La Fiscalía, la Abogacía del Estado y VOX son las tres acusaciones que ejercen la acción penal en el juicio contra los 12 líderes soberanistas en el Tribunal Supremo, un núcleo que siempre calificó los hechos como una rebelión hasta que la Abogacía se desmarcó en el último momento al acusar por sedición.

Las sospechas de politización han acompañado siempre a las tres acusaciones, pero fue la renuncia de la Abogacía a calificar los hechos de violentos la que terminó con la sólida línea de actuación que hasta la fecha mantenían junto a la Fiscalía y Vox, un partido que ha encontrado en esta causa una visibilidad mediática innegable.

Una cuestión, la de la violencia, clave para dirigir la estrategia procesal de las acusaciones en la vista oral y sobre la cual pivotará gran parte del juicio para defender la rebelión, como sostienen Fiscalía y Vox, o la sedición, que ahora plantea la Abogacía del Estado, dependiente de Justicia.

Pero antes de la ruptura entre las acusaciones hubo unidad, principalmente entre el Ministerio Público y Vox, que fueron de la mano desde el principio de la instrucción en la mayoría de las cuestiones, y luego con la Abogacía, puesto que esta entró en el procedimiento meses después al personarse por la malversación.

El origen del procedimiento estuvo en la querella que el exfiscal general del Estado José Manuel Maza presentó contra el Govern, un día después de la huida de Carles Puigdemont. Ahora bien, el recorrido desde entonces y las consecuencias para cada una de las acusaciones han sido muy dispares.

Suyo ha sido el peso de la acusación. Tres fiscales generales han intervenido en la causa -dos nombrados por el PP y otra por el PSOE- sin que se hayan producido fisuras en su estrategia. Todos ellos siempre manifestaron la autonomía que concedieron a los cuatro fiscales de Sala del Supremo, la más alta distinción en la carrera. Con trayectorias jurídicas tan reconocidas como dispares, estos cuatro fiscales han dirigido la causa sobre el terreno: poco ha importado que tengan distintas sensibilidades, pues su unidad de actuación ha sido indestructible y ajena a cualquier tipo de presiones y de vaivenes políticos.

El fiscal Javier Zaragoza durante el juicio del Procés. EFE

Fue la primera mujer al frente de la Fiscalía General del Estado (2015-2016) en sustitución de Eduardo Torres Dulce, de quien heredó la querella del 9N que supuso su toma de contacto con el proceso soberanista, pero no la única. Suya fue la orden a la Fiscalía de Cataluña de querellarse contra Carme Forcadell, por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional, al negarse a anular las resoluciones independentistas de ese organismo. Es conservadora y experta en asuntos de menores.

Otro fiscal que ha tenido contacto con el separatismo al participar en el juicio contra el exconseller Francesc Homs o en el recurso de Artur Mas, ambos por el 9N. Desde 2003 trabaja en el Supremo, donde ha intervenido en participado en causas como el 11-M y Faisán.

Junto a Madrigal, es uno de los fiscales más firmes en su lucha contra el independentismo, lo que provocó que la CUP pidiera su reprobación en el Parlament. En su etapa como fiscal jefe de la Audiencia Nacional -en la que estuvo once años hasta 2017- lideró diversas causas vinculadas con el soberanismo. Entre ellas, dirigió una investigación contra la Hacienda catalana y pidió hacer lo mismo contra cinco municipios catalanes por apoyar la declaración independentista del 9N. De corte progresista, es un experto en narcotráfico y terrorismo.

Fue el fiscal enviado a La Haya para tratar con su homólogo alemán la euroorden de Carles Puigdemont. Es fiscal de Sala del Supremo desde hace diez años, tras pasar casi 17 años en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. En el alto tribunal ha intervenido en el 11-M; el asunto del Solitario, el caso Bretón o el del Palau de la Música de Barcelona.

El perfil bajo que ha mantenido desde su irrupción en febrero por considerarse el Estado como perjudicado por la malversación saltó por los aires cuando presentó su escrito de acusación sin una sola mención a la violencia, cuando hasta entonces nunca había objetado de la misma.

La abogada del Estado Rosa María Seoane. EFE

Esta acción fue vista como un guiño de Pedro Sánchez a los independentistas para lograr su apoyo a los presupuestos, un planteamiento rechazado de plano por Edmundo Bal, que le costó el puesto como jefe del departamento Penal de la Abogacía del Estado.

Bal fue destituido por la abogada general del Estado, Consuelo Castro, nombrada por Sánchez y quien alegó "pérdida de confianza" por sus discrepancias en la causa del 1-O, dado que Bal era firme defensor de acusar por rebelión a los lideres independentistas. Fue la propia Castro la que firmó el escrito de acusación.

Nueva jefa de lo Penal en la Abogacía del Estado en sustitución de Bal, tras ser secretaria general de Adif.

De las tres acusaciones es la que menos tiene que perder en esta causa. Más bien todo lo contrario. Siempre han sido los más duros con los procesados, y así sus peticiones de penas son el doble que las de la Fiscalía. La exposición mediática que le proporciona el ser la única acusación popular en la causa es innegable y le ha proporcionado una visibilidad y un altavoz únicos ante la opinión pública con la lucha contra el independentismo catalán como bandera. Tanto es así que es el número dos de Vox, Javier Ortega, quien encabeza la estrategia procesal junto al abogado Pedro Fernández.

Pedro Fernández y Javier Ortega Smith, a la salida del Tribunal Supremo. EFE

Secretario general de VOX. Exmilitar que formó parte del cuerpo de élite de operaciones especiales, es un férreo defensor de la españolidad de Gibraltar. Es la cara visible del partido en su estrategia de querellas contra multitud de cargos públicos.

Vicesecretario jurídico de VOX. Es la mano derecha de Ortega en los tribunales.