El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, vuelve a la picota. Uno de los pocos supervivientes del primer gabinete que Pedro Sánchez nombró a su llegada a la Moncloa en 2018 se ha vuelto a enfrentar esta semana a diversas peticiones de dimisión o de cese tras conocerse un informe en el que la Guardia Civil revela contactos frecuentes del entorno de los presos de ETA con Instituciones Penitenciarias, el organismo encargado de prisiones.
La Benemérita comenzó las pesquisas por orden de la Audiencia Nacional para investigar la organización de actos de homenaje a etarras, los denominados 'ongi etorris'. En el curso de la instrucción, se encontraron conversaciones entre el entorno de los etarras encarcelados y altos cargos de Interior que reflejaron en un informe de 429 páginas incluido en la causa.
El documento, al que ha tenido acceso 20minutos, revela los contactos, por ejemplo, entre el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y el parlamentario de EH Bildu y abogado de presos etarras Julen Arzuaga. También figura la mediación del portavoz de la red ciudadana Sare y exconsejero vasco, Joseba Azkarraga, o el abogado José María Matanzas. En una de las conversaciones, Azkarraga informa de una reunión con Ortiz. "El próximo martes tengo una nueva reunión con Ángel Luis. ¿Tenéis alguna cosa concreta que os interese trasladar? Hala, a pasar la lista de prioridades". Arzuaga informa en otro momento a sus colegas del "mensaje de Ortiz" y añade: "¿Ha funcionado el doping o qué?".
En el informe de la Guardia Civil se analizan las conversaciones de Whatsapp entre los integrantes de la "Comisión a favor de los presos", entre los que forma parte el veterano exdirigente etarra Antonio López Ruiz, alias Kubati, que el 30 de diciembre de 2019 escribió: "El preso Oier Urrutia saldrá de permiso. Me lo acaba de comunicar el SGIP (Secretario General de Instituciones Penitenciarias)", se lee en el texto sobre el condenado a 14 años de prisión por su participación en actos de kale borroka.
Los investigadores avisaron al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, a cargo de la investigación, del "trabajo de supervisión que López Ruiz y su entorno mantienen sobre los presos de ETA, teniendo programados de antemano encuentros/entrevistas con alguno de ellos, aprovechando sus permisos carcelarios". Sobre Asier Aginako, otro preso de ETA enfermo, también se recogen gestiones que "deben de dar sus frutos".
Fuentes de Interior consultadas por 20minutos no niegan las conversaciones. De hecho, explican que Instituciones Penitenciarias atiende "de forma habitual" a "numerosas personas y representantes de sectores de muy diversa índole dentro de sus funciones institucionales". Eso sí, aseguran que "en ningún caso" esas conversaciones pueden influir en la toma de decisiones sobre los presos, puesto que las mismas "se rigen única y exclusivamente por la legalidad". "En materia penitenciaria todas las decisiones se adoptan de forma individualiza y con estricto cumplimiento de la legislación, con total transparencia y están sometidas a control judicial", añaden.
Con todo, estas explicaciones no convencen ni al PP ni a Vox ni a Cs, que han exigido la dimisión de Marlaska y, si él no lo hace, reclaman a Sánchez que le cese. Los 'populares' ven los contactos como un "trato de favor" a los presos etarras, por lo que han reclamado la comparecencia del ministro y, también, una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. "Estos hechos son gravísimos porque suponen una afrenta a las víctimas de proporciones mayúsculas, para las que el Grupo Popular exige memoria, dignidad, verdad y justicia", señala la formación liderada por Pablo Casado. El partido que dirige Santiago Abascal, por su parte, ha presentado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para exigir la marcha del ministro y también para que comparezca Ortiz en la Cámara Baja, una petición a la que se ha sumado Cs.
Pérez de los Cobos o la falsa agresión de Malasaña, otras polémicas
Con todo, esta no es la primera polémica en la que Marlaska se ve envuelto. Pese a que los últimos gobiernos han acercado a presos de ETA, bajo su mandato se ha puesto fin a la política de dispersión. Según confirmó él mismo, "todos están a menos de 200 kilómetros de su casa", lo que, junto a los pactos con EH Bildu, ha conseguido enfrentarle a las asociaciones de víctimas. Pero las controversias no solo han tenido que ver con los presos de la banda terrorista, sino que en estos más de tres años y medio de mandato ha habido más.
Además de las protestas de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la reforma de la llamada ley mordaza, la derecha ha pedido su dimisión por su gestión de una de las mayores crisis migratorias en Ceuta que se recuerdan y de la que no se conoce todavía la dimensión; por airear las amenazas con balas a distintos ministros en la campaña de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid del pasado 4 de mayo; su justificación del método de 'patada en la puerta' empleado por unos policías -que están siendo juzgados- para frenar una fiesta ilegal en un piso turístico; su acelerada condena de una presunta agresión homófoba en Malasaña que terminó siendo falsa; el tercer grado concedido a Francisco Javier Almeida antes de que finalizase su condena, lo que derivó en el asesinato de un niño en Lardero (La Rioja); o el cese de Diego Pérez de los Cobos, el mando de la Guardia Civil que informó a la juez sobre la causa del 8-M, aunque este último hecho terminó siendo avalado por la Audiencia Nacional.
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