El pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves las recomendaciones del Pacto de Toledo para la nueva reforma de las pensiones que el Gobierno tendrá que presentar durante la legislatura. Y lo hizo prácticamente por unanimidad: solo Vox, ERC y EH Bildu se abstuvieron en unos planteamientos que PSOE, PP, Unidas Podemos, Cs y la mayor parte del resto de formaciones políticas han cocinado a fuego lento durante los últimos cuatro años y que deben servir como base para preservar el sistema de pensiones durante los próximos años.

El resultado de la votación -262 votos a favor, 78 abstenciones y solo 2 en contra- no ha sido una sorpresa, ya que las 22 recomendaciones fueron pactadas y aprobadas en comisión hace unas semanas. Pero supone un importante impulso en una materia tan sensible como el mantenimiento de las pensiones, que en 2013 fueron reformadas sin consenso por el PP y con la práctica totalidad del resto de la Cámara Baja en contra de una modificación legal que establecía una bajada progresiva de la cuantía de las prestaciones en los próximos años.

La aprobación de las recomendaciones no supone derogar automáticamente esa reforma de 2013. Pero sí allana el camino al Gobierno para su modificación, ya que le garantiza el consenso de una abrumadora mayoría del Congreso para hacer los cambios legales pactados, entre los que se cuentan algunos fundamentales, como es el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones estableciendo su revalorización anual con el IPC por ley. 

El Gobierno compensará en la pensión los periodos no cotizados tras tener hijos

El Congreso también pide también al Gobierno en las recomendaciones que rellene la mermada hucha de las pensiones, que incluya en la nueva ley de pensiones la posibilidad de que los trabajadores puedan elegir para calcular su prestación el periodo laboral que más les convenga o que los Presupuestos Generales del Estado complementen los ingresos de la Seguridad Social. 

Además, se plantea la necesidad de que la Seguridad Social deje de pagar gastos que no le corresponden, como las políticas activas de empleo. Y las recomendaciones, en la línea de lo que plantea el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, apuestan por retrasar la edad de jubilación real para acercarla a la legal de 67 años. "Es necesario profundizar en la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, siempre que dicha prolongación no esté motivada por una pensión insuficiente", se establece igualmente.

Todos los votos particulares, rechazados

Ese retraso de la edad de jubilación real ha sido, precisamente, una de las razones que ha provocado la abstención de fuerzas como ERC y EH Bildu. Y estas formaciones, así como Junts o el BNG, también han criticado que las recomendaciones no recojan reivindicaciones como la subida de las pensiones mínimas. Tampoco se hace mención a la derogación del polémico factor de sostenibilidad en función de la esperanza de vida, introducido por el PP en 2013.

Estos cuatro partidos presentaron votos particulares para tratar de enmendar las recomendaciones, al igual que hicieron PP, Cs, Más País y Compromís. Concretamente, el PP buscaba suprimir la crítica recogida a la gestión de los planes privados de pensiones, que pide más transparencia, y pedía apoyar los mecanismos de ahorro individual con más incentivos y no "eliminar" ni "reducir" sus deducciones fiscales. No obstante, ninguno de los votos particulares fueron aceptados.