Sánchez mantiene a Garzón, pero su tibieza abre una brecha en la coalición

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, interviene en una sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, interviene en una sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados.
Europa Press
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, interviene en una sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lamenta" la polémica generada por las palabras en contra de las macrogranjas y en defensa de la ganadería extensiva del ministro de Consumo, Alberto Garzón, pero no parece que vaya a tomar ninguna acción más al respecto. Tras la controversia generada, Sánchez optó este lunes por resaltar la acción gubernamental en favor del sector cárnico y evitó señalar directamente al ministro o hablar de si pensó cesarle. Pero tampoco hizo una defensa expresa del responsable del Consumo, motivo por el cual sus declaraciones no sentaron bien a Unidas Podemos, socio del Ejecutivo de coalición cuyos principales dirigentes cargaron contra él por no proteger a Garzón del "bulo" y le exigieron "cuidar la coalición".

Sánchez no se había referido expresamente a la polémica hasta este lunes, casi una semana después de que estallara. El pasado viernes, en el Comité Federal del PSOE, sí mencionó el debate, pero eludió nombrar a Garzón. Sencillamente trasladó ante la plana mayor del PSOE que el Ejecutivo está "con el sector primario, con nuestros agricultores y ganaderos". Este mensaje lo volvió a lanzar en la mañana de este lunes, en una entrevista en la Cadena Ser en la que evitó dos preguntas concisas sobre si se llegó a plantear la destitución de Garzón y si habló con él al respecto. A la primera no respondió y en la segunda se escudó en que fue "una conversación privada" para guardarse la respuesta.

Sánchez ha optado por una actitud equidistante, sin criticar al ministro y sólo lamentando la polémica generada por sus palabras, que han recibido duras críticas sobre todo de PP y Vox en plena precampaña electoral en Castilla y León. "El sector cárnico produce una carne de extraordinaria calidad", defendió antes de repasar la actuación del Gobierno respecto al sector primario: "Hemos venido trabajando no solo con" la aprobación de la nueva "Política Agracia Común (PAC) o la ley de cadena alimentaria, sino también ordenando estos sectores", remachó. Al presidente también le preguntaron sobre si Garzón hablaba en nombre del Gobierno, como defiende él mismo, o mostró una opinión personal, como han venido diciendo el ala socialista del Gobierno y barones del PSOE, como el presidente de Aragón, Javier Lambán. Sánchez fue claro: "El Gobierno", dijo, "se expresa en el Boletín Oficial del Estado (BOE)".

Esta reacción del presidente a los ataques de la oposición a Garzón no gustó en absoluto a Unidas Podemos, porque aunque Sánchez no ha criticado al ministro, tampoco le ha defendido. Para los morados, lo que hizo el jefe del Ejecutivo fue asumir la veracidad de un “bulo” y se limitó a esquivar la cuestión, dejando a Garzón desprotegido. Fuentes de Unidas Podemos creen que el PSOE está actuando con poca lealtad para con su socio de Gobierno, y el enfado de la formación se ha traducido en que, este lunes, varios de los pesos pesados de su núcleo dirigente criticaron públicamente a Sánchez.

Entre ellos estuvo la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, poco dada a visibilizar en los medios las diferencias entre los socios de la coalición, lo que da buena muestra de la irritación de los morados. Díaz no mencionó expresamente a Sánchez en sus críticas, pero sí pidió, al ser preguntada por sus declaraciones, que hay que "cuidar la coalición" y ser "cuidadosos con las palabras”. La vicepresidenta, además, fue taxativa con respecto a la polémica de las macrogranjas: lo defendido por Garzón, dijo, es lo que piensa “el Gobierno en su conjunto", porque su apuesta es “la ganadería extensiva y sostenible”.

"Grave", "decepcionante" y "preocupante"

Al contrario que la vicepresidenta, el ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias sí cargó explícitamente contra Sánchez, al que acusó de haber sucumbido al “peso de los bulos” y haber "dado por cierta una noticia que es falsa” a sabiendas de ello por mera conveniencia electoral. Iglesias, que calificó de “enormemente grave” la actitud del presidente del Gobierno, aseguró que “lo que tendría que hacer” Sánchez “es decir que Garzón no ha dicho" lo que la "derecha" asegura que ha dicho, y achacó la tibieza del presidente a que “probablemente" sus asesores de comunicación “le han dicho que es mejor asumir la falsedad" porque "mucha gente la ha asumido" y "golpear a Garzón".

En la misma línea que Díaz e Iglesias, las dos grandes figuras del espacio morado, se pronunciaron dirigentes como el portavoz de los comuns en el Congreso, Jaume Asens, que criticó que Sánchez esté "más preocupado en perder votos en Castilla y León que en defender a los ganaderos frente a las macrogranjas". Asimismo, el portavoz de Podemos y candidato morado a presidir esa comunidad en las elecciones del 13 de febrero, Pablo Fernández, tachó de "decepcionante" y "preocupante" la falta de contundencia del presidente a la hora de defender a Garzón de un “bulo”.

Esa actitud “es inquietante” denunció Fernández, que achacó este uso de "fake news" a un "intento de restaurar el bipartidismo" por parte del PSOE y el PP. "Nosotros, siempre que el Gobierno ha sufrido un ataque por parte de la derecha y ultraderecha, nos hemos comportado con extraordinaria lealtad", planteó igualmente el portavoz de Podemos, quien sin embargo descartó que la coalición sufra riesgo de ruptura: “Tenemos la intención de cumplir con nuestra tarea y terminar con las reformas que tenemos pendientes”, zanjó.

El segundo choque en torno a la ganadería

La polémica de las macrogranjas no es la primera en la que se ve envuelto Garzón con el sector ganadero, y tampoco la primera en la que la falta de apoyo de Sánchez genera un roce entre PSOE y Unidas Podemos. Una crisis muy similar se produjo el pasado julio, cuando el Ministerio de Consumo lanzó una campaña para promover la reducción del consumo de carne por motivos sanitarios y medioambientales. Tras las duras críticas de la derecha y el sector agroalimentario, Sánchez quiso cerrar la polémica tirando de ironía. "A mí, donde me pongan un chuletón al punto... eso es imbatible", replicó al ser preguntado por este asunto.

Ese enfrentamiento, no obstante, fue mucho más leve que el que PSOE y Unidas Podemos mantuvieron en octubre a raíz del intento del Ministerio de Economía de tutelar la negociación de la reforma laboral con patronal y sindicatos. El movimiento de la vicepresidenta económica Nadia Calviño soliviantó a los morados y a Yolanda Díaz, quien llegó a acusar a los socialistas de querer apartarla para descafeinar los contenidos de la reforma laboral, y la crisis solo se recondujo tras varias reuniones y un pacto por el cual Trabajo siguió dirigiendo la negociación con patronal y sindicatos, pero Economía pasó a estar presente en las reuniones.

Esa brecha, además, se agravó porque coincidió en el tiempo con la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de retirar su escaño de diputado a Alberto Rodríguez en cumplimiento de la condena que le impuso el Tribunal Supremo. La decisión de Batet se basó en una interpretación de la ley de la que Unidas Podemos disentía y condujo al momento de mayor tensión en las relaciones de la coalición desde su formación en enero de 2020. Los morados llegaron incluso a amenazar con querellarse contra Batet por prevaricación, si bien posteriormente se echaron atrás.

Otras polémicas han tenido más que ver con el contenido de algunas de las leyes fundamentales de la coalición. Ocurrió, por ejemplo, con la ley de vivienda, cuya negociación tardó un año en cerrarse por las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos en lo relativo a la regulación del mercado del alquiler. Y también pasó con la ley trans, donde los cruces de reproches en público y en privado entre la ministra Irene Montero y la entonces vicepresidenta Carmen Calvo fueron constantes por sus discrepancias en torno al concepto de autodeterminación de género, que finalmente estará incluido en la norma como planteaba Montero.

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