La negociación de la ley de vivienda ha experimentado ciertos avances en las últimas fechas, pero sigue sin terminar de cerrarse por una razón muy concreta: la regulación del precio de los alquileres. Después de varios meses de tira y afloja, el PSOE se abrió hace unas semanas a congelar el precio de los arrendamientos en las zonas que se consideren especialmente tensionadas. Pero Unidas Podemos insiste en que lo único que cumple el pacto firmado entre ambos es establecer un mecanismo que no solo congele, sino que sirva para rebajar los precios, algo que los socialistas no contemplan.

El propio ministro de Transportes, José Luis Ábalos, lo dejó claro la semana pasada en el Congreso: su objetivo, dijo, es "frenar las subidas abusivas de precios en zonas tensionadas". 

El uso de ese verbo, "frenar", no es casual, ya que implicaría renunciar a reducir los precios y únicamente se impediría subirlos por encima de los ya vigentes, tanto para nuevos contratos como para inquilinos antiguos. Pero Unidas Podemos se ha conjurado para no ceder en este asunto, al menos por el momento. Y, para redoblar la presión, los morados remitieron la semana pasada a Transportes un borrador de este mecanismo de rebaja de precios al que ha tenido acceso 20minutos.

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¿Qué precios podrían limitarse?

La propuesta establece que no todos los alquileres estarían sujetos a un límite de precios, sino solamente los de los inmuebles situados en zonas de mercado "especialmente tensionado". Estas zonas las determinarían "las administraciones competentes en materia de vivienda", es decir, comunidades y ayuntamientos. Y en ellas regirían los precios marcados en "el índice oficial de referencia".

¿A qué propietarios se aplicaría el tope de precios?

Dentro de la zona de mercado tensionado, a todos los que firmen nuevos contratos, ya que el Gobierno admite que sería problemático a nivel legal forzar a rebajar el precio de los contratos ya en vigor. 

Además, se prohibiría subir el precio a quienes tuvieran inmuebles alquilados por un precio inferior al que se marque como tope, aunque sí se les permitiría actualizar el arrendamiento con el índice de garantía de competitividad, una cuantía establecida oficialmente que en ningún caso podría ser superior al IPC.

¿Y si el piso se alquila por habitaciones?

A efectos de la limitación, daría igual: si el inmueble estuviera en una zona tensionada y sujeta a topes de precios, la suma de las cuotas pagadas por los inquilinos al propietario no podría superar el coste máximo fijado por la administración. 

Es decir: si una casa de tres habitaciones del mismo tamaño tuviera un precio tope de 900 euros, cada una de ellas podría ser alquilada a un precio máximo de 300 euros.

¿Quién establecería el índice de precios?

Unidas Podemos plantea en su borrador que "los índices oficiales de referencia de precios de alquiler aplicables en las áreas declaradas de mercado tensionado serán elaborados por la comunidad autónoma", con el fin de que incluyan datos más precisos. 

No obstante, fuentes de la formación morada matizan que, en caso de que la comunidad no tenga un índice propio o esté elaborándolo, se utilizaría como referencia el índice de precios puesto en marcha el año pasado por el Ministerio de Transportes para toda España.

¿Cómo se determinaría el precio máximo?

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El precio máximo se establecería a partir de este índice, el cual a su vez "se fijará atendiendo a las rentas de los contratos de alquiler de vivienda habitual habitacional del área declarada de mercado tensionado". 

La propuesta, así, da autonomía para que sean las administraciones las que determinen la metodología concreta para establecer el tope de precios, aunque siempre tiene que estar vinculada a un índice que tenga en cuenta las cuotas que se pagan en esa zona concreta.

Las administraciones, además, tendrían un pequeño margen para permitir que los propietarios pudieran incrementar ligeramente -un 2,5% como máximo- el precio por encima del tope que se determinara. 

Podría hacerse, señala el borrador, "ponderando circunstancias como el estado de conservación y mantenimiento de la vivienda, su antigüedad, altura, accesibilidad o no mediante ascensor, eficiencia energética, proximidad de acceso a transporte y servicios públicos, inclusión o no de mobiliario o de anexos, zonas comunitarias de uso compartido, renta familiar disponible de la zona, y otras".

¿Y si el propietario se salta el límite de precios?

En tal caso, el inquilino tendría el derecho de reclamarle las cantidades pagadas de más y, además, una compensación, cuya cuantía sería la del interés establecido legalmente con un recargo de tres puntos.