La derogación de la reforma laboral sigue distanciando a PSOE y Unidas Podemos, que este lunes mantuvieron una reunión de dos horas para intentar limar asperezas. Las tensiones en la coalición se desataron el viernes, tras comunicar la vicepresidenta Calviño –respaldada por Sánchez– su intención de asumir las riendas de las negociaciones sobre la legislación laboral, y subieron aún más de tono tras la retirada del escaño al diputado morado Alberto Rodríguez, acordada por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Al término del encuentro de la comisión permanente de seguimiento del acuerdo de coalición, fuentes socialistas destacaron que la reunión fue "constructiva" y que se desarrolló "con buen tono", pero admitieron que será necesario "seguir hablando". Por parte de Unidas Podemos, las fuentes consultadas subrayaron que "será necesario seguir negociando, dado que por el momento no hay un consenso sobre la reforma laboral". Así las cosas, las posiciones no han variado: el PSOE defiende que sea Calviño quien coordine los trabajos y UP no ve motivos para que Díaz abandone el papel que ha venido desarrollando hasta ahora.
Por el PSOE estuvieron presentes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez; y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, mientras que por la parte morada asistieron el jefe de gabinete de Yolanda Díaz, Josep Vendrell; el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey; la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra; la ministra de Igualdad, Irene Montero; y el portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique.
Polémica en torno a la reforma laboral
La reunión de este lunes se celebró después de un fin de semana de máxima tensión. El choque salió a la luz pública el viernes a primera hora de la mañana, cuando Belarra, exigió públicamente una reunión "urgente" al PSOE para "abordar la gestión y ejecución de los compromisos de coalición". Inicialmente, los morados rechazaron detallar los motivos, pero posteriormente se conoció que los problemas giraban en torno a la reforma laboral.
Fuentes de Unidas Podemos explican que, el jueves por la noche, Calviño informó por correo electrónico a Díaz que pretendía asumir la coordinación de las negociaciones con patronal y sindicatos para derogar la reforma laboral. Este paso soliviantó a los morados, que lo entendieron como una invasión de sus competencias que, además, contaba con el aval de la Moncloa.
Calviño, de hecho, ya dejó caer ese mismo jueves por la mañana que aspiraba a tomar las riendas de la negociación sobre la reforma laboral cuando aseguró que, hasta ahora, tan solo ha habido "contactos preliminares" con los agentes sociales, pese a que Díaz lleva negociando con ellos desde marzo. "A partir de estas próximas semanas tenemos que empezar a trabajar intensamente con los agentes sociales", sostuvo la vicepresidenta económica en el congreso de CCOO.
Que la vicepresidenta económica del Gobierno actuaba con el apoyo de la Moncloa quedó confirmado el viernes por la tarde, cuando el presidente Sánchez mostró su respaldo expreso a que Calviño intervenga en las conversaciones. La reforma laboral, dijo Sánchez, es "una reforma estructural" que "afecta a muchísimos ministerios, al menos a cinco": los de Trabajo, Economía, Hacienda, Seguridad Social y Educación. Y, por tanto, "no hay intromisión" cuando Calviño intenta asumir un papel en la negociación, sino que únicamente existe "colaboración, coordinación y aporte", afirmó.
Después de declararse el viernes el incendio, las llamas no se extinguieron durante el fin de semana y las posiciones han llegado enconadas hasta este lunes. El sábado fue el turno de Díaz de intervenir en el congreso de CCOO. Y la vicepresidenta segunda dejó claro que su "decisión inalterable" es la de derogar la reforma laboral del PP, y aseguró que el Gobierno lo va a hacer "a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas". Un dardo poco disimulado a Calviño, a la que Díaz también se refirió veladamente como una de "aquellas personas que, estén donde estén, jamás han querido derogar el modelo laboral de precariedad que ha impuesto la derecha unilateralmente en nuestro país".
El cruce de reproches continuó este lunes, con Díaz acusando a Calviño -y, por extensión, a Sánchez, que la apoya- de querer tomar las riendas de la negociación con patronal y sindicatos para descafeinar los cambios en el mercado de trabajo. Díaz no nombró nombrar expresamente a la vicepresidenta económica, pero se refirió obviamente a ella cuando afirmó que "hay una parte del Gobierno que sigue discutiendo a día de hoy los contenidos" de la nueva legislación laboral, sobre la cual Díaz recordó que ya llegó a un acuerdo con Sánchez "en diciembre del año pasado".
Las diferencias de los últimos días "no van de quién lidera" las conversaciones, sino de "qué vamos a hacer en la principal reforma del mercado de trabajo", sostuvo Díaz, y, para ello, es necesario que el PSOE "se aclare". Pero Sánchez mantuvo este lunes el pulso a su vicepresidenta morada afirmando que el compromiso de "modernizar la legislación laboral" es de "todo el Gobierno", lo que implica que la parte socialista no renuncia a coordinar las negociaciones.
La retirada del escaño a Alberto Rodríguez
Por si fuera poco, la crisis desatada a raíz de la reforma laboral se profundizó tras la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de retirar su escaño de diputado a Alberto Rodríguez, condenado por una agresión a un policía a un mes y medio de prisión –sustituida por multa– e inhabilitación para el ejercicio de sufragio pasivo -es decir, para presentarse a las elecciones-. Aunque inicialmente los letrados del Congreso indicaron que el diputado debía mantener el acta, finalmente se impusieron las tesis del Supremo, que apuntaba a que debía perderla, criterio que acabó acatando Batet con el aval del letrado mayor de la Cámara.
A última hora del viernes, unas horas después de que la presidenta del Congreso anunciara su decisión, Unidas Podemos anunció que se querellaría por prevaricación contra Batet. Lo hizo en primera persona del plural, a través de un comunicado en el que la formación cargaba contra la dirigente asegurando que su cambio de posición se había debido a "la vergonzosa presión del Supremo y a la extrema derecha" y afirmando que había adoptado su decisión "de manera unilateral".
El anuncio provocó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones publicara un comunicado criticando a la ministra Belarra, que personalmente había acusado de prevaricación a Batet y al Tribunal Supremo de presionarla para que quitara el escaño a Rodríguez. Esas declaraciones, afirmó el CGPJ, "merecen un absoluto y rotundo rechazo, si cabe con mayor intensidad y rotundidad que en otras ocasiones, especialmente porque más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la nación, llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados". El órgano de gobierno de los jueces, incluso, afirmó que la acusación de Belarra "excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión".
El PSOE, por su parte, se limitó a respaldar "la actuación de la presidenta del Congreso en el cumplimiento escrupuloso de su deber", pero el movimiento de Unidas Podemos causó un profundo malestar entre los socialistas. No obstante, con el paso de las horas, el anuncio de los morados fue perdiendo fuelle, sobre todo porque sería Rodríguez, en calidad de afectado, quien tendría que presentar esa querella, y él no tenía claro que fuese a hacerlo. Algunas voces, además, denunciaron que Podemos tomó la decisión de querellarse sin que la conocieran dirigentes como Yolanda Díaz, algo que el partido morado desmiente.
Este domingo, de hecho, el paso atrás se confirmó con el anuncio del propio Rodríguez -que ha decidido abandonar Podemos- de que recurrirá la retirada de su escaño ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no se querellará contra Batet. Y Podemos ha rebajado el tono y ha afirmado que respeta la decisión de su ya exdiputado, aunque sigue considerando que la actuación de Batet ha sido una "tropelía" y, por tanto, le exige ahora la "dimisión" por "colaborar" con la "aberración" jurídica que supone, a su juicio, quitar el acta a Rodríguez.
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