El borrador de la ley trans no se presentará finalmente en el Consejo de Ministros de este martes, según ha podido saber este diario, con lo que el Ministerio de Igualdad no va a poder cumplir su propósito de iniciar la tramitación de la norma en la primera quincena de febrero. El desacuerdo de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, con una cuestión tan de fondo como la autodeterminación de género ha tumbado las expectativas de la ministra Irene Montero y su equipo. Esto implica que tampoco estará sobre la mesa el borrador de la ley LGTBI, porque ambos caminan en paralelo.
La semana pasada, después de que se conocieran los detalles del texto, Moncloa se apresuró a remarcar que respondía a los postulados que defiende Unidas Podemos, no el conjunto del Gobierno, y que debía seguir la "tramitación habitual" en la que participen distintas carteras, principalmente Justicia y Sanidad. Dos días después, Calvo señalaba en una entrevista con Ser Cataluña que le preocupaba "fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles".
La número dos del Ejecutivo rechazó que la propuesta de Igualdad estuviese jurídicamente poco o mal fundamentada pero puso el foco en la necesidad de regular estas cuestiones "con seguridad jurídica suficiente como para que los nuevos derechos no supongan una merma para los preexistentes". Sin referirse en concreto al documento en cuestión, afirmó además que "muchas veces" dice "esto jurídicamente no puede ser" e insta a los equipos de los ministerios a revisar iniciativas bajo la advertencia de que si no no pasarán al Consejo de Ministros.
"El derecho a la autodeterminación no se negocia"
Pese a las discrepancias, fuentes de Igualdad seguían confiando en que el borrador podría incluirse en el orden del día de la próxima reunión del Gabinete. "Hay muchas negociaciones más complejas que se han resuelto en horas. Hay que seguir trabajando matices y cuestiones que pueden ser mejorables pero podemos llegar", auguraban.
La propia Montero, en declaraciones a Nació Digital, se mostraba dispuesta a "mejorar las leyes, a introducir cambios como consecuencia de las aportaciones de otros ministerios y en el trámite parlamentario, de las formaciones políticas". Pero advertía: "La identidad de género o la orientación sexual son derechos fundamentales, no son caprichos. Yo estoy siempre abierta a negociar el texto pero los derechos de las personas LGTBI, y la autodeterminación es uno de ellos, no se negocian".
La última semana de enero, Calvo y Montero mantuvieron una "primera reunión de trabajo" para tratar ambas leyes y coincidieron en que era "necesario cumplir con el acuerdo de Gobierno y garantizar lo antes posible los derechos LGTBI y de las personas trans en base a los textos ultimados por Igualdad". Tras un argumentario del PSOE difundido en verano en el que se apuntaba que la autodeterminación "desdibuja a las mujeres y pone en riesgo los logros del movimiento feminista", parecía entonces que el acuerdo era posible. Ahora esa posibilidad vuelve a alejarse.
Podemos habla de "incoherencia"
Este lunes, desde la parte socialista de la coalición ha sido el titular de Transportes, José Luis Ábalos, el encargado de hablar del tema. El también secretario de Organización del PSOE ha confiado en un acuerdo entre los dos socios pero ha insistido en que los avances se produzcan sin que afecten a otros colectivos y ha reiterado la necesidad de ser muy rigurosos con la constitucionalidad de las normas. Sobre ese punto ha precisado que hay que tener en cuenta que el PP siempre recurre las leyes que supongan progresos en los derechos de las personas.
Desde Podemos, su portavoz, Isa Serra, ha expresado igualmente su convencimiento de que la ley va a salir adelante "porque forma parte del acuerdo de Gobierno y porque todos los partidos, como el PP, Ciudadanos o el PSOE, ya dieron su apoyo a estos cambios necesarios en la legislación". Serra se ha referido así a la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso que se aprobó por unanimidad en 2019 y a la decena de legislaciones autonómicas que ya contemplan el derecho de autodeterminación.
"Es una incoherencia que cualquier partido que haya aprobado esos textos ahora esté rechazando cumplir los derechos humanos. Sería una malísima noticia un cambio de opinión. Ya vamos tarde. Si se retrasa tendrá que responder la otra parte", ha alertado y ha cuestionado igualmente la postura del líder del PP, Pablo Casado, quien considera que la ley trans "no es necesaria" y que "nadie la ha pedido". Serra ha recordado que una de las regiones que reconoció el derecho a la identidad de género libremente manifestada fue la Comunidad de Madrid en 2017, bajo un Ejecutivo popular.
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