Nuevo capítulo en el tira y afloja entre PSOE y Unidas Podemos en relación a la ley de vivienda. El Ministerio de Transportes del socialista José Luis Ábalos remitió este miércoles por escrito a los morados su propuesta para congelar los alquileres en zonas especialmente tensionadas, lo que implica descartar de nuevo la posibilidad de establecer un mecanismo para rebajar estos precios por ley. Pero la propuesta de Ábalos, además, incluye un matiz no menor, ya que abre la puerta a que los propietarios puedan incrementar el precio hasta en un 10% en las zonas tensionadas cuando firmen un contrato con un nuevo inquilino.

La oferta remitida por Transportes al Ministerio de Derechos Sociales es, en esencia, la misma que lleva planteando Ábalos varias semanas, aunque esa modificación no se había conocido hasta ahora. El PSOE ofrece que, en las zonas que se determinen como tensionadas, los inquilinos puedan acogerse a prórrogas anuales de su contrato durante un máximo de tres años cuando este venza, lo que en la práctica supondría que el precio de estos alquileres quedase congelado para los contratos ya en vigor. Para los nuevos, no obstante, se permiten subidas del 10% "sobre la última renta del contrato anterior", apunta el documento.

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Fuentes de Transportes aseguran que esta excepción ya se planteaba en su anterior propuesta, que establecía que la limitación del 10% en el aumento de las rentas para nuevos contratos sólo afectaría si el propietario del piso fuera una persona jurídica. Fuentes de la negociación, por su parte, sostienen que los socialistas aceptaron establecer un mecanismo de congelación de los alquileres, sin mencionar esa posibilidad de aumentar un 10% el precio a los nuevos inquilinos. Y fuentes de la parte socialista del Gobierno transmitieron hace dos semanas que los precios de los alquileres en zonas tensionadas se mantendrían congelados tanto para los contratos que se prorrogaran como para los nuevos.

En cualquier caso, Transportes considera que la propuesta remitida este miércoles "cumple escrupulosamente los acuerdos firmados y tiene como gran objetivo acabar con la subidas abusivas, contener rentas y conseguir bajar alquileres". Unidas Podemos, no obstante, opina que el pacto suscrito en octubre es claro y establece la necesidad de poner en marcha topes de precios que obliguen por ley a bajar los alquileres. En concreto, PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a diseñar "mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los existentes".

La última oferta de Transportes, además, mantiene los incentivos fiscales a propietarios que ya propuso Ábalos hace unos meses, que implicarían ofrecer exenciones a los caseros que bajaran el precio de sus viviendas en las zonas tensionadas a la hora de pagar el IRPF por los beneficios obtenidos por el alquiler. La rebaja sería del 60% en el caso de que se alquilen viviendas recientemente rehabilitadas, subiría al 70% si se alquilase un piso a menores de 35 años o no se incrementase el precio durante al menos diez años, y llegaría hasta una deducción del 90% del impuesto si se reduce el precio al menos una décima parte con respecto al contrato anterior.

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Para Unidas Podemos, no obstante, esta oferta sigue siendo del todo insuficiente. "La única manera de bajar los precios es con índices de referencia, no con incentivos fiscales, seguimos trabajando para cumplir con lo pactado", expresó tras conocer la propuesta la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que desmintió que hubiera acuerdo con el PSOE.

Los morados proponen establecer límites de precios en base a los índices de precios del alquiler con los que cuentan varias comunidades o, en su defecto, al índice diseñado por el propio Ministerio de Transportes. Esta herramienta ofrece una referencia sobre los precios que existen en cada zona y su evolución, y para elaborarlo se tuvieron en cuenta más de 11 millones de arrendamientos de los últimos cuatro años con datos (2015, 2016, 2017 y 2018). El índice ofrece información sobre la el precio por metro cuadrado en cada zona, la cuantía que pagan de media los inquilinos por sus alquileres o la superficie media de los inmuebles arrendados.

Según explican fuentes de Unidas Podemos, su propuesta plantea fijar en las zonas tensionadas topes de precios vinculados a estas medias, con lo que "los alquileres de los nuevos contratos" estarían obligados a bajar hasta la cifra que se determine "si el precio anterior era superior", aunque el Gobierno admite que sería problemático a nivel legal forzar a rebajar el precio de los contratos ya en vigor. Además, señalan los morados, "si el precio del contrato anterior estaba por debajo del índice" el propietario no podría subirlo hasta el tope establecido por la administración, sino que tendrá que mantenerlo igual.