El pasado 21 de enero, el PSOE registraba de forma unilateral la proposición de la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, bautizada como Ley Zerolo, provocando un desencuentro con sus socios de Gobierno, Unidas Podemos. Según estaba pactado, ambos grupos parlamentarios iban a registrar de forma conjunta esta proposición de ley, pero para Unidas podemos fue una "sorpresa".

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Este martes, la conocida como ley Zerolo llegaba al Congreso de los Diputados para su debate y tramitación, tras ser promovida hace más de 12 años por diputado, responsable de la Secretaría de Movimientos Sociales del PSOE y activista LGTBI ya fallecido, Pedro Zerolo. La ley constituye así una reivindicación histórica tras registrarse en dos ocasiones, una en 2011 y otra en 2019, sin que se haya llegado a aprobar.

¿Por qué nace esta normativa?

Esta ley tiene un doble objetivo: "prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger a las víctimas, intentando combinar el enfoque preventivo con el enfoque reparador, el cual tiene también un sentido formativo y de prevención general", destaca el anteproyecto presentado por el grupo socialista. 

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Así, el propósito es convertirse en "el mínimo común denominador normativo que contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español". 

Por ello, la normativa recoge las garantías necesarias para otorgar una protección real frente a todo tipo de discriminación, tanto por razones de nacimiento, origen étnico, discapacidad, edad, enfermedad, orientación o identidad sexual, opinión, lengua o cualquier otra condición social o personal. 

Esta normativa contempla además el desarrollo de una Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y no Discriminación y la creación de una Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que será independiente y que se encargará de proteger y promover los principios contemplados en la ley.

La Ley Zerolo busca aplicarse en todos los ámbitos: política, economía, cultura y sociedad. Pero, especialmente, en las siguientes esferas:

¿Cuáles son las sanciones que contempla la ley?

En este sentido, establece una serie de medidas preventivas, así como herramientas, para la protección frente a cualquier tipo de discriminación y su incumplimiento puede dar lugar a "responsabilidades administrativas, así como, en su caso, penales, y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse".

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De esta manera, el anteproyecto contempla una serie de infracciones en materia de igualdad de trato y no discriminación que podrían calificarse como leves, graves o muy graves. "Tendrán la consideración de infracciones leves las conductas que incurran en irregularidades meramente formales por la inobservancia" de lo dispuesto en la ley y las multas podrían oscilar entre los 150 y los 10.000 euros.

Respecto a las graves, cuyas multas podrían ser de 10.000 a 60.000 euros, tendrían dicha consideración los actos que constituyan una discriminación directa o indirecta, conductas de acoso discriminatorio, el incumplimiento de un requerimiento administrativo o la acumulación de tres infracciones leves en un año.

Por último, las infracciones consideradas como muy graves podrían traducirse en multas de hasta 500.000 euros cuando impliquen vulneraciones graves de los derechos fundamentales de las personas, entre otras circunstancias.