PSOE y Unidas Podemos comienzan a dar pasos, aún tímidos, para desencallar la negociación de la ley de vivienda en lo relativo a la regulación de los alquileres. Después de meses de bloqueo, los socialistas han aceptado que la norma permita a los ayuntamientos congelar los precios de los arrendamientos en las zonas que determinen como "especialmente tensionadas", tanto en el caso de nuevos inquilinos como en el de arrendatarios que renueven su contrato. Los morados celebran el paso, pero no lo consideran suficiente y exigen un mecanismo para poder establecer en esas zonas precios máximos que estén por debajo de los que ya existen.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el titular de Transportes, José Luis Ábalos -los dos máximos responsables de los ministerios que están elaborando la norma- se reunieron la semana pasada para tratar de desbloquear una negociación que ya va por su tercer mes de retraso con respecto al plazo inicialmente previsto. Y fuentes de Unidas Podemos celebran que "por primera vez" el PSOE haya cedido tras ese encuentro a establecer "una regulación de los precios del alquiler".

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Tal y como publicó este diario, los socialistas, sin renunciar a su propuesta de ofrecer incentivos fiscales a propietarios que bajen el precio de sus viviendas, ya ofreció hace dos semanas incluir en la ley un mecanismo por el cual los contratos de alquiler de viviendas en zonas tensionadas se prorrogarían automáticamente con el mismo precio si el inquilino así lo quisiera cuando fuese a vencer. La novedad ahora es que, si hubiera un nuevo inquilino en lugar de mantenerse el antiguo, también se mantendría ese precio. No obstante, fuentes del PSOE mantienen que ya la oferta inicial planteaba ese extremo.

Esa medida facilitaría la contención de los precios en las zonas en las que más disparados estuvieran, pero implicaría que se renunciase a forzar su rebaja. Y, para Unidas Podemos, ese sigue siendo un objetivo irrenunciable. Fuentes moradas también se quejan de que la última propuesta del PSOE "no daría cobertura a la ley catalana de vivienda, la primera en regular los precios del alquiler en España, que está logrando importantes resultados en Barcelona y otros municipios".

En el acuerdo firmado en octubre entre socialistas y morados, ambos se comprometieron a establecer "mecanismos de contención o, eventualmente, bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes". La última propuesta del PSOE supone cumplir el punto de la contención de precios, pero no el de la bajada.

Los movimientos presionan

Este avance, no obstante, no resulta suficiente para los movimientos sociales en defensa del derecho a la vivienda, muy soliviantados en los últimos días a causa de la decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley catalana de vivienda, que fija la posibilidad de establecer límites de precios en esa comunidad. Y, de hecho, el Sindicato de Inquilinos anunció este miércoles a las puertas del Congreso que elaborará y presentará su propio texto legislativo en vista de que la negociación de la ley entre PSOE y Unidas Podemos no acaba de concretarse, aunque no detalló si lo hará a través de una iniciativa legislativa popular o vehiculándola a través de algún grupo parlamentario.

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"Para el Gobierno, garantizar el derecho a la vivienda ha dejado de ser prioritario", denunció el colectivo, que acusó al Ejecutivo de ser "insensible a las lagunas de las medidas de protección que han permitido, incluso en pandemia, que siguiese habiendo desahucios". "No podemos esperar más, por eso este giro que esperamos poder hacer realidad con el respaldo de los grupos parlamentarios que han dado su apoyo a la iniciativa desde sus inicios", señala el Sindicato de Inquilinos. Entre esos grupos están precisamente la mayoría de los aliados parlamentarios del Gobierno: ERC, EH Bildu, Compromís o la propia Unidas Podemos.

La norma que diseñará el colectivo, según seña el propio Sindicato de Inquilinos en un comunicado, incluirá la "regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio", así como la prohibición permanente de los desahucios sin alternativa habitacional, que se complementaría con la obligación por ley a los grandes propietarios de poner en marcha alquileres a precio regulado para evitar estos desalojos. "Con nuestros derechos más fundamentales cada vez en más peligro, es imprescindible que la ley por el derecho a la vivienda incorpore estas demandas, blinde las legislaciones autonómicas y dé cumplimiento a la Constitución", señala el grupo.