El Gobierno está trabajando en la creación de un mecanismo extrajudicial para resolver las reclamaciones a las aerolíneas ante la "avalancha" de quejas registradas por los consumidores, que superan las 700.000 en el sector transportes, y que amenazan con crear un cuello de botella en la administración.

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Así lo ha avanzado este lunes el ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la que ha reconocido su preocupación por la "gran cantidad" de reclamaciones pendientes que se han acumulado durante esta crisis sanitaria.

Para dar salida a estas reclamaciones y evitar a los consumidores iniciar un trámite largo y costoso ante la Justicia para conseguir la devolución de un billete de avión, un reembolso al que las aerolíneas están obligadas por ley, Consumo trabaja con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en un mecanismo extrajudicial que resuelva esas quejas.

Precisamente, la Guardia Civil ha denunciado a Iberia Express por incumplir, en su vuelo operado este domingo desde Madrid a Gran Canaria, las medidas sanitarias incluidas en el real decreto que regula el vigente estado de alarma. Los agentes -según fuentes del instituto armado- pudieron constatar que la aeronave había partido de Madrid con una ocupación que superaba el 70% de su capacidad.

Hasta ahora, la vía judicial

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Hasta ahora, los consumidores deben recurrir a la vía judicial para conseguir que se les devuelva el importe del billete que no han disfrutado, un camino "tan costoso que la mayor parte de la gente no lo recorre, de manera que las aerolíneas "se van de rositas", ha lamentado el ministro.

"Lo que no puede ser es que los consumidores tengan que recorrer todo ese camino, ir a jueces y buscar abogados, para recibir la devolución de un billete a la que tienen derecho, pero que ejercer ese derecho le puede costar mucho tiempo y dinero, cuestión que hace que la mayoría ni lo intente", ha advertido.

"Todo lo que sea salir del ámbito judicial es bueno para nosotros porque es bueno para el consumidor", ha afirmado Garzón.

El ministro ha admitido su preocupación por la "gran cantidad" de reclamaciones que se han acumulado, especialmente en el ámbito del transporte, y ha señalado que, según datos de la AESA, hay unas 700.000 reclamaciones pendientes que pueden salir a la luz cuando acabe el estado de alarma.

"Si esto se extiende a otros sectores, estamos hablando de millones de reclamaciones, una cantidad extraordinaria para la cual la administración pública y las comunidades autónomas no tienen capacidad ni recursos suficientes para tramitarlas de forma óptima", ha reconocido.

La alternativa: un mecanismo extrajudicial

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El ministro de Consumo ha asegurado que está trabajando junto con las comunidades en una estrategia de desescalada que impulse el sistema arbitral de consumo para hacer frente a esta "avalancha" de reclamaciones, un mecanismo extrajudicial "que funciona muy bien" y que es vinculante, aunque no es obligatorio que todas las empresas se adscriban.

Se trata de un sistema que, a juicio del ministro, funciona muy bien tanto para la resolución de problemas como para evitar ese cuello de botella que se puede crear "ante una administración pública que no tiene los recursos suficientes".