La polémica Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como la ley mordaza, vuelve a estar trámites para su reforma. El Congreso aprobó este martes la toma en consideración de una proposición de ley del PNV para modificar la norma, algo que ya ocurrió en 2017, cuando la reforma inició una tramitación que se extendió durante dos años en la Cámara Baja y estuvo muy avanzada hasta que decayó por la convocatoria de las elecciones generales de abril de 2019.

Fin del estado de alarma más de 9.000 detenidos y 1,2 millones de sanciones

La toma en consideración ha salido adelante con los votos de PSOE, Unidas Podemos, Cs, ERC, EH Bildu y varios partidos regionalistas y nacionalistas. El texto es el mismo que el PNV presentó en 2017, y como en su momento incluso el PP se avino a trabajar para la reforma de la ley, el diputado vasco Mikel Legarda ha pedido retomar los acuerdos alcanzados en su momento para acabar con una norma "controvertida, polémica y con baja aceptación ciudadana".

"La ley fue una respuesta autoritaria y de control al malestar social de entonces", argumentó Legarda, que sostuvo que la norma -que fue aprobada por el PP en 2014 con su mayoría absoluta y el voto contrario de toda la oposición- es demasiado restrictiva con las libertades y derechos individuales. La ley, no obstante, ha sido muy utilizada en los últimos meses como base legal para aplicar las sanciones a los ciudadanos que no han cumplido las restricciones dictadas por las autoridades para combatir el coronavirus.

PP y Vox se opusieron a la toma en consideración de la propuesta del PNV, y coincidieron en su argumento de que la Ley de Seguridad Ciudadana es necesaria, tal y como está ahora mismo redactada, para garantizar la seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según los populares, la norma se limita a "proteger el derecho de manifestación, pues a quien persigue es a aquellos que perturban el orden de la protesta legítima". Y para Vox, la reforma a la que aspira el PNV "busca una clara ruptura del equilibrio entre libertad y seguridad en pro del primero".

El PP, igualmente, insistió en su "defensa del Rey y frente a la subversión del orden constitucional", y calificó al Gobierno de "sectario", algo que le afearon los socialistas, que denunciaron que el PP haga "seguidismo" de la extrema derecha. Para el PSOE, que los populares no apoyen la reforma de la ley mordaza no es más que "funambulismo", habida cuenta de que hasta el año pasado trabajaron para cambiarla. Y Unidas Podemos recordó que el principal impulsor de esta norma fue el exministro Fernández Díaz, imputado por supuestamente utilizar fondos reservados para "espiar a rivales como Pablo Iglesias".