es el partido más votado, a la luz de los resultados de las últimas elecciones generales de noviembre de 2019.
No han sido pocos los intentos acometidos desde diciembre de 2018 entre los dos grandes partidos para acordar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, pero siempre han sido infructuosos. Unas veces, por la negativa del Gobierno a cambiar el sistema de elección; otras, por el veto del PP a nombres de vocales planteados por el Ejecutivo, como la actual delegada contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, o el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada.
El hecho de que el CGPJ tenga el mandato caducado no es algo baladí y aunque en principio no lo parezca, tiene efectos sobre el funcionamiento normal de la Justicia. Y es que el órgano de gobierno de los jueces es el encargado de nombrar a los altos cargos de la judicatura, como los magistrados del Tribunal Supremo, los presidentes de tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas o de las audiencias provinciales.
Reforma con trampa
Para tratar de presionar a los populares, PSOE y Unidas Podemos impulsaron hace un año una polémica iniciativa para limitar los poderes del CGPJ estando en funciones. Esto se tradujo en que, desde entonces, el órgano de gobierno de los jueces no puede acometer nombramientos discrecionales, lo que ha llevado a una situación de colapso en ciertos estamentos judiciales: por ejemplo, las jubilaciones que han ido llegando en este tiempo al Supremo han hecho que a la Sala de lo Social, la encargada de resolver contenciosos laborales, le falten algunos magistrados y ya acumule más de 7.000 asuntos pendientes.
La imposibilidad de acuerdo en estos tres años y medio entre Sánchez y Casado para renovar el CGPJ ha sido la tónica general, pero la salida del expresidente del PP y la llegada del nuevo líder de los populares ha hecho que se reactive la insistencia del Gobierno para renovar este órgano más que caducado. De hecho, fue uno de los asuntos que trataron el presidente del Gobierno y Feijóo en su primera reunión en Moncloa.
El Ejecutivo tiene cierta prisa por desbloquear el CGPJ de una vez y ha puesto como fecha límite el próximo 12 de junio. No es casualidad que apremie para llegar a ese día con los nuevos vocales ya en posesión de su asiento en el órgano de gobierno de los jueces, ya que en junio es cuando toca una nueva renovación de otro importante organismo: el Tribunal Constitucional (TC).
Y el Gobierno tiene prisa porque en junio agotan su mandato cuatro de los doce magistrados del TC y correspondería al Ejecutivo nombrar a dos y al CGPJ, otros dos. Pero si el CGPJ no puede hacer nombramientos discrecionales por la reforma legislativa que impulsó el propio PSOE-y que ahora se le ha vuelto en contra-, el Gobierno no podría hacer los suyos, ya que lo que la ley prevé es que la renovación de esos cuatro puestos se debe hacer a la vez. Es decir, el Ejecutivo no podría, a priori, hacer su designación al margen del CGPJ.
Esta renovación del TC en junio es importante para el Gobierno, toda vez que podría inclinarse la balanza de las mayorías en este tribunal, que ahora está dominado por magistrados considerados conservadores. Se da por hecho que el Ejecutivo propondría dos nombres progresistas, mientras que la elección que suele hacer el CGPJ en estas ocasiones suele ser de un magistrado conservador y otro progresista.
Con estos movimientos, el Gobierno podría asegurarse una mayoría progresista en el Constitucional que fuera más indulgente con las leyes y decretos que la oposición, sobre todo Vox, está impugnando, después de unos años de varapalos en sentencias como las de los dos estados de alarma -que el TC consideró en parte inconstitucionales-. En cartera de los magistrados de este tribunal están normas como la ley de eutanasia, el ingreso mínimo vital o la ley de educación. De hecho, Vox ha presentado más de treinta recursos.
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