Las defensas de los 12 encausados en el "juicio más importante de la historia de la democracia en España", el juicio al procés, dedicaron la primera jornada de este martes en el Tribunal Supremo a intentar deslegitimar la causa. Los letrados de los independentistas procesados aprovecharon sus turnos para aducir supuestas vulneraciones de derechos fundamentales, hablar de forma más o menos directa de una "causa politizada" e incluso pedir el aplazamiento o la suspensión del juicio.

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Y es que la jornada se destinó íntegramente a las "cuestiones previas". En esta línea intervino el letrado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconseller Raül Romeva, Andreu Van Den Eynde, que espetó al tribunal: "Hasta la libertad de culto se ha restringido, porque al señor Junqueras no le dejaban ir a misa en prisión". Y lamentó que "unos inocentes" lleven encarcelados "más de un año lejos de sus hijos".

El turno que le concedió el presidente del tribunal, Manuel Marchena, lo usó también para defender abiertamente el derecho a decidir del pueblo catalán. "Esta causa atenta contra el derecho a protestar de los independentistas (...); criminaliza webs, poner el papel en una urna, cánticos y conciertos", dijo; "a mí no me pueden explicar que montar un referéndum sea delito".

Esa supuesta 'vertiente política' del juicio, de hecho, lo ha marcado desde el primer momento. Van den Eynde sostuvo que en la causa se aprovechó la imputación de parte del antiguo Govern y su ingreso en prisión para sacarlos "de la arena política". "Se les compara con terroristas, con nazis. ¿Quiénes son los únicos a los que se les puede suspender de funciones cuando están procesados? A los terroristas. Sin derechos políticos, sin poder salir". Además, habló de supuestas "campañas mediáticas" y defendió que "el Gobierno no puede interferir en la sala".

Por su parte, el letrado del exconseller Joaquim Forn, Javier Melero, tiró de ironía: "El delito de rebelión [por el que están encausados nueve de los 12 procesados, entre ellos Forn] se ha planteado en los siguientes términos: tendríamos unos autores materiales, las personas aquí sentadas; luego tendríamos unos cooperadores necesarios por omisión, a los que se les imputa que, instrumentalizados por el poder político, no impidieron la celebración del referéndum del 1-O en los términos impuestos por el TSJC; y luego tenemos a los autores materiales del levantamiento insurreccional, que serían esos sombríos y peligrosos ciudadanos de Cataluña" [que se movilizaron en el marco del procés].

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Sorna tampoco le faltó al letrado del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana Jordi Sànchez, Jordi Pina, quien denunció una vulneración del derecho a un juicio imparcial refiriéndose, entre otros asuntos, a la supuesta carta remitida por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, al juzgado de instrucción n.º 13 de Barcelona en la que le decía al juez instructor "que su desempeño debía ser calificado de heroico y que había contribuido a cambiar el rumbo de España". "Mi ruego sería que a ustedes se les presumiera que son magistrados, no héroes nacionales ni salvadores de la patria", dijo Pina dirigiéndose al tribunal.

También denunció la vulneración del derecho a la no discriminación "si es que" (sic) se les ha denegado a los encausados expresarse en catalán. "Yo hago un esfuerzo para expresarme en castellano, pero es que a mí no me piden 16 años en prisión", aseveró, y adujo que recurrir a un intérprete implica perder "espontaneidad". Este aspecto ocuparía también parte del discurso de la defensora de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, Olga Arderiu, que considera que se ha vulnerado su derecho a emplear el catalán. "Si fuese juzgada en Cataluña, no tendríamos ningún problema con el idioma", afirmó.

Pina, por su parte, incidió igualmente en la 'dimensión política' de la causa: "Nos tiene que dar igual si el día 26 de mayo hay unas elecciones o la final de la Champions, lo importante es el derecho de estas personas a un juicio justo", dijo.

Su intervención, de las más sustanciosas de la jornada, le sirvió también para lamentar que no se haya admitido la presencia en el juicio como testigo del rey Felipe VI. "El tribunal debería exponerle a su majestad que hay unos señores a los que se juzga por rebelión y sedición y que el Ministerio Fiscal utiliza su discurso. Creo que es razonable que si la acusación pretende usar el mensaje del jefe del Estado en contra de mis mandantes, se le pueda interrogar sobre aquello que dijo el 3 de octubre [de 2017], y sobre lo que no dijo. Sería bueno para este procedimiento escuchar lo que nos tuviera que decir el rey de España", afirmó. A su petición se sumaría luego la de la letrada del exconseller Jordi Turull, Ana Bernaola.

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Otra de las cuestiones que trató Pina fue una de las que más se repitieron: la queja por que el expresident Carles Puigdemont, huido a Bélgica, no comparezca por videoconferencia. En su turno, el defensor del líder de la entidad soberanista Òmnium Cultural Jordi Cuixart, Benet Salellas, alegó que Cuixart es "miembro de la sociedad civil" y que se le procesa por "el ejercicio de derechos fundamentales". Como ejemplo puso el uso del "derecho a la libertad de expresión" en "buscar la adhesión de personas conocidas a la causa del procés, que no es delictivo en un sistema democrático". Y amenazó: "Cuando Jordi Cuixart acuda al Tribunal de Estrasburgo, a quien van a condenar es al Estado español".

Otra de las frases del día la dejó el letrado de la exconsellera Dolors Bassa, Mariano Bergés: "La rebelión es lo que dicta la sentencia del 23-F. No es rebelión perseguir la secesión aunque fuese por cauces ilegales, ni concentrarse o manifestarse en contra del sistema constitucional, ni tampoco es sedición resistirse a una disolución".

Las defensas de los exconsellers que no están procesados por rebelión –sí por malversación y desobediencia–, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila, pusieron el punto final a una jornada en la que algunas quejas de las defensas fueron casi una constante: la tardanza en poder acceder a documentación de la causa, que en la fase de instrucción se les denegaron "la mayoría" de las diligencias, el "insuficiente"periodo de tiempo para preparar el juicio, que las acusaciones formuladas se sustentan únicamente en los atestados policiales...

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Varias solicitaron también la suspensión del juicio. "Este juicio no debe empezar", dijo en concreto el letrado de Jordi Cuixart. Pero cuando el juez Marchena dio por terminada la sesión, a las 18.40h, convocó a los presentes a la que deberá sucederle a partir de las 10.00 h de este miércoles. Y si el tribunal difiere la decisión de resolver las cuestiones planteadas este martes, el juicio del procés sí comenzará: con las declaraciones de los acusados.