El Gobierno se plantea que el 9 de mayo sea el último día en el que las empresas suministradoras tengan prohibido cortar la luz, el agua y el gas a las familias vulnerables que no puedan pagarlos. Así lo confirman a 20minutos fuentes del Ejecutivo, que explican que aún no está tomada la decisión sobre qué ocurrirá con esta medida, que está previsto que caduque el 9 de mayo, cuando decaiga el estado de alarma. El Ministerio de Transición Ecológica no aclara su posición, mientras Unidas Podemos presiona para alargar la prohibición.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles en el Congreso que prorrogará hasta agosto el veto a los desahucios en los que los afectados no puedan ser realojados por la administración en una vivienda alternativa. Sánchez también anunció que se extenderá hasta ese mismo agosto la posibilidad de que los inquilinos con dificultades económicas soliciten una moratoria o condonación parcial de su alquiler, siempre que su casero sea propietario de más de 10 viviendas.

El Gobierno aprueba la prohibición de los desahucios y de los cortes de luz, agua y gas hasta el 9 de mayo

Esas dos medidas fueron aprobadas en diciembre, tras una dura negociación entre PSOE y Unidas Podemos. Pero, junto a ellas, también se incluyó en el decreto la prohibición de cortar los suministros de luz, agua y gas "a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social". Este veto se incluyó después de que los morados vencieran las resistencias del Ministerio de Transición Ecológica, reacio a aprobarlo. Y Sánchez no mencionó esta medida el miércoles entre aquellas que tiene decidido prolongar tres meses.

Consultado por este diario, Transición Ecológica no contesta a la pregunta de si se ha tomado una decisión sobre prorrogar el veto a los cortes de suministros. Pero otras fuentes del Gobierno confirman que, así como sí es seguro que se alargarán las medidas sobre desahucios y alquileres, no hay una decisión tomada en relación a la garantía de luz, agua y gas. Esta incertidumbre divide al Ejecutivo, ya que los ministros de Unidas Podemos exigen que esta medida se extienda y, además, que tanto la prohibición de cortar los suministros como las medidas de protección ante los desahucios y la moratoria de alquileres se prorroguen hasta diciembre y no solo hasta agosto.

"Para nosotros la prórroga de la prohibición de cortar los suministros básicos es fundamental, porque no podemos entender el derecho a una vivienda digna si no se incluyen los suministros: una vivienda tiene que tener garantizada una temperatura adecuada y que la gente tenga agua y luz", sostienen a este respecto las fuentes de Unidas Podemos consultadas en el Gobierno. 

Los cortes de suministros, una vieja batalla

La prohibición de cortar los suministros básicos es una medida que ya ha provocado serias diferencias en el seno del Ejecutivo desde que comenzó la pandemia. El pasado diciembre, de hecho, la medida solo se incluyó en el decreto antidesahucios a última hora, después de semanas de tira y afloja entre Unidas Podemos y Transición Ecológica, que primero se opuso a prohibir cualquier corte, después abrió la puerta a garantizar solo la energía eléctrica y, finalmente, transigió también con garantizar el suministro de agua y de gas.

Por el contrario, la posición del Ministerio que lidera Teresa Ribera se impuso en septiembre del año pasado, cuando el Gobierno prorrogó por primera vez la prohibición de desahuciar a familias vulnerables -en aquel momento, solo a las afectadas por la crisis de la Covid-19- y la extensión automática de los contratos de alquiler que expirasen. Pese a la presión de Unidas Podemos, Transición Ecológica sustituyó la prohibición de cortar los suministros de luz, agua y gas por una ampliación del bono social eléctrico.