"Algunos escritos de las defensas, más que alegatos defensivos, parecen auténticos libelos acusatorios basados en una versión distorsionada de la realidad". Así de contundente empezó este miércoles su intervención en la Sala Segunda del Tribunal Supremo el representante de la Fiscalía Javier Zaragoza durante la segunda jornada del juicio al procés.

En efecto, el martes, en la jornada inaugural, pudo parecer que las defensas de los 12 procesados acusaran más que defender. Los letrados de los líderes independentistas quisieron agotar todos los cartuchos imaginables al exponer las supuestas vulneraciones de los derechos de sus clientes que, en su opinión, se han producido en el procedimiento: acusaron al tribunal de parcialidad, hablaron de un juicio mediático y politizado, sostuvieron que no se han respetado los derechos a la defensa justa, a la no discriminación, a la tutela judicial efectiva...

Pero este miércoles, en una reanudación de la fase de cuestiones previas convertida en auténtico contraataque, las acusaciones —la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox— tumbaron uno por uno esos argumentos. Y el gran protagonista fue el Ministerio Público y, en concreto, el fiscal Javier Zaragoza.

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Zaragoza comenzó por contestar a la "injustificada denuncia masiva de violaciones de derechos fundamentales" que el martes realizaron las defensas. "Se pretende transformar en víctimas de persecución política a quienes han fracturado el orden constitucional y, paradójicamente, sentar en el banquillo al Estado", aseguró el fiscal de Sala. Y añadió que sí se ha vulnerado el derecho "de esa mayoría social silenciosa de Cataluña que representa casi un 60% del censo electoral que no participó [en la consulta ilegal del 1-O] a intervenir en una cuestión que le afecta muy directamente".

Respecto a la supuesta dimensión política del juicio, Zaragoza también fue tajante. "Se decía en los escritos de las defensas que este iba a ser un juicio a la democracia y su capacidad para tolerar la discrepancia política. Nada más lejos de la realidad. Este es un juicio en defensa del orden constitucional, de un sistema político democrático". Y justificó: "Cuando los poderes públicos violan las normas más fundamentales empleando procedimientos ilegales y hasta métodos violentos, a nadie debe extrañarle que la justicia penal reaccione. No es el independentismo lo que se enjuicia, sino los gravísimos hechos que acaecieron en septiembre y octubre de 2017", dijo refiriéndose a lo sucedido en torno al referéndum ilegal del 1 de octubre de ese año.

En cuanto a la supuesta persecución política de los encausados aducida por sus letrados, el representante del Ministerio Público no fue menos rotundo: "Ninguno de los acusados ha sido perseguido por sus ideas, sino por sus acciones; se ha hecho cuando han quebrantado los límites establecidos en nuestra Constitución".

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Estaba preparando Zaragoza el terreno dialéctico para lanzar una 'traca jurídica' de recriminaciones a los políticos procesados: "El ejercicio de la actividad política no es una patente de corso", avanzó antes de enumerar una serie de actividades ilícitas en las que, en su opinión, incurrieron el vicepresident Junqueras y los consellers del Govern de Carles Puigdemont. Entre ellas, "expulsar la Constitución y el estatuto de Cataluña del ordenamiento jurídico y sustituirlos por una realidad paralela", "realizar un proceso de segregación al margen de los procedimientos legales", usar para ello fondos públicos y "desobedecer de forma reiterada al Constitucional".

Los acusó de "sustraer a un cuerpo policial como los Mossos al cumplimiento de la libertad constitucional y colocarlo al margen de la ley", así como de "agitar a miles de ciudadanos que, como muros humanos, protegieron las urnas sabiendo que se los abocaba al choque violento con las fuerzas policiales", por lo que les atribuye "la responsabilidad de los hechos violentos que se produjeron el 1-O". Además, aseguró que las "autoridades legítimas de la comunidad autónoma" y los representantes de las asociaciones sociales independentistas Assemblea Nacional Catalanay Òmnium Cultural participaron en la urdidura del "plan criminal" que fue el procés.

Lo que la defensa de Junqueras, el líder de Òmnium Jordi Cuixart y el exconseller Raül Romeva llamó el martes "una actuación concertada de los poderes del Estado contra el independentismo" lo rebautizó este miércoles Zaragoza como "una respuesta a una gravísima agresión y a conductas que no pueden quedar impunes".

Y, en un plano más concreto, el fiscal de Sala volvió a rechazar la declaración como testigos de Puigdemont y de la secretaria de ERC Marta Rovira. "Pretender que alguien que está procesado rebelde aquí declare por videoconferencia como testigo reventaría todas las normas procesales del juicio", dijo. Pero concluyó su intervención con una sentencia más amplia: "El diálogo es la base de la democracia siempre que se produzca en el marco constitucional; desde la imposición y al margen de la legalidad no es aceptable en una sociedad democrática".

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El relevo en representación de la Fiscalía lo tomó Fidel Cadena, que empezó asegurando que "en el proceso de desconexión" [de Cataluña] los encausados "se sitúan totalmente al margen de la legalidad". Cadena, además, quiso hacer hincapié en lo que denominó "una serie de posverdades" del procés. "La soberanía reside en el pueblo español, y no se puede sustituir por la de ninguno de los pueblos que lo integren", recordó antes de añadir: "El derecho a decidir corresponde a todo el pueblo español. Cataluña no es solo de los catalanes separatistas, sino de todos". E incidió en que "no hay legalidad democrática fuera de la legalidad constitucional" y que en la causa "no se criminaliza ninguna ideología política".

Cadena también quiso contrarrestar las acusaciones vertidas por los letrados defensores según las cuales en la causa se ha vulnerado la libertad de ideas de los procesados. "No se enjuicia aquí una ideología independentista, sino un plan concertado" que ha recurrido, habiéndolo previsto desde el principio, "a métodos violentos", afirmó. Y, como su compañero de acusación, quiso poner punto final a su intervención con una afirmación contundente: "Este es el juicio del triunfo de la democracia, del Estado de derecho y de los principios de igualdad ante la ley".

Tras la Fiscalía, intervino en la segunda jornada del juicio del procés en nombre de la Abogacía del Estado Rosa María Seoane, que aludió a lo argumentado el martes por las defensas de los independentistas encausados.

"Se pretendió trasladar la idea de que se habían criminalizado desde el inicio del proceso distintas actuaciones que encajaban en distintos derechos fundamentales: libertad ideológica, libertad política, ejercicio de la libertad de expresión, de manifestación, de reunión... En realidad, nos encontramos ante este tribunal porque se han producido hechos que, concatenados, nos permiten subsumirlos en hechos delictivos", afirmó la abogada del Estado jefa de lo penal. Y defendió: "Estamos en un ejercicio del derecho penal democrático".

A continuación, la acusación popular, ejercida por Vox, quiso presentar una objeción. El letrado Pedro Fernández denunció ante el tribunal que uno de los acusados presentes en el salón de plenos –Jordi Sànchez– portaba "de forma visible un adorno que representa, parece ser, un lazo amarillo", con "una carga política indudable". "Pensamos que este tipo de símbolos deben sustraerse de la actuación en una sala", solicitó Fernández.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, decidió fijar criterio de inmediato. Aclaró primero que la Sala no tiene "ninguna queja" al respecto de la vestimenta de los letrados: llevan "toga sin distintivo de ninguna clase salvo el colegial" y "ninguno ha exhibido" el símbolo referido. Y sobre la posibilidad de que lo usen los acusados argumentó que, aferrándose a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Supremo "interpreta que es un símbolo ideológico" y "no va a poner obstáculo" para que se utilice.

El letrado de Vox también manifestó su rechazo a que Felipe VI pudiera comparecer como testigo en el juicio, algo que reclamaron los acusados en la jornada previa alegando que la ausencia del rey vulnera su "derecho de defensa"