Pulso entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La crisis se desató este viernes después de que Unidas Podemos se quejara gravemente de las supuestas injerencias de la ministra de Economía, Nadia Calviño, en la negociación de la reforma laboral que pilota Díaz. Sánchez, horas después, respaldó a Calviño y aseguró que tiene derecho a intervenir en estas conversaciones, en contra de lo ocurrido desde marzo hasta ahora. Y ese cierre de filas con la vicepresidenta económica llega después de que los morados hayan ganado hasta ocho batallas importantes durante la legislatura al PSOE.
Hace unos días, PSOE y Unidas Podemos conseguían acordar su segundo proyecto conjunto de Presupuestos Generales del Estado después de largas semanas de una negociación que, en muchos momentos, parecía estar estancada. Se trata de un texto en el que, aunque la parte morada de la coalición no ha conseguido incluir la totalidad de sus principales reivindicaciones, están contenidas medidas que tienen el sello morado, como son la regulación de los alquileres o el establecimiento de un tipo mínimo en el impuesto de sociedades.
En ambos casos, la propuesta que finalmente ha sido pactada entre PSOE y Unidas Podemos no llega tan lejos como pretendía la formación que lidera Yolanda Díaz, pero sí va más allá que lo planteado inicialmente por los socialistas. Y esa ha sido una constante en lo que va de legislatura: muchas de las medidas sociales del Gobierno se han terminado aprobando después de semanas o incluso meses de negociación entre los socios de la coalición, y casi todas sin que se impusiera por completo la visión de ninguna de las dos partes.
No obstante, hay algunas excepciones, y quizá la más importante sea una relativa no a una medida concreta, sino a un movimiento estratégico del Gobierno a largo plazo: la elección de sus socios prioritarios. La batalla en torno a este asunto se dio el año pasado, en los meses y semanas previos a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, y fue Unidas Podemos quien terminó imponiéndose: las cuentas salieron adelante con ERC y EH Bildu frente a la opción de Ciudadanos que defendía el PSOE.
Esa decisión ha marcado la legislatura, ya que este año la vía de sacar las cuentas adelante junto a los naranjas ni siquiera se ha puesto sobre la mesa. Los Presupuestos, en cualquier caso, serían difícilmente pactables con Ciudadanos, ya que contienen, por ejemplo, un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades como exigía Unidas Podemos. Ese tipo mínimo, no obstante, se aplicará sobre la base imponible y no sobre el beneficio real de las empresas, lo cual supone una derrota de las tesis moradas ante las del PSOE y reducirá sensiblemente la capacidad recaudatoria de la medida.
La ley de vivienda
Las cuentas para 2022 también van aparejadas a una de las normas que más ha costado pactar a PSOE y Unidas Podemos en lo que va de legislatura: la ley de vivienda. Esta norma, que comenzará a tramitarse en las próximas semanas, incluirá una regulación del mercado del alquiler que otorgará a las comunidades y ayuntamientos la capacidad de congelar precios en zonas especialmente tensionadas y de obligar a bajarlos, en el caso de que el propietario sea una empresa. La limitación no llega tan lejos como exigían los morados, que pedían poder bajar por ley el precio a todos los propietarios, grandes o pequeños. Pero sí va más allá de lo que planteaban en un principio los socialistas, que únicamente querían ofrecer rebajas fiscales a propietarios que bajaran el alquiler.
El aumento del salario mínimo
Pocas semanas antes de que se anunciara este acuerdo, el Gobierno cerró otro que, además, contó con el beneplácito de los sindicatos, aunque no de la patronal: la subida del salario mínimo de 950 a 965 euros con efectos desde el 1 de septiembre. La decisión llegó tras un largo periodo de tensiones entre PSOE y Unidas Podemos de casi un año, ya que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, planteó por primera vez a finales de 2020 la necesidad de aprobar un aumento al que el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se resistieron durante todo 2021. En julio, esta resistencia comenzó a resquebrajarse, y en septiembre finalmente se abordó el aumento, aunque en una cuantía inferior al IPC, lo que implica que los trabajadores que cobran el salario mínimo han perdido poder adquisitivo.
Las medidas para contener el precio de la luz
También hubo serias dudas en el PSOE sobre la necesidad de intervenir el mercado eléctrico para contener la subida del precio de la luz. A finales de agosto, cuando el alza de los precios ya era un hecho, la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, rechazó esta intervención argumentando que las medidas propuestas por Unidas Podemos eran "contrarias al marco comunitario" y que adoptarlas implicaría un riesgo de sanciones europeas.
No obstante, dos semanas después el Gobierno aprobó un amplio paquete de medidas que, entre otras cosas, incluía el recorte sobre una parte de los llamados beneficios caídos del cielo, los que tienen las eléctricas por vender toda la electricidad al precio de la más cara de producir: precisamente una de las medidas defendidas por los morados. Además, se pusieron en marcha subastas en las que las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Edp) están obligadas a participar y a vender parte de la energía que generan en función de su cuota de mercado a las pequeñas comercializadoras y los grandes consumidores industriales, que pueden adquirir energía más barata que en el pool mayorista.
La ley trans
Otra de las batallas más señeras que han tenido lugar en la legislatura entre los socios de Gobierno ha sido a tenor de la ley trans, una norma que tuvo un larguísimo proceso de elaboración trufado de choques entre la ministra de Igualdad, Irene Montero -con quien compartía posición el titular de Justicia Juan Carlos Campo-, y la entonces vicepresidenta primera Carmen Calvo. La principal diferencia estribaba en torno al concepto de autodeterminación de género, por el cual una persona puede cambiar su sexo en los registros legales solo con su decisión.
Calvo se opuso fervientemente a este derecho y, posteriormente, planteó que la ley exigiera a los solicitantes testigos o pruebas para acreditar su propio género. Pero, tras meses de duros encontronazos públicos y privados que pusieron en duda incluso que la ley fuera a salir adelante, la Vicepresidencia Primera se vio obligada a aceptar la autodeterminación de género. La norma, finalmente, establecerá que las personas trans que quieran modificar su sexo en el registro deberán solicitarlo por escrito y, en un plazo máximo de tres meses después, ratificar su decisión. No necesitarán ni que otra persona certifique su género ni aportar elementos probatorios que lo demuestren.
Desahucios y suministros básicos
Las diferentes prórrogas del decreto antidesahucios y de la prohibición de cortar los suministros básicos a familias vulnerables también han provocado choques en varias ocasiones en el seno de la coalición de Gobierno. No obstante, ninguna de las negociaciones fue tan tensa como la de finales del año pasado, cuando el Ministerio de Transición Ecológica se negó durante semanas a asumir la exigencia de Unidas Podemos de mantener el veto a los cortes de luz, agua y gas. La redacción final de la prórroga del decreto se dilató durante semanas y, finalmente, la presión ejercida por los morados torció el brazo de Transición Ecológica, que se avino a extender esta prohibición que, desde entonces, no ha vuelto a ponerse en cuestión.
El periodo de cómputo de las pensiones
Apenas unas semanas después, a principios de 2021, el Gobierno se vio inmerso en otra importante polémica, en esta ocasión a tenor de las pensiones. El Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá quiso incluir la propuesta de elevar de 25 a 35 años el periodo de la vida laboral que se utiliza para calcular la cuantía de la prestación en el plan remitido por el Gobierno a la UE sobre la reforma del sistema. Unidas Podemos se opuso terminantemente, y también lo hicieron los sindicatos, y por ello el ministerio que lidera José Luis Escrivá tuvo que dar marcha atrás.
Escrivá negó públicamente durante varios días que su departamento hubiera hecho una propuesta en esos términos y acusó a sus socios de Unidas Podemos de generar ruido mediático para perjudicarlo. Sin embargo, un borrador al que accedió en su momento 20minutos era claro y planteaba "ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, pasando de los 25 últimos años de referencia en 2022 hasta un máximo 35 años de manera progresiva". Y, además, concretaba que "el efecto medio de calcular la pensión sobre un máximo 35 años en lugar de 25 supondrá a las pensiones comprendidas entre la mínima y la máxima una reducción media de la pensión inicial del 6,3%".
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