El PSOE acepta que no haya desahucios hasta mayo, pero no cede con el corte de los suministros

  • El Consejo de Ministros aprobará por decreto la prohibición de los desahucios mientras dure el estado de alarma.
  • El acuerdo lo cerraron este miércoles PSOE y Unidas Podemos, tras semanas de tensiones.
  • Mientras Podemos exige también su prohibición, la vicepresidenta socialista, Teresa Ribera, mantiene su rechazo.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (3d), el ministro de Sanidad, Salvador Illa (1d), la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero (2i), la vicepresidenta Carmen Calvo (1i) y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera (2d), en el Consejo de
Jose Maria Cuadrado Jimenez

Fumata blanca en la negociación. PSOE y Unidas Podemos alcanzaron este miércoles un acuerdo por el que el Gobierno prohibirá, mientras dure el estado de alarma (hasta el mes de mayo), desahuciar a familias vulnerables que no tengan una alternativa para ser realojadas. Serán las comunidades autónomas las encargadas de buscar este nuevo alojamiento a quienes sufran un desahucio, mientras los servicios sociales de cada ayuntamiento determinarán cuándo una familia puede considerarse vulnerable.

A diferencia del decreto actualmente vigente, la prohibición de los desahucios beneficiará tanto a las familias que se hayan visto súbitamente empobrecidas por la crisis económica derivada de la Covid-19 como a aquellas que ya tuvieran problemas económicos previos. Si los afectados por un desahucio lo piden, los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente un informe a los servicios sociales que determine si la familia es vulnerable, cuya conclusión será vinculante. Y a estas familias se les tendrá que proporcionar una alternativa habitacional o suspender el desahucio. Esta alternativa deberá ser "digna", lo que implica que no podrá ser en un albergue, confirman fuentes del Gobierno.

También estará prohibido durante los próximos meses desahuciar sin proporcionar una alternativa habitacional a las personas vulnerables que hayan okupado una vivienda propiedad de un "gran tenedor", es decir, un propietario con diez o más inmuebles vacíos (fundamentalmente, empresas y bancos). En estos casos, las comunidades tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para la familia vulnerable, y durante ese tiempo los afectados podrán seguir residiendo en el domicilio okupado.

Esta última medida no cubrirá a quienes okupen viviendas deshabitadas de pequeños propietarios, y tampoco a quienes residan irregularmente en un inmueble de una empresa o un banco sin tener una situación económica comprometida. Esa consideración la tendrán que hacer los servicios sociales.

Ribera rechaza prohibir los cortes de luz, agua y gas a familias vulnerables como exige Podemos

La negociación entre PSOE y Podemos en relación a los suministros básicos se encuentra totalmente estancada. La formación morada insiste en pedir a los socialistas que, mientras dure el estado de alarma (previsto hasta mayo), se vuelva a prohibir que se corten la luz, el agua y el gas a los hogares vulnerables, como ya se hizo entre marzo y junio. Pero el Ministerio de Transición Ecológica, del que depende la medida, rechaza esa posibilidad y únicamente se abre a ampliar el alcance del bono social eléctrico, así como a extender su protección a los suministros de agua y gas con un nuevo bono multisuministro.

Fuentes de ese departamento confirman a 20minutos que, ahora mismo, no están estudiando prohibir los cortes de suministros básicos. Y la negativa del departamento que dirige la vicepresidenta cuarta Teresa Ribera está generando serias tensiones con Unidas Podemos, que critica que el PSOE se niegue a poner en marcha la medida cuando la situación es aún más acuciante que en marzo, ya que ahora comienzan los meses más fríos del año.

A pesar de que anteayer la ministra portavoz, María Jesús Montero, aseguró que el Gobierno está "trabajando" en la "dirección" de prohibir el "corte de suministro de luz, agua o calefacción", Ribera solo ofrece ampliar de cuatro a seis meses el tiempo de preaviso que las eléctricas están obligadas a respetar antes de cortar la luz a los hogares beneficiarios del bono social.

Fuentes de Transición Ecológica reivindican, además, que la subida del Iprem en los Presupuestos Generales del Estado permitirá a más personas acceder a este bono social. Y apuntan que se están estudiando con la vicepresidencia segunda fórmulas para que los servicios sociales puedan gestionar este descuento a potenciales beneficiarios que no saben que pueden disfrutarlo.

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