El Ministerio de Igualdad ha cerrado este viernes con las comunidades autónomas dos acuerdos para dotar de más derechos a las víctimas de violencias sexuales, de trata o de explotación sexual. Uno ha ido dirigido a dar luz verde al reparto de fondos para la creación de centros de crisis 24 horas y el otro a concretar un modelo de acreditación para las víctimas de trata y explotación sexual. 

Ambos acuerdos han sido ratificados "por unanimidad", según ha detallado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, quien ha celebrado tras la Conferencia Sectorial que, "a pesar del ruido reaccionario" se logre sacar adelante "políticas públicas para seguir protegiendo a las mujeres".

Uno de los objetivos concretados junto a las consejerías ha sido el de definir el modelo de acreditación para víctimas de trata y explotación sexual, similar al título habilitante que ya se utiliza para las de violencia de género. Esta medida nace del decreto que aprobó el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania que, según ha destacado Rodríguez, supuso el "paraguas normativo" en torno al cual han diseñado este nuevo modelo con parámetros e indicadores concretos.

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Con él, las víctimas de estas violencias podrán ser identificadas y acreditadas "a efectos sociales", sin que tengan que colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o participar en un proceso judicial. Es decir, que cualquier mujer víctima de trata o explotación sexual podrá optar a las ayudas económicas, habitacionales o de reparación física y psicológica sin necesidad de que hayan presentado una denuncia o incluso si se encuentra en una situación administrativa irregular. 

Ampliar los derechos para las víctimas de trata

"Quiero dirigirme en primera persona a las mujeres que en este momento están siendo víctimas de trata con fines de explotación sexual y a las mujeres que están en contexto de prostitución. Creo que este país ha tardado demasiado tiempo en reconoceros derechos. Y, junto con la aprobación de la ley de libertad sexual, con este modelo de acreditación estamos ampliando un catálogo de derechos que, desde hoy, empieza a funcionar para vosotras", ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión con las comunidades autónomas.  

Con esta acreditación, según ha explicado la secretaria de Estado, las víctimas podrán tener reconocidos una serie de derechos, como el acceso al Ingreso Minimo Vital (IMV), "indispensable" para que alcancen autonomía económica y puedan salir de la situación de violencia. Podrán optar asimismo a derechos vinculados a la vivienda o a la asistencia médica de urgencia. 

"Vamos a proteger la situación de precariedad y de vulnerabilidad en la que estáis, y este es el primer paso que tenemos que hacer para salir de esta situación de violencia y, sobre todo, para erradicar estas formas de violencia contra las mujeres", subrayó Rodríguez, recordando que en la ley del 'solo sí es sí' aprobada este jueves en la Cámara Baja, la violencia sexual pasa a ser considerada como otra forma más de violencia machista. 

Centros de crisis 24 horas: "un lugar seguro"

Esta es una medida que ya anunció el departamento de Irene Montero este martes. El Consejo de Ministros aprobó una partida de 46,2 millones de euros, que vienen a sumarse a los 19,8 destinados en 2021 para la creación de centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual. Pero el reparto debía recibir el visto bueno de las autonomías, y así se ha hecho este viernes. Con ello, se aspira a que en 2023 no haya ninguna provincia que no cuente con estos centros de asistencia integral destinados a ofrecer acompañamiento e información (telefónica, telemática y presencial) durante todas las horas del día y los 365 días del año. 

Esta es, en palabras de Rodríguez, "la mejor de las noticias", puesto que dota con un presupuesto concreto a una de las medidas que se contemplan en la ley del 'solo sí es sí': el dotar de carácter esencial a los centros de crisis 24 horas, para que las mujeres tengan "un lugar seguro al que acudir cuando son violadas".

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No generar  "alarma" con las agresiones sexuales

Preguntada por los últimos casos de agresiones sexuales grupales, la secretaria de Estado de Igualdad ha hecho un llamamiento a la calma ante la falta de cifras que denoten un aumento. "Los informes de criminalidad del Ministerio de Interior no hablan de un aumento, no tenemos datos que ahora mismo avalen que esto sea así", ha aseverado, pidiendo no generar "una sensación de alarma" con este asunto. 

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No obstante, sí que ha aprovechado para condenar las agresiones sexuales y poner de relieve la educación sexual como una herramienta "fundamental y obligatoria" para atajar estas conductas de forma efectiva. "El mensaje más importante que podemos lanzar es: 'Vamos a aprender a tratarnos mejor'", ha apostillado.