Según va remitiendo lo más duro de la emergencia sanitaria, el Gobierno va recuperando poco a poco su agenda legislativa. Y el próximo martes, el Consejo de Ministros aprobará el inicio de la tramitación de la Ley de Protección de la Infancia, según anunció este jueves el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Una vez que la norma se apruebe pasará al Congreso, donde le esperan aún meses de camino legislativo.

Este proyecto de ley fue el que Iglesias situó como la primera prioridad de su departamento cuando tomó posesión de su cargo de vicepresidente, allá por enero. Y la norma, elaborada íntegramente por la Vicepresidencia de Derechos Sociales, pretende establecer un marco jurídico especial para proteger a los niños y adolescentes de posibles abusos, también de índole sexual. Iglesias, de hecho, apoda frecuentemente el texto como la "ley Rhodes" en referencia al pianista británico, víctima de abusos sexuales cuando era menor.

"La aprobación de esta ley va a ser un paso histórico para que las generaciones actuales y futuras de niños, niñas y adolescentes puedan crecer libres de violencia" aseguró este jueves Iglesias en la comisión de Derechos Sociales del Congreso. Según el vicepresidente, la norma "no sólo va a contribuir a frenar la reproducción de una realidad execrable, como es el maltrato y la violencia contra niños y adolescentes, sino que también va ayudar a prevenir muchas de las peores consecuencias físicas, emocionales y psicológicas" que provoca la misma.

Así es la 'Ley Rhodes' de protección de la infancia que impulsa Iglesias: ¿por qué se llama así y en qué consiste?

Iglesias ofreció algunos detalles de la norma, que por ejemplo va a "establecer el deber para todos los ciudadanos de denunciar de forma inmediata la existencia de indicios de violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes", especialmente si son profesionales que trabajan con menores. Los centros escolares, por su parte, deberán establecer "protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia".

En los centros educativos tendrá que existir la figura del "coordinador de bienestar y protección" para vigilar que no se produzcan estos problemas. Y a los centros de menores se les obligará a establecer "protocolos de prevención y detección precoz" para evitar "posibles casos de trata con fines de explotación sexual de personas menores de edad". Se pretende evitar que se repitan episodios de prostitución infantil de niñas internas en este tipo de centros como los destapados hace unos meses en Baleares.

En lo relativo a la persecución de los delitos violentos contra los menores, Iglesias detalló dos medidas que contendrá la norma. En primer lugar, se crearán "unidades especializadas" dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para perseguir estos delitos. Se ofrecerá también, dijo, formación especializada a jueces y fiscales. 

En segundo lugar, los delitos graves cometidos contra los menores no empezarán a prescribir hasta que la víctima tenga 30 años, para que ésta pueda decidir cuando sea adulta si los denuncia. Hasta ahora, el plazo de prescripción de los delitos de abusos a menores empieza a contar cuando la víctima cumple 18 años.

Límites a la publicidad

Los abusos sexuales contra menores no empezarán a prescribir hasta que la víctima tenga 30 años

La norma que saldrá el martes del Consejo de Ministros también incluirá límites a la publicidad destinada a los menores de edad. En concreto, fuentes del Gobierno confirman que se prohibirán los anuncios que puedan provocar en los menores la adopción de conductas violentas sobre sí mismas o sobre otras personas -como las acciones que puedan derivar en trastornos alimenticios, por ejemplo-, así como los que exhiban estereotipos sexistas, racistas, estéticos, homófobos o tránsfobos.

Estas fuentes explican que también se reformará el Código Penal para introducir nuevos tipos delictivos que penen expresamente algunas conductas realizadas a través de medios tecnológicos e informáticos contra los menores. A estos, cuando sean víctimas de delitos graves, se les reconocerá el derecho a la asistencia jurídica gratuita, con independencia de su situación económica. Y, si deben declarar en un juicio y son menores de 14 años o discapacitados, se garantizará que lo hagan tan solo una vez y antes de la vista oral, para evitar tener que revivir las agresiones.