Medir la magnitud de la trata de mujeres con fines de explotación sexual no es tarea fácil. Y no se puede entender la explotación sexual sin hablar de prostitución. La clandestinidad que envuelve a gran parte de esta lacra impide que haya datos que permitan conocer su alcance. En España, las entidades especializadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad son las únicas encargadas de hacer el trabajo de detección de las víctimas. Hasta el propio Gobierno reconoce los escollos a la hora de identificar estas actividades y ya ha manifestado en varias ocasiones su intención de redoblar los esfuerzos para erradicarlas. 

Por ahora, el único camino asentado para hacerlo es una iniciativa socialista que endurece la persecución del proxenetismo y prevé sanciones a clientes. Pero queda en el tintero una prometida ley contra la trata que todavía no ha visto la luz y a través de la cual se aspira a eliminar las lagunas jurídicas que persisten en el marco normativo.

El Congreso tramitará la ley del PSOE contra la prostitución, pero los grupos anclan su apoyo a los cambios que exigirán en la negociación

Las posturas sobre cómo atajar esta problemática son muy variadas, como reflejo del eterno debate feminista que ha dividido históricamente al movimiento. Regular la prostitución para reducir la explotación es una de ellas. Es la vía que defienden partidos como Ciudadanos y colectivos como la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), sindicato que denuncia que la aplicación de una futura ley abolicionista dejaría en la calle a 400.000 mujeres. Arrancar de cuajo todo lo relacionado con la explotación sexual y, por ende, la prostitución, es otra. 

Pero la propuesta socialista no es la única iniciativa impulsada para atajar el problema. Antes del texto socialista, en marzo de 2021, el Ministerio de Igualdad anunció que había empezado a trabajar en una ley integral contra la trata. Su borrador fue remitido este enero al Ministerio de Justicia, desde donde finalmente se desarrollará todo el articulado. Pero todavía no ha salido un texto de los despachos del departamento dirigido por Pilar Llop; algo que ha sido fruto de reproche por parte de los distintos grupos parlamentarios y entidades especializadas, que destacan la urgencia de la norma.

Hacia la vía francesa

Lo que sí que está claro es que la mirada está puesta ahora en el modelo francés, aprobado en 2016 y basado en tres pilares: que no se penalice a las mujeres que ejercen la prostitución y se reconozca su estatus de víctimas; la persecución de los proxenetas y penalización de los clientes; y la sensibilización y concienciación de la sociedad.

Para lo primero, ya se han dado algunos pasos. El Gobierno y las comunidades autónomas acordaron recientemente un modelo de acreditación para que las víctimas de trata puedan optar a ayudas sin tener que denunciar, lo que allana el terreno a quienes se encuentran en una situación administrativa irregular. Menos consolidado, pero igualmente en el punto de mira, está la intención de impulsar medidas de inserción sociolaboral dentro de la futura norma contra la trata para ofrecerles una puerta de salida efectiva de la prostitución.

Para lo último, se ha ido avanzando también en las recientes iniciativas aprobadas. En la ley de libertad sexual -conocida como del 'solo sí es sí'- se añadió a última hora un artículo que tachaba de "ilícito" cualquier anuncio publicitario que suponga una "promoción de la prostitución". Contempla, asimismo, campañas para desincentivar la demanda. Además, se impulsarán también otras dirigidas de forma específica a hombres y adolescentes para "promocionar la toma de responsabilidad en los grupos de iguales" y erigirse en "agentes de cambio".

En cuanto a la persecución del proxenetismo, el PSOE propone endurecer las penas, de 3 a 6 años, eliminando la condición de explotación que consta actualmente en el Código Penal. Se recupera también la tercería locativa para sancionar a los dueños de clubes, locales y pisos donde las mujeres ejercen esta práctica. Y, como novedad, recoge el "reproche penal" a los clientes que recurren a la prostitución. 

Lo más probable es que el articulado presentado el martes sea sometido a cambios durante el proceso de tramitación ya iniciado. Y es que los grupos parlamentarios que optaron por facilitar que el texto saliera adelante ya avanzaron en el debate de toma en consideración que la ley queda 'coja' sin medidas que protejan a las mujeres en contextos de prostitución y, muy concretamente, sin una modificación de la ley de extranjería. El Ministerio de Igualdad ha manifestado en varias ocasiones su intención de hacerlo para que las víctimas en situación administrativa irregular -según Médicos del Mundo, el 80% son extranjeras- puedan salir de la prostitución y acceder a ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), abrir una cuenta bancaria u optar a un alojamiento alternativo.

Cuando tengamos una ley de trata efectiva estaremos siendo realmente abolicionistas. Ahora las leyes son dispersas y no van al grano, no concretan respecto al delito

El papel de la sociedad civil

Igualdad también ha incidido en la protección social, habitacional y económica de estas mujeres a través de la recién aprobada ley de libertad sexual. De hecho, la proposición del PSOE remite a ella en lo que al reconocimiento de los derechos de asistencia integral se refiere. En la actualidad, esa atención es una labor que llevan a cabo fundamentalmente ONG. Organizaciones necesarias por el mayor nivel de cercanía y confianza que generan entre las víctimas y que tradicionalmente vienen reclamando que la intervención del Estado en aras de erradicar la prostitución las ayudaría en sus labores de rescate.

"No creamos que con lo que aprobó el martes el Congreso ya tenemos un marco jurídico. Ahora nos queda por delante meses de trabajo y esfuerzo para que el texto definitivo abarque muchas otras cosas, como todas las alternativas que hay poner sobre la mesa para estas mujeres. Pero es un punto de partida. Todo lo que sea poner vetos a la explotación de mujeres y niñas nos parece un avance", apunta Rocío Mora. La directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp) celebra que la iniciativa socialista busque dos premisas que consideran fundamentales: "La penalización de todas las formas de proxenetismo, no solo el locativo, y el abordaje de la demanda, porque los puteros son cooperadores necesarios de la existencia de mujeres explotadas, prostituidas y víctimas de trata".

En pleno siglo XXI hay que acabar con el argumento de que es liberal acceder a cualquier ser humano, destrozarle la vida y justificarlo por una cuestión de precio

Mora lamenta, sin embargo, que en el marco del debate generado se confundan "términos básicos" incluso desde la propia tribuna de la Cámara Baja: "Se dice que abolir es prohibir, que se va a criminalizar a las mujeres…". Mientras esta postura aboga por penalizar exclusivamente la conducta de quienes se benefician de la prostitución ajena, la prohibicionista sanciona a todas las partes que intervienen en esta actividad, incluidas las víctimas. "Se habla de libertad sexual y aquí hablamos de otra cosa. En pleno siglo XXI debemos acabar con el argumento de que es liberal acceder a cualquier ser humano, destrozarle la vida y justificarlo por una cuestión de precio. La prostitución y la trata son actos ilegítimos que atentan contra la dignidad", añade.

Apramp lleva más de 30 años de combate contra la prostitución y la explotación sexual, más de tres décadas de trabajo "con las mujeres y no para las mujeres", escuchando cuáles son sus necesidades. Esa dilatada experiencia permite a esta asociación afirmar que las mujeres no están en la prostitución por voluntad propia. Una manifestación que comparte Begoña Arana. "En los 18 años que llevo trabajando en este mundo no me he encontrado con ningún testimonio que haya sostenido que se prostituía porque quería. La prostitución es una industria multimillonaria que se alimenta de la trata, que tiene un componente indiscutible de género y las mujeres ni se compran ni se venden", afirma la directora de Nuevo Hogar Betania.

Supervivientes de explotación sexual ayudan a otras víctimas a tejer una nueva vida en libertad

"La abolición debe ser la pieza clave y en el momento que tengamos una ley integral de trata efectiva estaremos siendo realmente abolicionistas. Ahora las leyes son dispersas y no van al grano, no concretan respecto al delito", continúa Arana. Esta trabajadora social defiende que más allá de medidas legislativas es necesario un compromiso de rechazo social sobre los puteros ya que sino "se van a seguir aprovechando de la vulnerabilidad de estas mujeres".

Para luchar contra la permisividad social es por lo que Apramp tiene su centro de costura a pie de calle, un taller constituido para ofrecer una alternativa a las supervivientes a las que ayudan a salir de la prostitución. "Tenemos que acercar esa realidad a la sociedad, a la que le queda mucho para ser igualitaria en derechos. Y la realidad es que se están menoscabando derechos fundamentales. No podemos ponerles sellos de calidad a las mujeres y que se entienda que pagando se puede hacer con sus cuerpos lo que se quiera", remacha la directora de Apramp. Mora señala que es el momento de "seguir avanzando todos juntos", a lo que Arana apostilla la importancia de que las entidades del tercer sector que trabajan en este ámbito "estén presentes en la toma de decisiones".