La negociación entre PSOE y Unidas Podemos para elaborar un borrador de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene está lejos de concluir. El ala socialista del Gobierno transmite desde hace días en que las conversaciones van bien y que habrá acuerdo en una o dos semanas. Este miércoles, fue el propio presidente Pedro Sánchez quien aseguró que "puede garantizar" que habrá cuentas. Pero Unidas Podemos no es tan optimista, y la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, mostró públicamente su desacuerdo este miércoles: el pacto, dijo, está "lejos", y para concretarlo los morados exigen al PSOE que incluya una subida del impuesto de sociedades a grandes empresas.

Ambas formaciones llevan unas semanas negociando con discreción para intentar tener listo el proyecto de Presupuestos cuanto antes, en los plazos que la Constitución establece como límite para presentar el texto en el Congreso. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incluso se atrevió el martes a ofrecer un calendario y apuntó que lo previsto es que el Consejo de Ministros pueda aprobar las cuentas públicas en su reunión del 28 de septiembre o en la del 5 de octubre, para posteriormente llevarlas a la Cámara Baja, un calendario sobre el que Unidas Podemos llevaba días expresando en privado sus dudas.

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Belarra, no obstante, dio este miércoles un paso más e hizo públicos estos desencuentros. "Ahora mismo, el acuerdo de presupuestos entre los socialistas y Unidas Podemos está lejos", presionó la ministra de Derechos Sociales en una entrevista en TVE. Y detalló que, a juicio de los morados, el borrador de Presupuestos que plantea el PSOE adolece de una falta de "avances sustanciales" en "cuestiones importantes" para Unidas Podemos, como son la regulación de los alquileres en la largamente retrasada ley de vivienda o la puesta en marcha de la reforma fiscal comprometida en el pacto de coalición.

Precisamente ese último asunto es el que más preocupa a los morados de cara a la negociación de las cuentas. El PSOE parece reacio a plantear esta modificación impositiva en este momento, en el que la recuperación económica parece encarrilada. Y, por ello, los socialistas llevan meses insistiendo en que no se pondrá en marcha la reforma fiscal hasta que el comité asesor que ha nombrado el Gobierno para esta cuestión termine su informe. Unidas Podemos, en cambio, no quiere esperar y quiere incluir ya en estos Presupuestos el tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades para grandes empresas.

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En la actualidad, el tipo nominal del impuesto de sociedades -el que pagan todas las empresas por los beneficios que obtienen- está fijado en un 25%. No obstante, las compañías pueden beneficiarse de una serie de exenciones y beneficios fiscales y, en la práctica, las grandes empresas pagan, de media, un tipo real mucho más bajo que el que abona una pyme. Establecer un tipo mínimo del 15% busca atajar precisamente esa situación: el tipo nominal no se tocaría, pero las grandes empresas estarían obligadas a abonar al menos ese porcentaje de sus beneficios una vez aplicadas todas las exenciones y deducciones del impuesto.

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Belarra justificó este miércoles su intención de impulsar ya esta medida asegurando que, ahora mismo, en España se vive una "situación inconstitucional": la ocasionada por el hecho de que grandes empresas paguen "cero euros" en concepto de impuesto de sociedades en algunos ejercicios "mientras la gente normal paga de porcentaje medio de IRPF un 15 por ciento". "Para cumplir el acuerdo de Gobierno no hace falta esperar a los expertos", enfatizó la ministra en referencia a la actitud del PSOE.

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La posición de los socialistas, al menos hasta el momento, es la de no modificar el diseño de ninguno de los grandes impuestos en los Presupuestos de 2022. No obstante, tras las declaraciones de Belarra, este miércoles el presidente Sánchez optó por esquivar la pregunta que le realizaron al respecto y ni rechazó de plano la propuesta ni se comprometió con ella. "Cuando se conozca el detalle de los Presupuestos ustedes verán lo que contienen", señaló Sánchez, que explicó que el objetivo de las cuentas será "generar estabilidad, redistribuir el crecimiento" y "canalizar los fondos europeos".

El PSOE, eso sí, mantiene que el acuerdo con Unidas Podemos para el proyecto de cuentas está próximo, pese a las dudas de los morados. "Puedo garantizar que va a haber Presupuestos, vamos a presentarlos en tiempo y forma y con un objetivo claro: una recuperación justa", aseguró Sánchez, lo que implica que el Gobierno tiene una semana para cerrar el borrador y llevarlo al Congreso. El Ejecutivo tendrá que negociar allí con sus aliados parlamentarios -fundamentalmente, ERC, PNV y EH Bildu- los apoyos para sacar adelante las cuentas, y por ello el presidente insistió en que el actual contexto económico "obliga a todos los actores y grupos" a aprobarlos.

Precisamente este miércoles el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, terminó la ronda de reuniones con todos los grupos parlamentarios del Congreso que comenzó el martes como primera toma de contacto para sondear su posible apoyo a las cuentas. Y, en una entrevista en La Sexta, Bolaños contradijo a Belarra e insistió en el mensaje del PSOE: el acuerdo con Unidas Podemos para los Presupuestos, dijo, "no está tan lejos", y de hecho podría firmarse "en los próximos días".

Por su parte, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, calificó de "positiva" esta ronda de reuniones a excepción de lo relativo a los encuentros con PP y Cs, a quienes acusó de no haber mostrado "disposición" a llegar a acuerdos. Asimismo, Simancas, aunque no se pronunció sobre la propuesta concreta sobre el impuesto de sociedades, sostuvo que el PSOE es "partidario de una política fiscal progresiva y justa". "Nadie nos tiene que convencer, venimos convencidos ya de casa", enfatizó.

ERC y EH Bildu presionan

En cualquier caso, y aunque haya pacto entre socialistas y morados, a los Presupuestos aún les quedan muchas semanas de negociación por delante. Este martes, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, comenzó a tomar posiciones para las conversaciones que están por venir y avisó al Ejecutivo de que no debe dar por seguro su apoyo a los Presupuestos para 2022 sin contrapartidas como la futura ley audiovisual, que los independentistas quieren que sirva para "blindar" el catalán.

"Sería una actitud kamikaze darnos la espalda, el voto de ERC se suda", señaló Rufián. Y en la misma línea se pronunció su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que aseguró que su formación "va a tener una actitud responsable, de diálogo, constructiva y exigente en la negociación" pero exigió al Gobierno "pasar de las palabras a los hechos" y "acabar con la ley mordaza", "regular el precio de los alquileres" o "apostar por una fiscalidad justa". "No somos partidarios de líneas rojas y tampoco adelantar órdagos, pero no vamos a dar cheques en blanco", avisó.