El principal rostro del proceso soberanista catalán, Carles Puigdemont, será el gran ausente en el juicio del "procés" que comenzará en breve en el Tribunal Supremo, con un banquillo en el que faltarán también otros seis dirigentes independentistas huidos de la Justicia española.

Son los siete "rebeldes", como los declaró el juez Pablo Llarena al cerrar la instrucción del resto de la causa y acordar que la parte que les afecta quedara en una pieza separada hasta que estén a disposición de los tribunales españoles.

El expresidente de la Generalitat seguirá el juicio previsiblemente desde Bélgica junto a los exconsellers Antoni Comín, Lluis Puig y Meritxell Serret. A finales de octubre de 2017 huyó a Bruselas junto a ellos la exconsellera Clara Ponsatí, quien después se estableció en Escocia. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel eligieron más tarde Ginebra para su fuga.

Si no regresan a España, ninguno teme ser detenido, ya que el pasado julio Llarena retiró las euroórdenes que había dictado para arrestarlos. Pero su exilio puede ser largo, ya que, por ejemplo, el delito de rebelión no prescribiría hasta el 2037.

La presencia de estos dirigentes soberanistas en distintos países ha puesto de manifiesto la distinta interpretación sobre las euroórdenes que hace cada uno de ellos: Bélgica rechazó las de los exconsellers por defectos de forma y Alemania se negó a entregar a Puigdemont por rebelión, con lo que, de haberla aceptado, en España solo se le habría podido juzgar por malversación.

Procesado por los delitos de rebelión y malversación, reside en la localidad de Waterloo, a unos 20 kilómetros de Bruselas. El pasado julio fue suspendido como diputado del Parlament por el Tribunal Supremo y se le retiró el sueldo. Huyó a Bélgica tras su cese en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Durante un viaje a Finlandia, el juez Llarena reactivó la euroorden para detenerlo y fue arrestado el pasado marzo en Alemania, cuando intentaba regresar en coche a Bruselas. Llegó a pasar doce días en prisión, pero la justicia alemana decidió el 12 de julio que sólo lo extraditaría por malversación, no por rebelión. Llarena retiró las órdenes europeas de detención que había emitido y el expresidente de la Generalitat regresó a Bélgica.

Exconseller de Sanidad, huyó a Bélgica junto a Puigdemont y, cómo él, está procesado por rebelión y malversación. Es el único de los cuatro exconsellers fugados que no renunció al escaño que consiguió en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, en las listas de ERC, y sigue cobrando su sueldo de diputado autonómico, ya que no ha sido suspendido al tener pendiente un recurso. Antes de que Llarena retirara las euroórdenes, la justicia belga ya había rechazado la extradición de los tres exconsellers residentes en Bruselas por "defectos de forma".

Exconsellera de Agricultura en el gobierno de Puigdemont, está procesada por desobediencia y malversación. Fue también elegida diputada de ERC en las autonómicas de diciembre de 2017, pero renunció al escaño en enero de 2018. El verano pasado fue nombrada delegada de la Generalitat en Bruselas. Esa delegación fue la única en el exterior que siguió funcionando con la aplicación del artículo 155.

Como Serret, está procesado por desobediencia y malversación. También fue elegido diputado en diciembre de 2017, por JxCat, y renunció al escaño un mes después. Cuando cumplía un año en Bélgica, Puig, que había sido conseller de Cultura, fue nombrado director del programa de internacionalización de la cultura catalana por el ejecutivo de Quim Torra.

Exconsellera de Enseñanza, está procesada por rebelión y malversación, al considerar el Supremo que asumió el control y la ocupación de los centros escolares para garantizar su uso el día del referéndum ilegal. También huyó a Bélgica, pero después se mudó a Escocia para reincorporarse como profesora de Economía y Finanzas a la Universidad de Saint Andrews, en la que trabajaba cuando fue nombrada consellera. En enero de 2018 también renunció al acta de diputada que había conseguido en diciembre en las listas de JxCat. La Justicia escocesa le retiró el pasaporte e inició el proceso judicial ante la petición de España de que fuera entregada, pero la causa se cerró antes de que se pronunciara sobre el fondo del asunto al retirar Llarena las euroórdenes.

Procesada por rebelión, es secretaria general de ERC desde 2011 y fue diputada del Parlament entre 2012 y marzo de 2018, cuando dejó el escaño y decidió huir a Suiza. Lo anunció en una carta el día en el que debía comparecer ante el juez Llarena para que le comunicara su procesamiento y decidiera si la enviaba a prisión provisional. Fue la última de los procesados en salir de España.

La exdiputada de la CUP se encontraba ya en Suiza cuando llegó Rovira. Se supo de su huida a Ginebra en febrero, días antes de tener que comparecer también ante el Supremo. Llarena dictó orden de detención nacional contra Gabriel, pero no internacional, y la exparlamentaria no se ha tenido que enfrentar a la justicia en Suiza, donde ha obtenido un permiso de residencia para cinco años. Sólo fue procesada por desobediencia, con lo que, si se hubiera quedado en España habría sido juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no por el Supremo.