PSOE y de Unidas Podemos, socios en el Gobierno de coalición, podrían votarse mutuamente en contra este martes sendas proposiciones de ley que se debatirán en el Congreso de los Diputados: la del grupo confederal que aboga por crear un impuesto a las grandes fortunas, y la del PSOE para prohibir toda forma de prostitución, incluida la voluntaria.
Si la última semana de mayo la sesión plenaria se cerró con Unidas Podemos absteniéndose en la votación de la Ley de Comunicación Audiovisual, la primera vez que los dos partidos del Gobierno votan distinto en un proyecto de ley, el primer Pleno de junio arrancará el martes con el debate sucesivo de estas dos proposiciones de ley.
Aunque este tipo de iniciativas son de los grupos parlamentarios y no emanan del Ejecutivo en sí, como ocurre con los proyectos de ley, la coincidencia en el tiempo de la propuesta fiscal de UP y el intento del PSOE de prohibir cualquier prostitución permitirá visualizar otra vez las desavenencias entre ambas formaciones. Eso sí, tendrán la suerte de que en esos momentos la atención mediática probablemente esté centrada en el primer cara a cara en una sesión de control en el Senado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo.
No hay ninguna duda de que el PSOE se opondrá a la proposición de ley con la que el pasado 4 de abril Unidas Podemos registró, reformulada, su conocida idea de impuesto a las grandes fortunas, limitándola en este caso a los de más de 10 millones de euros y no a los de más de un millón, y presentándola como complemento y no sustitución del Impuesto de Patrimonio, que es lo que venía haciendo en sus versiones anteriores.
En concreto, apelando a una recomendación del comité de expertos que formó el Ministerio de Hacienda y a su denuncia de que las fortunas de más de 30 millones pagan un tipo efectivo inferior a las de entre uno y cinco millones, Unidas Podemos establece en su propuesta que hasta el millón de euros de patrimonio se reduciría la base imponible. De hecho, la gran fortuna se conceptualiza ahora a partir de los 10.
A partir de ahí, se crearían ocho tramos fiscales con unos tipos marginales que irían desde el 3,6% (para entre 10 y 30 millones) hasta el 5% (para más de 150 millones). Los tramos se van incrementando de dos en dos décimas y se aplican a intervalos de patrimonio que van subiendo de 20 en 20 millones. El primer millón queda exento.
Versión anterior
La última vez que Unidas Podemos llevó al Congreso un impuesto a las grandes fortunas fue dentro de una proposición no de ley que fue rechazada el 17 de febrero, gracias en buena parte a que el PSOE votó en su contra junto al PP y Vox. Aquella proposición no de ley pedía al Gobierno subidas de los tipos marginales del IRPF y un recargo del 10% en el de Sociedades a las grandes empresas, con cuatro tramos de impuesto a las grandes fortunas: un 2% para los patrimonios de más de un millón de euros, un 2,5% a partir de 10 millones, un 3% a partir de 50 y un 3,5% a partir de 100. Como incluyen ahora en la proposición de ley, en aquella iniciativa proponían dejar exento el primer millón de euros.
Esa propuesta se planteaba como sustitución del Impuesto de Patrimonio. El carácter complementario de la nueva fórmula explica el que, aunque se aumentan los tipos para todos los tramos superiores a 10 millones de euros (entre 0,1 y 1,5 puntos porcentuales), también se tiene en cuenta si el declarante está contribuyendo a través del Impuesto sobre el Patrimonio, en cuyo caso el aumento sería inferior (entre 0 y 0,7 puntos).
Ahora, Unidas Podemos se decanta por una iniciativa legislativa, una proposición de ley, frente a la instancia al Gobierno que suponía la proposición no de ley. Eso sí, como la versión anterior del impuesto a las grandes fortunas, ésta lo plantea como de recaudación estatal y no bonificable por las comunidades autónomas, para así impedir lo que el grupo confederal suele catalogar como "dumping' fiscal", acusando particularmente a Madrid.
En cualquier caso, el portavoz socialista, Héctor Gómez, tardó horas en confirmar que el PSOE volvería a votar en contra. En rueda de prensa, tras la Junta de Portavoces del 5 de abril, reivindicó que el Ministerio de Hacienda "viene trabajando intensamente y de manera muy minuciosa" con el grupo de expertos "para establecer un nuevo marco fiscal", y se reafirmó en que "ésa es la línea que va a seguir este Gobierno", que no atenderá, según las catalogó, "oportunidades que puedan desvirtuar el carácter estructural de las medidas" de Hacienda, como la iniciativa del grupo confederal. Por tanto, no hay duda de que el Grupo Socialista tumbará la iniciativa de su socio.
Abolición de la prostitución
Más incertidumbre hay sobre qué hará Unidas Podemos ante la proposición de ley del PSOE para prohibir la prostitución, en la que los socialistas han vertido el contenido de la enmienda a la Ley de Libertad Sexual que retiraron a última hora para no hacer descarrilar la norma. De carácter orgánico porque modifica el Código Penal, y por tanto con necesidad de mayoría absoluta para salir adelante, se titula "para prohibir el proxenetismo en todas sus formas", e incluye en esas "todas sus formas" la llamada tercería locativa: la posesión de inmuebles donde se practique la prostitución, aunque ésta sea voluntaria.
Así, de ser aprobada, llevaría a prisión entre dos y cuatro años a todo aquél que, "con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento". Esta formulación implica que las prostitutas que quieran ejercer voluntariamente en un piso que no sea de su propiedad estarían convirtiendo a su propietario en un delincuente.
Fuentes de la dirección del grupo de Unidas Podemos aseguraron que todavía no han abordado el tema y que decidirán su posición en la próxima reunión de la misma. "Habrá que leerlo, discutirlo… y eventualmente ver qué estrategia seguimos. Lógicamente, intentaremos cooperar con el PSOE". Sin embargo, no será tan fácil. En una proposición no de ley muy similar y también del PSOE que se votó en febrero de 2019, antes de la disolución de las cámaras, Podemos se abstuvo e Izquierda Unida votó a favor.
Desde IU deslizaron a esta agencia que la suya es una "formación que viene defendido la abolición de la prostitución desde hace bastantes años", y por tanto valora "de forma satisfactoria todo aquello que sume a la agenda abolicionista que lleva desplegando el Gobierno de coalición desde el primer momento". Por el contrario, En Comú Podem, como el resto de partidos catalanes sensibles a las asociaciones de trabajadoras sexuales de esa comunidad, rechaza castigar a los propietarios de los inmuebles que ellas necesitan alquilar para desempeñar su profesión. Desde los Comunes no quisieron aclarar si pedirán libertad de voto dentro del grupo parlamentario para poder diferir de sus compañeros.
Resto de grupos
Fuentes de Junts per Catalunya ya confirmaron que su rechazo a la enmienda del PSOE a la Ley de Libertad Sexual se mantendrá ahora que se ha convertido en proposición de ley. "Si no se alcanza un acuerdo para una transaccional votaremos que no", avanzaron tales fuentes. Desde Ciudadanos también adelantaron su voto negativo, convencidos, como siempre, de la diferencia entre prostitución forzada o coaccionada y prostitución libre.
Igualmente, desde la CUP indicaron que "si no cambia nada, votaríamos en contra". "Nuestra postura no es abolicionista con práctica prohibicionista, es regulacionista de derechos para las trabajadoras sexuales", precisaron, distinguiendo entre el proxenetismo y la prostitución voluntaria. "La trata es economía criminal y este tipo de economía se tiene que perseguir. Con la gente que no trabaja en términos de explotación por razón sexual, apostamos por los derechos".
JxCat y la CUP ya registraron en octubre junto a ERC, que no aclaró su posición ante la pregunta de esta agencia, una enmienda conjunta a la Ley de Libertad Sexual en la que precisaban que "hay explotación cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación", y sólo en ese caso, el de favorecer "la explotación de la prostitución" y no sólo la prostitución a secas, condenaban al propietario del local.
Menos rotundos se expresaron en el PNV y el PDeCat. Fuentes del partido vasco se excusaron con que todavía no han analizado la proposición socialista. Por su parte, desde el partido catalán emplazaron: "Fijaremos posición cuando llegue el momento y cuando hayamos estudiado la literalidad del texto". Pero, en la línea con las formaciones vecinas y la opinión pública en Cataluña, atestiguaron: "Internamente tenemos debate desde hace tiempo sobre este asunto, por lo que esperaremos hasta el final para tener tiempo de estudiarlo bien".
Desde EH Bildu, igualmente, apuntaron que no tienen "una posición fijada", pero puntualizaron que ellos no estaban en contra de la enmienda que retiró el PSOE de la Comisión de Igualdad. "Lo que nos parecía mal era que se incluyera en la Ley del 'solo si es sí'. La analizaremos cuando la traigan a debate".
Justo lo contrario que el PP, cuya diputada Marta González lamentó que el PSOE retirara de la Comisión su enmienda, "que teníamos intención de apoyar", aunque el Grupo Popular estuviera en contra de la Ley de Libertad Sexual por la desaparición de la diferencia entre abuso y agresión sexual y la inversión de la carga de la prueba en las denuncias de este tipo. Si el PSOE pudiera contar con la "cooperación" de su socio de gobierno pero no con el voto afirmativo del resto de sus aliados parlamentarios habituales, necesitaría recabar el apoyo explícito del PP o de Vox, que no quiso adelantar sus intenciones, para que prosperara su proposición de ley. Las abstenciones pesan en contra en una iniciativa que exige mayoría absoluta para ser aprobada.
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