El salto de Pablo Iglesias, todavía vicepresidente segundo del Gobierno, a la política madrileña ha llenado de interrogantes su futuro político, pero también puede afectar a su futuro judicial. El Tribunal Supremo ya ha rechazado imputarle por el caso Dina, pero el juez de la Audiencia Manuel García Castellón podría volver a probar suerte porque, en caso de que se convierta en diputado raso de la Asamblea madrileña, ya no dependerá del Alto Tribunal, sino del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). "Dependerá de un juzgado escorado hacia el PP. O a eso tiende", aseguran algunas voces parlamentarias de la Comunidad en una conversación con 20Minutos. Recuerdan que el nombramiento de uno de cada tres jueces del ente le corresponde a la Asamblea de Madrid, aunque el Ejecutivo presentó una proposición de ley que lo “despolitizaba”. Otras fuentes luego matizan que es un juzgado que no imputa fácilmente.

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El líder de Podemos, como cualquier otro diputado del Congreso de los Diputados, está aforado ante el Tribunal Supremo. Esto significa que cualquier causa judicial que tenga abierta o se abra contra él debe dilucidarse en el Alto Tribunal. Hasta ahora, esta ha sido la vía utilizada por Castellón, que no ha dado resultado. El magistrado pidió la imputación del vicepresidente en octubre del pasado año por cometer presuntamente los delitos de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa. 

Sin embargo, el Alto Tribunal lo rechazó al entender que el trabajo de la Audiencia estaba inacabado. Le pidió, además, que citase a la afectada, la exasesora Dina Bousselham, aunque este ha solicitado primero otro informe pericial. Y es que, la exasesora ha defendido a Iglesias en línea con la Sala de lo Penal de la Audiencia, que decidió devolverle la condición de perjudicado que le quitó Castellón. "Somos víctimas perjudicadas", dijo Bousselham.

Sin embargo, ese 'privilegio' del que disfrutan los diputados de la Cámara Baja lo ostentan de manera diferente los diputados de la Asamblea de Madrid, a la que Iglesias aspira a entrar con la lista de Unidas Podemos. En el caso de estos últimos, su aforamiento está supeditado a las decisiones del TSJM. Las fuentes consultadas añaden en este punto que, pese al "escoramiento" que comentan, "cierto es que es un tribunal un poco conservador a la hora de imputar". 

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En caso de ser diputado autonómico, también cabe destacar que se pierde otro tipo de protección: el suplicatorio. Y es que, en el caso de que algún juez decida investigar a un diputado nacional, le tiene que pedir permiso al Congreso, que debe votar si permite que se continúe con la investigación o no, aunque raramente el resultado de esta votación es negativo. Los últimos ejemplos han sido los de Laura Borrás, de JxCAT, y Alberto Rodríguez, de Podemos.

No obstante, el futuro de Iglesias podría seguir ligado al Supremo gracias a dos excepciones. La primera, que sea designado senador por Madrid, que le volvería a otorgar el aforamiento ante el Senado. La segunda, que fuera presidente de la Comunidad, vicepresidente o consejero. Así lo estipula el artículo 25 del Estatuto de Autonomía de Madrid: "La responsabilidad penal del presidente del Gobierno, vicepresidente y los consejeros será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. No obstante la de los Vicepresidentes y Consejeros para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid". 

Como ejemplo de esto resalta el de Jaime Taboada. El popular fue número 3 de Cristina Cifuentes y, cuando le cesó como consejero de Medio Ambiente por las sospechas de Púnica, le designaron senador.

Las causas judiciales pendientes

El caso Dina no es el único frente que tiene ante sí Iglesias. También el juez instructor Juan José Escalonilla estudia el caso de la "niñera" de Iglesias e Irene Montero. El magistrado ya ha incoado diligencias de investigación. La denuncia de este caso la interpuso la ex responsable de Cumplimiento Normativo, Mónica Carmona, que salió del partido enfrentada a la dirección, al igual que José Manuel Calvente. El exabogado denunció al partido y se abrieron varias líneas de investigación de las que, eso sí, han terminado archivadas la mayoría. El último archivo se dio ayer en el caso de los presuntos sobresueldos de la formación.