Casi 30 años, 28 para ser exactos, han pasado desde que un grupo de personas decidiera ponerse en huelga de hambre para ser escuchados. Lo que empezaron cinco ciudadanos desembocó en un estallido social expresado en protestas y acampadas por todo el país. ¿Su reivindicación? Ayudar o "devolver lo robado" a los países pobres. La exigencia era concreta: el 0,7% de la renta nacional bruta (RNB) debe destinarse a ayudas a los países en desarrollo, en línea con lo pactado en la ONU. Fue el germen de la primera ley de cooperación española y supuso una llamada de atención a los políticos para que aumentaran su compromiso solidario. No obstante, esa cifra no ha llegado a alcanzarse nunca, pese a haber una época en la que parecía que se aproximaba a la meta. Ahora, tres décadas después, el Gobierno ha fijado por primera vez en una nueva ley el objetivo de alcanzar ese porcentaje, como tarde, en 2030.

El Consejo de Ministros aprobó el 11 de noviembre el anteproyecto de la nueva Ley de Cooperación, que reemplazará a la de 1998 y permitirá blindar la ayuda internacional española a otros países. El Ejecutivo se ha propuesto una serie de objetivos: que en este 2022 la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) represente el 0,28% del RNB; que para el término de esta legislatura alcance el 0,5%; y, por último, que -si no antes- en 2030 se haya logrado llegar al 0,7%. "Creemos que es importante que esté reflejado en el texto, porque al final es una manera de responsabilizarse y de que ese número no se quede en un decir", afirma a 20minutos la presidenta de la Coordinadora para el Desarrollo en España, Irene Bello. Desde la red estatal que aglutina a más de 550 ONG celebran la predisposición del Gobierno, aunque aguardan a conocer más concreciones sobre cómo se va a ir paulatinamente aumentando para llegar a ese porcentaje.

Solo seis países han logrado llegar al 0,7%

Lo cierto es que este compromiso acumula años a su espalda, aunque nunca antes se había fijado en una norma. Ya en 1970, la comunidad internacional se comprometió en la Asamblea General de la ONU a aportar ese 0,7% de su riqueza total a los países más empobrecidos. La Unión Europea (UE) suscribió esa responsabilidad en 2005 y, tras no conseguirlo, los Estados miembros renovaron el compromiso en 2015 a través de la Agenda 2030. Pero a día de hoy solo seis países del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) -foro de la OCDE formado por los países proveedores- han logrado alcanzar o superar ese objetivo: Suecia (1,14%), Noruega (1,11%), Luxemburgo (1,02%), Alemania (0,73%), Dinamarca (0,73%) y Reino Unido (0,7%), según los últimos datos, de 2020.

En total, la cantidad concedida por los países miembros del CAD en 2020 ascendió a 161.000 millones de dólares (0,32% del RNB de media); cifra que, según la ONU, sigue siendo "muy inferior para responder a la crisis del coronavirus y para cumplir la meta establecida en 0,7". La mayoría de organismos coinciden en un asunto: si de verdad se quiere alcanzar esa cifra, hay que esforzarse en los próximos años y cambiar la estrategia adoptada hasta ahora y demostrada ineficaz. 

De los países donantes, la media de ayuda al desarrollo de la UE representó en 2020 el 0,50% de su RNB, frente al 0,42% de 2019, según el último informe de 'Aidwatch'. No obstante, esa cifra ha de analizarse en el contexto de una economía que en esos momentos se estaba contrayendo debido a la crisis sanitaria y al divorcio con uno de sus principales miembros, Reino Unido, en febrero. Así, en términos reales, la AOD europea cayó de los 75.400 millones de euros donados en 2019 a los 63.900 euros que se aportaron a ayuda humanitaria en el año siguiente. Habrá que ver si ahora, que la economía muestra síntomas de querer recuperarse de los efectos de la pandemia, la tendencia al alza como porcentaje de la riqueza continúa o, por lo contrario, experimenta un descenso de nuevo; alejando de este modo la meta del 0,7% que, según 'Aidwatch', no se alcanzará hasta 2038 si seguimos con los niveles actuales.

Un movimiento espontáneo por la solidaridad

A. GUILLAMÓN.

Aun así, el mero hecho de que España haya fijado por ley ese compromiso es algo que despierta el optimismo por parte de las organizaciones y los ciudadanos que protagonizaron el movimiento popular surgido en los noventa. Una ola de solidaridad se extendió por el país en octubre de 1994 exigiendo al Gobierno -entonces socialista y liderado por Felipe González- una mayor implicación y sensibilidad con los países más empobrecidos. Fue una reacción a la guerra de Los Grandes Lagos, en el centro de África, y al atroz genocidio cometido en Ruanda que, en apenas 100 días acabó con casi el 11% de la población. 

"No era algo que estuviera en la agenda política. De alguna manera fue un acelerador de la cooperación"

Álex Guillamón tenía 35 años y ya entonces era miembro de la ONG 'Entrepueblos'. Cuenta a este periódico cómo surgió la idea de acampar en la Castellana de Madrid y en la Diagonal de Barcelona -donde participó él- para "presionar" al Gobierno: "El primer día nos juntamos unas 20 o 30 tiendas, pero nuestra sorpresa fue que, al cabo de unos tres días, estaba prácticamente la avenida entera llena de tiendas de campaña. Era algo que nadie esperaba". Desde la facultad de Económicas de Barcelona hasta la plaza Francesc Macià se asentó un campamento durante casi dos meses. "Era una cosa importante porque significaba hacer día ahí. Por las tardes, nos juntábamos en una asamblea para organizar toda la logística y, cuando empezaron las negociaciones con el Gobierno, abordábamos cómo seguirían las conversaciones", relata Guillamón. 

Y es que el inesperado y multitudinario apoyo que tuvo la campaña convocada por la 'Plataforma 0,7%' acaparó la atención, ya no solo del Gobierno central, sino también de los consistorios, sindicatos y otras instituciones. Cuatro años después, en 1998, salía a la luz la primera Ley de Cooperación española, impulsada por el entonces presidente popular José María Aznar. "Supongo que se hubiera acabado haciendo, pero bastante más tarde, porque hasta ese momento no era algo que estuviera en la agenda política. De alguna manera fue un acelerador", asevera Guillamon, quien todavía continúa siendo miembro de la ONG. 

¿Hemos avanzado?

Fue, tal y como describe el cooperante, un estallido de decenas de personas comprometidas con el tema y se tradujo luego en lo que denomina el "boom de la cooperación": "Pasó a la agenda política, pero también a la social y cultural", subraya. Durante los años siguientes, la ayuda humanitaria española fue incrementando, con sus altos y bajos, hasta coger carrerilla en 2003 y tocar techo en 2009, cuando se alcanzó el 0,46%, su nivel más alto a día de hoy. La crisis económica de 2008 truncó toda expectativa de seguir avanzando hacia la meta marcada, y el porcentaje cayó en picado desde entonces. En 2020, España donó el 0,24% de su RNB a ayudas al desarrollo; mismo porcentaje que el aportado en 1998, cuando se impulsó la ley. 

"Venimos de la década perdida de la cooperación, en la que se ha ido reduciendo la ayuda al desarrollo"

España está, de hecho, entre los donantes que menos aporta, situándose por detrás de países como Hungría. Según la OCDE, en 2020 destinó 3.000 millones de dólares, lo que supone una disminución del 1,8% en términos reales de volumen respecto a 2019.  "Venimos de la década perdida de la cooperación, en la que se ha ido reduciendo sistemáticamente la ayuda al desarrollo", señala Irene Bello, presidenta de la Coordinadora para el Desarrollo. La justificación para ello fue la recesión económica de 2008, pese a que las organizaciones lanzaron campañas para reprochar que "la crisis no debe ser la escusa" para no anteponer primero a las personas. 

La incógnita reside ahora en si esta última crisis provocada por la pandemia será de nuevo un pretexto para no seguir avanzando. Las intenciones mostradas por el Ejecutivo en esta nueva norma muestran, por lo menos, una predisposición a que no sea así. "Creo que la pandemia ha hecho ver la globalidad del planeta, para lo bueno y para lo malo. Ha evidenciado que el planeta está interconectado y que hay que empezar a ver las causas y los problemas con una mirada más global de lo que sucede en todo el mundo", explica Bello. 

Así, según la futura nueva ley, hay un margen de ocho años para cumplir el compromiso del 0,7%. Al texto todavía le queda una segunda vuelta en el Gobierno antes de emprender su camino parlamentario y aspirar a sustituir la norma de 1998. "Es una oportunidad para que los políticos estén a la altura de los retos globales y sean capaces de lograr consenso. Me encantaría creer que una ley de este tipo puede estar por encima de las guerras políticas", sostiene Bello. "Nosotros pondremos toda nuestra carne en el asador, sin perder de vista que debe ser una ley ambiciosa", concluye.