Este miércoles tocó a las acusaciones (Fiscalía, Abogacía y Vox, que representa la acusación popular) refutar los argumentos de las defensas, que el día anterior habían lanzado un duro alegato contra la actuación judicial en esta causa.

Recordemos que, exceptuando los abogados de los exconsejeros Forn y Vila, el resto atacó con argumentos políticos en lugar de seguir una estrategia técnica. Los letrados Andreu Van den Eynden y Jordi Pina hablaron de "causa general contra el independentismo", "derecho procesal contra el enemigo", "persecución de la disidencia política", etc. Descalificaciones arrojadas para ganar el primer día la guerra de la propaganda e impactar en los espectadores y los medios de comunicación. Pero inútiles frente a los jueces del Supremo, a los que sus intervenciones debieron resultar tediosas y ofensivas.

Ocurrió lo contrario. Los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadenas fueron comedidos en el tiempo y utilizaron un tono neutro sumamente efectivo para desmontar toda una serie de falacias y posverdades del independentismo. Fueron contundentes frente a la descalificación general contra la causa que pretende la defensa, y puntillosos en la demostración técnica de que no ha existido ningún tipo de vulneración de derechos fundamentales.

La intervención de la Abogacía, María Seoane, resultó sin embargo bastante gris y solo el letrado de Vox, Pedro Fernández, hizo despertar a la sala del letargo cuando pidió que los acusados no pudieran lucir el lazo amarillo.

El tribunal ya tenía la respuesta preparada y su presidente, Manuel Marchena, zanjó el asunto, en base a la jurisprudencia europea de derechos humanos, reconociendo el derecho a llevar cualquier símbolo ideológico. Otra señal de que el juicio será impecable y que el Supremo no va a dar ningún motivo a Estrasburgo para anular la causa contra los líderes del procés.

A los acusados no se les veía nada satisfechos del desarrollo de la jornada. Los fiscales reprocharon a las defensas haber utilizado datos falsos en sus escritos, y apuntalaron nuevamente el delito de rebelión al achacar la violencia a los procesados por haber promovido murallas humanas contra la policía el día del referéndum.

Zaragoza puso como ejemplo de posverdad el bulo de los 120 catedráticos de Derecho Penal que habrían negado en un manifiesto la existencia de la rebelión. Un dardo contra Van den Eynden, que el día antes había afirmado que en España "todo el mundo, desde catedráticos hasta tertulianos, coincide en que no hubo rebelión". Fue una mañana para la verdad.