El Consejo de Europa ha instado este lunes a España a que modifique la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', porque considera que tiene un "potencial represivo" por aspectos como el poder que se confiere a la policía, las identificaciones individuales, las elevadas multas que contempla o el hecho de que en ofensas que son consideradas "criminales" no haya un "juicio justo" y prevalezca el informe criminal. También cuestiona algo avalado por el Tribunal Constitucional, las 'devoluciones en caliente' el rechazo de inmigrantes en Melilla y Ceuta, que esta institución considera "condicional constitucional".

Estos elementos se incluyen en la opinión formulada por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa a una consulta sobre la 'Ley Mordaza' que se le planteó por primera vez en 2015 por la Asamblea Parlamentaria de esta institución, con sede en Estrasburgo. Según determina, la ley "conduce a abusos en la práctica" por lo que considera que "debe cambiarse, acotarse o acompañarse por salvaguardas adicionales, incluso si en teoría es constitucionalmente aceptable".

La sustitución de la 'Ley Mordaza' por otra que "garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica" es un compromiso que figura en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, pero que no ha sido una prioridad en el último año. La reforma legislativa se encuentra en comisión parlamentaria y el Consejo de Europa espera que se tengan en cuenta sus opiniones sobre el papel de la policía, la prohibición de manifestaciones no autorizadas o las elevadas multas, que pueden llegar a 600.000 euros, una cantidad que "parece demasiado elevada en el contexto español".

Según la Comisión de Venecia, la ley "confiere a la policía amplios poderes pero no indica en qué situaciones tienen que utilizarse o qué medidas se pueden tomar". Pide también que se refuerce el mecanismo interno para ayudar a la Policía a "identificar patrones de abuso de poder, abusos y facilitar inspecciones a los policías".

Entre los posibles "abusos de poder", cita los "controles arbitrarios de DNI o la identificación discriminatoria" y entronca con otros elementos que cuestiona la Comisión de Venecia, los controles personales y los cacheos basados en "sospechas individuales".

Por otra parte, estima que las "autoridades deberían tolerar manifestaciones espontáneas", aunque no se hubiera pedido autorización previamente. Siempre que no haya un "riesgo cierto de desorden sustancial".

Tampoco cree que los promotores de una manifestación tengan que pagar por los desórdenes que puedan causar otros durante la misma y considera "bastante elevadas" las multas, de hasta 600.000 euros, por lo que pide a las autoridades españolas que las "reconsideren", más cuando el delito de "desobediencia a las autoridades" que se contempla en la ley puede tratarse de "libertad de reunión" para el Consejo de Estado.

Además, apunta que la ley "caracteriza de criminal en esencia" las faltas por las que multa. En este caso, cree que debería haber también un "juicio justo" y rechaza la "presunción de veracidad de los informes de policía" en los que se basa la imposición de multas.

El último elemento que cuestiona la Comisión de Venecia sobre la Ley de Seguridad Ciudadana tiene que ver con las llamadas "devoluciones en caliente", de inmigrantes en la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos a los que Policía y Guardia Civil impiden entrar en territorio español y, por tanto, que se determine si estas personas tenían derecho a pedir asilo.

Aquí, "reconoce que España está en una difícil situación de tener que defender sus fronteras y al mismo tiempo cumplir con sus obligaciones bajo la Ley Internacional". Sin embargo y a pesar de que el Constitucional avaló esta práctica, considera que los "agentes no deberían proceder con el rechazo en la frontera si ven que la persona tiene razones convincentes para no recurrir a los procedimientos ordinarios para pedir asilo".