Aprobar la ley trans, impulsar una norma contra la trata de seres humanos, reformar la ley del aborto o actualizar la ley contra la violencia de género. Son algunas de las iniciativas marcadas en el calendario del Ministerio de Igualdad para impulsar este año. "El mayor balance será que España al acabar esta legislatura haya dado un paso gigante en derechos feministas que conlleven más libertades, más igualdad, menos violencias y una apuesta definitiva por la conciliación de la vida personal y laboral", declaró en octubre la ministra de Igualdad, Irene Montero. Esas son, precisamente, las líneas generales en torno a las cuales girarán los próximos proyectos que se ha comprometido a impulsar Igualdad.
Habiendo superado ya el ecuador de la actual legislatura, el departamento de Montero cuenta en su haber con una serie de logros que -algunos más que otros- han costado sacar adelante. Quizás uno de los mayores hitos, o por lo menos uno de los más celebrados por Igualdad por el gran consenso alcanzado, es la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ratificado el pasado 25 de noviembre por todos los grupos parlamentarios excepto Vox. Se marcó ahí un antes y un después en cuanto a los feminicidios, pues España se convirtió primer país en contabilizar todas las formas de violencia machista y no solo las cometidas por parejas o exparejas. Así, desde enero, el Gobierno registra también las mujeres víctimas de violencia vicaria, sexual, social o familiar en una encuesta cuyos primeros resultados dará a conocer a mediados de este año.
También en el ámbito de la violencia de género se aprobaron medidas para atajar, por ejemplo, el Síndrome de Alienación Parental (SAP), contemplado en un punto de la ley de protección a la infancia en el que se suspenden las visitas a los padres maltratadores bajo la premisa de que "un maltratador no puede ser un buen padre". La emisión de un "título habilitante" que acredite a las víctimas de violencia de género para acceder a derechos como la protección o ayudas es otro de los avances que nacieron de la renovación del Pacto de Estado.
Otro de los compromisos destacados por el propio Ministerio es la aprobación del Plan Corresponsables (dotado con casi 200 millones de euros) en colaboración con las comunidades autónomas. Es, básicamente, una estrategia para propiciar la conciliación de las familias poniendo en marcha medidas como la creación de bolsas de cuidado con hijos menores de 16 años, el fomento del empleo y la certificación de la experiencia profesional de cuidado no formal.
La ley del 'solo sí es sí', en su etapa final
La ley de libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', fue aprobada en julio pasado por el Ejecutivo y previsiblemente será la próxima en ser debatida en el Pleno del Congreso de los Diputados. La norma, basada en el consentimiento expreso y en la eliminación de la distinción entre abuso y violación, ha recibido más de 400 enmiendas, de las cuales una quincena van dirigidas fundamentalmente a la tercería locativa. Este es, de hecho, un asunto que genera disparidad de opiniones entre los propios socios parlamentarios del Gobierno, que no están del todo de acuerdo en castigar a quien destine cualquier espacio a favorecer la prostitución de otra persona o consideran que se trata de un tema muy complejo que exige un debate más amplio, fuera de esta ley.
La ley trans, a espera del informe del CGPJ
Más lenta está resultando la tramitación de la ley trans. La norma, que pasó por el Consejo de Ministros en una primera vuelta el pasado verano, está a la espera de recibir todos los informes perceptivos de los órganos consultivos. Se logró consensuar un primer texto, pero el proceso fue complicado, polémico y no exento de desavenencias entre el Ministerio de Igualdad y la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, que no dudó en expresar su desacuerdo con algunos puntos del proyecto normativo, basado en la autodeterminación de género a partir de los 14 años de edad.
Consciente de lo que "ha costado" sacar adelante esta norma, Irene Montero ya ha expresado en más de una ocasión su descontento ante el retraso del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pues hasta que no se emita, no puede aterrizar de nuevo en el Consejo de Ministros para iniciar la tramitación parlamentaria. Con todo, la ministra de Igualdad asegura que llegará a segunda vuelta en el Consejo de Ministros antes de que finalice este periodo de sesiones en la Cámara Baja; esto es, antes de verano.
La reforma de la ley del aborto, de camino hacia un primer borrador
Sobre la nueva ley del aborto, se abrió una consulta pública en verano y en estos últimos meses Igualdad ha ido avanzando algunas claves que pretende introducir. A grandes rasgos, la norma aspira a garantizar el derecho al aborto en los hospitales públicos mediante un registro de objetores de conciencia siguiendo un mecanismo parecido al adoptado con la ley de eutanasia.
Buscan también derogar la reforma del PP de 2015 y volver a permitir a las menores de 16 y 17 años que interrumpan voluntariamente el embarazo sin consentimiento paterno. Asimismo, plantean eliminar los tres días de reflexión y abordan asuntos como la educación sexual, la violencia obstétrica y la salud menstrual. Respecto a esto último, desde Igualdad han planteado medidas concretas, como el reparto gratuito de productos de salud menstrual (compresas, tampones, etc.) en los centros educativos, o incluso que se pueda solicitar una baja laboral por dolor menstrual. Según fuentes del Ministerio de Igualdad, el primer borrador se hará público en breve después de haberlo consensuado con el PSOE y el Ministerio de Sanidad.
La ley contra la trata, un paso en la lucha contra el proxenetismo
El objetivo era registrarla en enero, según anunciaron ambos partidos, pero parece que la negociación entre PSOE y Unidas Podemos para impulsar una ley contra la trata se está alargando más de lo previsto. Actualmente, ambos grupos están en proceso de negociación en el seno de Gobierno, y el objetivo es llevar la norma al Consejo de Ministros "cuanto antes", según afirmó Irene Montero en una entrevista con este periódico.
El objetivo, está claro: luchar contra la trata de seres humanos y, más en concreto, contra el proxenetismo. El cómo hacerlo es algo que amplía más el debate. Según han avanzado desde Igualdad en más de una ocasión, la base de todo el texto debe proteger a las víctimas, y para eso trabajan ya en un plan de inserción sociolaboral que les garantice una puerta de salida de la trata o de los contextos de prostitución. Hay otras medidas más indirectas, como impulsar campañas que desincentiven la prostitución o crear una oficina nacional de atención y asistencia a víctimas de trata.
Siendo conscientes de que una amplísima mayoría de las víctimas de trata con fines de explotación sexual o las mujeres en contexto de prostitución están en situación administrativa irregular, el Ministerio de Igualdad ya ha incidido en varias ocasiones en la urgencia de modificar la Ley de Extranjería para dar cabida y, por tanto, protección, también a las mujeres en situación irregular.
Ley Zerolo contra cualquier tipo de discriminación
Otro de los compromisos del Ejecutivo es impulsar una ley antirracista. Acuñada como ley de igualdad o ley Zerolo, el texto que registró el PSOE en enero de 2021 trata de hacer frente a cualquier tipo de discriminación. Es, de hecho, un objetivo que acumula ya más de diez años a sus espaldas, pues el que fue concejal del Ayuntamiento de Madrid durante la segunda legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya planteó en 2008 la necesidad de crear un marco normativo "para que nadie pueda sentirse excluido ni discriminado". Era Pedro Zerolo, fallecido en 2015, y la norma ha sido bautizada con su nombre en honor a su legado
Pese a que en un principio el hecho de que los socialistas presentasen el texto de forma unilateral generó algo de controversia por parte de sus socios de Unidas Podemos, la norma está siendo ahora elaborada desde el Ministerio de Igualdad con el objetivo esté definitivamente aprobada en los próximos meses.
Entre otras cosas, la norma presenta un mínimo común para otorgar una protección real frente a todo tipo de discriminación, tanto por razones de nacimiento, origen étnico, discapacidad, edad, enfermedad, orientación o identidad sexual, opinión, lengua o cualquier otra condición social o personal. De este modo, la ley plantea una respuesta sancionadora (no penal) para situaciones de discriminación que se den en el ámbito laboral, educativo, sanitario, en la vivienda, en la justicia o en la administración.
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