La implantación de peajes en las vías de alta capacidad españolas no supondrá un 'trasvase' de conductores de las autopistas y las autovías a carreteras secundarias, por lo que el plan del Gobierno de imponer el 'pago por uso' a partir del año 2024 no supondrá un alza de la siniestralidad vial. Eso es, al menos, lo que este martes sostuvo Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico (DGT), en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, donde defendió esta medida, comprometida con Bruselas. y advirtió al PP de que no se "carguen" la idea porque, auguró, si los peajes no están implantados cuando lleguen al Ejecutivo, deberán implantarlos ellos.
"He oído que si pones peajes todo el mundo irá por carretera convencional. No es verdad", sentenció Navarro, que insistió en que si un conductor va a hacer un viaje de "300 o 400 kilómetros" no lo hará por una carretera convencional, sino por autovía o autopista porque la otra opción "atenta contra el sentido común". Es por ello que señaló que ese argumento "no convence" a la DGT, que está a favor del sistema, pese a que no es competente para instalar los peajes -la obra depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-.
Sobre esta peligrosidad de las vías convencionales había alertado incluso el propio Navarro. En 2019, aseguró en el Heraldo de Aragón que, en esa autonomía, "el 75% de los accidentes se producían en vías secundarias". "La diferencia es sensible, porque las autovías tienen un doble sentido; las convencionales dan muchos más problemas y por eso registran una mayor siniestralidad", reconoció.
Entre los años 2013 –primer año con estadísticas desglosadas por tipo de vía para todo el Estado– y 2019 –último ejercicio antes del parón impuesto por la pandemia–, se produjeron la mitad de accidentes en autopistas y en autovías que en carreteras secundarias. En ese período hubo 83.184 siniestros en autopistas y autovías. En las carreteras interurbanas, mientras tanto, se produjeron 173.263 accidentes, más del doble. En ese tiempo fallecieron 2.155 personas en autopistas (545) y autovías (1.610) y 6.735 en las secundarias.
Navarro también aprovechó su comparecencia para interpelar al diputado 'popular', Óscar Gamazo, con el ánimo de rebajar sus críticas. Como ya hiciera en la última semana de noviembre, el director de la DGT aseguró al partido que lidera la oposición que tuviera cuidado con "cargarse todo". "Se lo digo porque algún día llegarán [al poder] y si no se ha hecho ahora, les tocará a ustedes poner los peajes", concretó. "Cuidado con romper todo con tal de llegar al poder, porque cuando llegue le harán falta", lanzó semanas atrás en la comisión de Interior.
Por su parte, el diputado de Vox Francisco José Alcaraz apuntó que "nadie ha dicho" que vayan a hacerse viajes de Madrid a Zaragoza por carreteras secundarias, pero sí que "la mayoría de los trayectos que se hacen son cortos", de entre 30 y 35 kilómetros, y que "es donde más accidentes se dan".
Un "sistema transitorio"
El hecho de que el Gobierno está decidido a imponer nuevos peajes, aunque siempre apele al "consenso", es un hecho. Sin ir más lejos, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, está terminando de perfilar una propuesta para comenzar a negociar con los agentes sociales y el resto de partidos en el primer trimestre del año que viene. No obstante, fue la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la que avanzó que el Gobierno plantea un "sistema transitorio" que precederá a uno "más permanente".
En un primer momento sería posible que el Gobierno adoptase el método viñeta, que ya se utiliza en algunos países europeos. Este procedimiento consiste en la adquisición, por parte de cada conductor, de una pegatina al estilo de las de la ITV o de los distintivos medioambientales de la DGT. Estas autorizan a los vehículos de menos de 3.500 kilos, incluyendo autocaravanas, a circular por las vías de alta capacidad. Luego se apostaría por un sistema permanente, basado en el pago por uso –podría ser similar al implantado en Portugal–, aunque para esto nadie del Gobierno se atreve a dar plazos. El Ejecutivo acordó con Bruselas tener el sistema aprobado a finales de 2023 e implantado ya en 2024.
El alcoholímetro antiarranque no será obligatorio
En la comparecencia, que se extendió durante alrededor de dos horas, Navarro también avanzó una novedad en la ley de tráfico que el Senado prevé ratificar este martes: el alcoholímetro antiarranque no será obligatorio para los conductores profesionales. PP, PNV y Ciudadanos introdujeron mediante enmienda que este dispositivo, que no permite arrancar si el conductor ha bebido, fuera obligatorio a partir de julio del próximo año en los vehículos dedicados al transporte de viajeros o de mercancías.
No obstante, finalmente se retirará esta parte del texto. Navarro explicó que esa eliminación se debe a que el de los transportistas es un sector "con la piel muy fina" y a que los profesionales del sector no habían pedido implantar la medida.
Entre las novedades que sí incluirá la nueva ley, que volverá al Congreso tras recibir el aval de la Cámara Alta, está el aumento del castigo por usar el móvil o no ponerse el cinturón (se sancionará con seis y cuatro puntos, respectivamente); y la obligación de llevar el casco al ir en patinete. Además, se respetará el margen que permite sobrepasar el límite de velocidad en carretera en 20 kilómetros por hora para adelantar, que en un principio se quería suprimir.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios