El Gobierno tacha de "absolutamente irresponsable" no imponer nuevos peajes y trabaja ya en un "sistema transitorio"

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, protagoniza un desayuno informativo.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, protagoniza un desayuno informativo.
EFE
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, protagoniza un desayuno informativo.
Declaraciones de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, este jueves.
Europa Press/Chema Moya

Imponer nuevos peajes es necesario y no hacerlo sería "absolutamente irresponsable". En estos términos se pronunció este jueves la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aunque no dio fechas para su implantación, más allá del horizonte de 2024 comprometido con la Unión Europea. Tampoco concretó la medida la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien avanzó que el Ejecutivo ya trabaja en un "sistema transitorio" en el que los ciudadanos paguen por el uso de las vías antes de adoptar uno "permanente", que tardaría más por su complejidad técnica.

La ministra Sánchez insistió en que se debe abordar el "debate" que concrete cómo se conserva la red de carreteras españolas. Actualmente, los 1.400 millones de euros que cuesta mantener las carreteras salen de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Bajo esa premisa, el Ejecutivo pactó con Bruselas la implantación de nuevos peajes, aunque el rechazo social generado provocó requiebros de miembros del Ejecutivo, incluida la propia ministra, que este miércoles llegó a negar que el Gobierno hubiera prometido a la UE imponerlos, pese a que el documento enviado a Bruselas para recibir los fondos de recuperación contemplaba expresamente esta medida.

En su intervención en un desayuno informativo, la sucesora de José Luis Ábalos recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez, primero monocolor y luego de coalición, decidió revertir al Estado la conservación de las vías que terminaban su concesión de peajes privados. Ello supuso una rebaja del coste que soportan los automovilistas que el Ministerio cifra en el 30%. "Pero eso no quiere decir que debamos eludir el debate de la conservación de la red viaria", añadió a renglón seguido para justificar que hacen falta otras vías de ingresos para conservar las carreteras.

En este "debate", eso sí, falta por concretar el modelo. Fuentes del Ministerio de Sánchez insisten en que siguen trabajando en una propuesta que llegará, casi con toda seguridad, en el primer trimestre de 2022. Será entonces cuando se la presenten al resto de grupos políticos y al sector, que desconfía de las intenciones del Ejecutivo. Además, este jueves la vicepresidenta Calviño avanzó que el Gobierno trabaja ya en un "sistema transitorio" que precederá a uno "más permanente".

Esta diferenciación se debería a la dificultad que plantearía la implantación de la infraestructura necesaria que midiese el número de kilómetros que realizan los conductores para que pagaran en base a esa cifra. Por ello, en un primer momento sería posible que el Gobierno adoptase el método viñeta, que ya se utiliza en algunos países europeos. Este procedimiento consiste en la adquisición, por parte de cada conductor, de una pegatina al estilo de las de la ITV o de los distintivos medioambientales de la DGT. Estas autorizan a los vehículos de menos de 3.500 kilos, incluyendo autocaravanas, a circular por las vías de alta capacidad.

El pago podría realizarse en función del periodo de tiempo que se vaya a utilizar. Por ejemplo, en Austria, los coches y autocaravanas pagan 9,5 euros por diez días de autovía ilimitada, 27,8 euros por dos meses y el coste de un año asciende a los 92,5 euros. Una de las ventajas de las viñetas es que, con un único pago, cada conductor puede acceder a todas las vías de alta capacidad y que es un sistema sencillo. La desventaja es que no depende del número de kilómetros recorridos y que penalizaría, por ejemplo, a quienes tengan que utilizar un tramo corto a diario para desplazarse a su trabajo.

Las palabras de Calviño parecen apuntar a que un sistema permanente, basado en el pago por uso –un sistema que podría ser similar al implantado en Portugal– quedaría para más adelante. En ese sentido, ni Sánchez ni Calviño anunciaron plazos concretos. La vicepresidenta señaló que no "será inminente" y añadió que el Gobierno "tiene margen" para adoptar un sistema que deberán, como aseguró la ministra de Transportes, consensuar con otras fuerzas políticas y con el sector para que tenga duración. Con todo, el horizonte fijado es 2024. Al menos así lo refleja el documento que envió España a Bruselas, en el que el Ejecutivo propuso implantarlos en ese año, aprobándose en el segundo trimestre de 2023 la ley que ampararía el nuevo modelo.

Puntos de recarga en las autovías

En el evento de este jueves, la ministra Sánchez también anunció que el Gobierno desbloqueará 400 millones de euros para modernizar la flota de transportistas, un día después de la convocatoria de una huelga del sector. La titular de Transportes confirmó asimismo que los camioneros contarán con bonificaciones y que lo que se recaude por los peajes no solo irá destinado a la conservación de las vías, sino también a su mejora. Y entre esas mejoras, destacó la implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en las autovías y autopistas. 

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