Manuel García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso Dina, ha solicitado este miércoles al Tribunal Supremo que investigue, por ser este aforado, al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por cometer presuntamente los delitos de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa.

Esta petición llega apenas tres semanas después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia corrigiera al juez Castellón y le devolviera la condición de perjudicado al vicepresidente al “mantenerse los elementos por los que inicialmente se le consideró así”. Por ello, fuentes de Podemos dicen “no dar crédito”. “Hace unos días la audiencia Nacional reclama a García Castellón que le devuelva la condición de perjudicado a Pablo Iglesias y el juez responde pidiendo al Supremo que se le investigue”, exponen.

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En la exposición que eleva al Supremo, el juez se muestra convencido de que Iglesias “usó de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral”. Además, incluye en su petición a la antigua directora de los servicios jurídicos de Podemos, María Gloria Elizo, a la propia Dina Bousselham y a su marido, Ricardo Ferreira, estos por falso testimonio.

Castellón recuerda que el origen del caso es el robo, en noviembre de 2015, del móvil de Bousselham, cuya tarjeta de memoria aparece en la vivienda del excomisario Villarejo dos años después. Son dos periodistas de la Revista Interviú quienes se la habrían entregado al excomisario. Por ello, el juez también acuerda continuar el procedimiento contra ellos por descubrimiento y revelación de secretos. A partir de ahora el fiscal y las acusaciones personadas disponen de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

El magistrado señala que la tarjeta le fue entregada a Iglesias en enero de 2016, cuando “se la guardó en su poder, sin decírselo a su propietaria pese a ser personas cercanas y tener conocimiento de la desaparición de la tarjeta”. Aquí Castellón apunta que esto puede tener relación con el “conocimiento” que tuvo Iglesias al observar el contenido de la tarjeta, que guardaba capturas de pantalla de conversaciones de grupos en los que participaba Iglesias.

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Además, el magistado también asegura que pese a no poder determinar cuándo le devuelve Iglesias a Dina la tarjeta, fue “en todo caso, antes del 23 de agosto de 2017” y que “la tarjeta estaba inservible entonces para su funcionamiento”. En este sentido, pese a que un informe policial solicitado por el propio Castellón atribuyó los daños en la tarjeta del móvil a una empresa especializaba, lo que alejaba las sospechas sobre el vicepresidente, el juez insiste en que pese a que le han “impedido recabar una prueba directa de la destrucción material de la tarjeta por parte de Iglesias”, puede “sostener que existen elementos de cargo suficientes” para poder atribuir al de Podemos esos daños.

Así, García Castellón expone que, “tras analizar la doctrina jurisprudencial”, se puede apreciar “un acceso no consentido a datos de carácter personal por parte de Iglesias, además de un apoderamiento de los archivos de carácter íntimo y personal de Dina”, por lo que pide imputarle por un delito de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de “razones de género”.

Por último, califica de “consciente y planificada actuación falsaria” la personación de Iglesias en el caso para presentar la desaparición del teléfono de Dina “como un encargo realizado por el Gobierno del PP al excomisario Villarejo en el contexto de una campaña para perjudicarles”.