El Gobierno aprueba la 'Ley Rhodes': delitos no prescribibles hasta los 30 años, otras penas en robo de menores...

  • Pretende establecer un marco jurídico especial para proteger a los niños y adolescentes de posibles abusos.
  • Uno de los puntos modifica el tipo penal de sustracción de menores, por el que se acusó a Juana Rivas. 
  • Los delitos graves cometidos contra los menores no empezarán a prescribir hasta que la víctima tenga 30 años.
  • ¿Por qué ha bautizado Pablo Iglesias el proyecto como 'Ley Rhodes'?
El miedo de las niñas y los niños expuestos a la violencia tiene repercusiones de por vida.
El miedo de las niñas y los niños expuestos a la violencia tiene repercusiones de por vida.
PIXABAY
El miedo de los niños expuestos a la violencia tiene repercusiones de por vida.
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El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, anunció el pasado jueves la próxima aprobación en el Consejo de Ministros de este martes 9 de junio la ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia; proyecto que ha bautizado como "Ley Rhodes" y que ha sido una de las prioridades de su departamento desde que tomó posesión de su cargo.

"La aprobación de esta ley va a ser un paso histórico para que las generaciones actuales y futuras de niños, niñas y adolescentes puedan crecer libres de violencia", aseveró Iglesias, destacando que "no sólo va a contribuir a frenar la reproducción de una realidad execrable, como es el maltrato y la violencia contra niños, sino que también va a ayudar a prevenir muchas de las peores consecuencias físicas, emocionales y psicológicas".

La Ley Rhodes pretende establecer un marco jurídico especial para proteger a los niños y adolescentes de posibles abusos; e incluye medidas de prevención, actuación en el nivel educativo, apoyo familiar, servicios sociales, sanidad, regulación de la publicidad, redes sociales, justicia, entre otras.

Ley de Protección a la Infancia
Ley de Protección a la Infancia
Henar de Pedro

Según el Anteproyecto de Ley al que ha tenido acceso 20minutos, la ley se estructura en 58 artículos, que fomentan "todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas necesarias para proteger al niño, niña o adolescente frente a cualquier forma de violencia, perjuicio, abuso físico o mental, descuido o negligencia, malos tratos o explotación". 

Claves de la ley Rhodes

Con este nuevo proyecto, los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia tendrán derecho a obtener información -de acuerdo con su situación personal y grado de madurez-, asesoramiento, apoyo y atención terapéutica, así como la posibilidad de "personarse en los procedimientos judiciales que se sigan", cuya asistencia será gratuita. Además, promueve también la formación especializada a jueces y fiscales "en materia de derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia".

Uno de los puntos destacados de esta ley es la extensión del tiempo de prescripción "de los delitos más graves cometidos contra las personas menores de edad, modificando el día de comienzo de cómputo del plazo: el plazo de prescripción se contará a partir de que la víctima haya cumplido los 30 años de edad", que hasta ahora empezaba a contar cuando la víctima cumplía los 18 años. 

Además, "se endurecen las condiciones para el acceso al tercer grado de clasificación penitenciaria, a la libertad condicional y a los permisos penitenciarios" de aquellas personas que han sido condenadas por delitos que atenten contra  indemnidad y libertad sexuales de personas menores de dieciséis años. Y, a los condenados por asesinato, se les privará de la patria potestad, cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo o una hija y cuando la víctima fuera hijo o hija del autor.

En el caso de que la víctima que deba declarar en un juicio y sea menor de 14 años o presente alguna discapacidad, podrá hacerlo tan solo una vez para "evitar que tenga que declarar reiteradamente, a lo largo del procedimiento penal". 

La ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, además, incluye en los delitos de odio la edad como causa de discriminación, así como la aporofobia y la exclusión social -un fenómeno social en el que en la actuación delictiva subyace el rechazo, aversión o desprecio a las personas pobres-, dentro de estos tipos penales.

Se modifica también el tipo penal de sustracción de personas menores de edad, permitiendo que puedan ser sujeto activo tanto el progenitor con el que viva el menor, como con el que tenga en su compañía en un régimen de estancia. Hasta ahora, se contemplaba como delito solo si la acción era llevada a cabo por el progenitor que no es titular de la custodia, como fue el caso de Juana Rivas, la mujer condenada a cinco años de cárcel por negarse a permitir que sus hijos regresasen a Italia con su padre, al que acusó de violencia de género y psicológica contra los menores. 

Sensibilización, prevención y detección precoz

Para erradicar la violencia, se elaborará una estrategia en colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales, y se reforzarán las actuaciones de sensibilización, detección precoz y prevención con planes y programas públicos, "dotados presupuestariamente y que prioricen a los colectivos más vulnerables".

Asimismo, y en línea con el objetivo de prevenir los factores de riesgo, se promoverá la labor educativa de las familias, y el "buen trato, la parentalidad positiva, la adquisición de competencias emocionales, de negociación y resolución de conflictos en base a la situación y necesidades de los progenitores, o en su caso, de las personas tutoras o guardadoras o acogedoras".

Otra de las novedades de la ley es la creación de la figura de un coordinador o coordinadora en los centros educativos, que, con el fin de detectar y evitar el acoso escolar, ciberacoso, a coso sexual, violencia de género y cualquier otra forma de violencia, actúen cuando se presente un mínimo indicio de ellos. Otra figura nueva será la del delegado de protección, en las entidades que ofrecen actividades deportivas o de ocio, tales como extraescolares, para que informen y apoyen a los menores los protocolos de actuación frente a la violencia. 

En los centros educativos, además, deberá facilitarse a todos los alumnos en el inicio de curso, toda la información que explique cómo proceder en situaciones de violencia, así como las líneas telefónicas de ayuda. 

Se establece el deber de comunicar cualquier situación de violencia

Asimismo, como ya adelantó Iglesias, se establece el deber de todos los ciudadanos, de "comunicar cualquier situación de violencia sobre niños, niñas o adolescentes a la autoridad competente, aún cuando no sea constitutiva de delito", un deber que se configura de una forma más exigente para los profesionales que suelan estar más en contacto con menores de edad y que se verá reforzada con la nueva medida que establece que los funcionarios de servicios sociales alberguen la condición de agentes de la autoridad.

Protección de la imagen y los datos personales

La nueva ley también contempla algunas medidas que limitan el contenido publicitario y establece la prohibición de la publicidad que por sus características pueda provocar en los menores "conductas violentas" o que integren "una serie de estereotipos de carácter sexista, racista, estético o de carácter homofóbico o transfóbico".

También se contemplan nuevos tipos delictivos para evitar la impunidad en conductas realizadas a través de medios tecnológicos y de la comunicación, "que producen graves riesgos para la vida y la integridad de las personas menores edad, así como una gran alarma social", y que pretende perseguir los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio.

De esta forma, se regula un canal específico de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos que garantice la protección de datos personales y la rápida retirada de Internet los contenidos que atenten gravemente contra el mismo.

Comisión de Seguimiento

Para garantizar la aplicación de esta ley se ha creado un nuevo órgano, la Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia, que cooperará con las administraciones públicas en una Comisión de Seguimiento que se encargará de analizar su puesta en marcha, sus repercusiones jurídicas y económicas y evaluar su impacto.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a nivel estatal, autonómico y local contarán con unidades especializadas en la sensibilización, prevención y detección precoz de situaciones de violencia.

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