La nueva ley de infancia prohibirá la exploración genital y los desnudos para determinar edad de los menores

El Congreso aprueba la ley de infancia
Niños jugando en un parque en una fotografía de archivo.
Europa Press

La ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia prohibirá recurrir a desnudos integrales o exploraciones genitales para determinar la edad de un menor, de acuerdo con las enmiendas registras en el Senado.

El PSOE y el PP proponen incluir cambios en la norma con ese objetivo, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo y de organismos internacionales, entre ellos el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

La ley, con trámite de urgencia, podría estar aprobada en el mes de mayo, ya que se espera que esté lista para votación durante el pleno del próximo 11 y 12 de la Cámara Alta y enviarla al Congreso para su aprobación definitiva, explican a Efe fuentes parlamentarias. Los socialistas plantean además limitar al máximo en los centros de menores las medidas de contención física, que no podrán aplicarse a menores de 14 años o adolescentes embarazadas.

De acuerdo con sus enmiendas, la inmovilización física del menor solo podrá realizarse en última instancia y bajo un estricto protocolo y, de forma excepcional, en centros de menores con trastorno de conducta se podrá recurrir a la sujeción de las muñecas con equipos homologados. Se prohíbe sujetar o atar al menor a un objeto fijo o anclado, como la cama u otro mueble y, en cualquier caso, si se aplican medidas de contención que exigen el uso de la fuerza habrá que informar de forma inmediata al juzgado de menores y a la Fiscalía y realizar una exploración médica en un plazo de 48 horas.

Enmiendas presentadas

En cualquier caso, si se aplican medidas de contención que exigen uso de la fuerza se hará una exploración médica del menor en un plazo máximo de 48 horas y se informará de forma inmediata al juzgado de menores y a la Fiscalía. El PSOE, que ha presentado 27 enmiendas al proyecto de ley de protección a la infancia frente a la violencia en el Senado, propone también crear en seis meses un Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia.

Por su parte, el PP ha registrado 111 enmiendas para que la ley sea "más accesible y garantista" y refuerce la asistencia y la protección de los menores, ha dicho a Efe el portavoz popular en la Comisión de Derechos Sociales, Bienvenido de Arriba, que ha reclamado una dotación presupuestaria real para que esta ley "no se quede en una declaración de buenas intenciones". La formación popular pide que se reconozca el matrimonio infantil o la trata con fines de explotación sexual como formas de violencia hacia los menores, que se priorice el acogimiento familiar y los recursos residenciales sean la "última" opción y que se refuercen los centros de protección para que sean "entornos seguros libres de violencia".

Asimismo, el PP quiere que se cree una jurisdicción especializada en Infancia, Familia y Capacidad que cuenten a su vez con plazas concretas para los menores víctimas de explotación sexual y trata de personas sujetas a medidas de protección o tutela.

Por su parte, Ciudadanos ha presentado una decena de enmiendas, muchas de ellas de mejora técnica a la redacción de algunos artículos de la ley. La formación pide que se amplíe a todos los menores que solo tengan que declarar una vez durante la investigación, que ahora se establece solo para los menores de 14 años.

Así, propone modificar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para establecer la exploración como prueba constituida para todas las víctimas menores de edad, no solo las menores de catorce años, con la finalidad de minimizar la victimización secundaria de estos menores y que ésta se haga por personas expertas.

Además, C's defiende extender el derecho de asistencia jurídica gratuita de los menores víctimas de violencia a todos los procedimientos en los que sean parte o les afecten, no solo judiciales. Ciudadanos reclama además desarrollar programas de formación y sensibilización a adultos y menores para "la promoción intrafamiliar del matrimonio infantil, el abandono de los estudios y la asunción de compromisos laborales y familiares no acordes con la edad".

En los casos de los niños tutelados, reclama dotación suficiente para el cumplimiento de las obligaciones de la ley y que el coordinador de bienestar y protección que debe haber en los centros vele por la aplicación de estas políticas internas de control, detección e intervención.

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