El fin de año se acerca y el Gobierno sigue sin terminar de rematar el decreto para la prohibición de todos los desahucios. Este miércoles, la ministra de Hacienda, María JesúsMontero, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, fueron cazados discutiendo en una zona apartada del Congreso por la concreción técnica de la norma, y la dirigente socialista incluso llegó a instar al líder morado a que no fuera "cabezota".

La discusión del miércoles es solo una muestra más de la tensión que se ha instalado en el Gobierno en las últimas semanas a raíz de los desencuentros entre PSOE y Unidas Podemos a la hora de poner en marcha nuevas medidas de la agenda social una vez garantizada la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, fuentes de Unidas Podemos aseguran que, ahora mismo, aprobar ese decreto es la prioridad número uno del Ejecutivo. Y, por ello, el partido está valorando ceder en su exigencia de que no se compense a bancos y fondos de inversión por impedir los desahucios para que la medida se ponga en marcha ya.

Unidas Podemos acusa al PSOE de retrasar el decreto antidesahucios por beneficiar a "bancos y fondos buitre"

El principal punto de discrepancia es, desde hace días, la indemnización a los propietarios a los que se impida desahuciar a inquilinos vulnerables que no puedan pagarles. Unidas Podemos quiere que esta compensación sea solo para propietarios de diez o menos pisos, mientras el PSOE también apuesta por compensar a grandes tenedores, fundamentalmente bancos y fondos de inversión.

Los morados alegan que los grandes propietarios deben "arrimar el hombro" y asumir las pérdidas que les ocasione no poder desahuciar a familias en dificultades hasta que la administración les encuentre otra vivienda. No obstante, los socialistas consideran que impedir a estos grandes tenedores que rentabilicen su propiedad sin que el Estado les compense atentaría contra la seguridad jurídica y abriría la puerta a que bancos y fondos recurrieran el decreto.

Las posiciones llevan días sin moverse, pero en esta ocasión el PSOE parece tener las de ganar. No es que los socialistas hayan convencido a Unidas Podemos de que su propuesta es mejor. Pero los morados consideran que el decreto no puede esperar mucho más tiempo, aunque fuentes del Gobierno consideran complicado que, incluso así, se apruebe la semana que viene.

Mientras tanto, tanto los grandes propietarios como los colectivos en defensa del derecho a la vivienda presionan para que el decreto se ajuste mejor a sus intereses. Este miércoles, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) denunció que, a su juicio, la medida supondrá "la legalización de la ocupación ilegal", pese a que el decreto no cubrirá a quienes ocupen viviendas deshabitadas de pequeños propietarios, y tampoco a quienes residan irregularmente en un inmueble de una empresa o un banco sin tener una situación económica comprometida.

Los movimientos sociales señalan a Calviño y Ábalos y exigen que se apruebe ya el decreto antidesahucios

Por su parte, el martes la PAH y el Sindicato de Inquilinos se manifestaron en Madrid para denunciar que "por cada día que el decreto no se aprueba, se producen 200 desahucios" nuevos, y señalaron como la responsable a la ministra de Economía, Nadia Calviño, así como al titular de Justicia, Juan Carlos Campo, y al de Transportes, José Luis Ábalos.