Primeras novedades sobre las ayudas a la emancipación que incorporará el próximo presupuesto de la Comunidad de Madrid. El presidente Ángel Garrido ha anunciado hoy en la presentación detallada de su proyecto para 2019 que prevé conceder subvenciones de "unos 200 euros" al mes durante un año a los menores de 30 que deseen salir del el domicilio familiar pero cuyos ingresos "relativamente bajos" no se lo permitan. La iniciativa, dirigida a la "clase media", ya la avanzó ayer en la firma del pacto con el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, cuyos votos son indispensables para sacar adelante las cuentas.

Según ha esbozado el jefe del ejecutivo madrileño en una comparecencia ante la prensa, esta subvención se llevará 12 de los 20.072 millones de euros de presupuestos y alcanzará a entre 5.000 y 6.000 madrileños.

El impacto de la medida será, así, limitado. Los últimos datos disponibles del observatorio de emancipación del Consejo de la Juventud hablan de unos 200.000 jóvenes de entre 25 y 29 años no emancipados en la región a junio de 2017. La cifra, que peina el medio millón en el tramo de 16 a 24, es, a su juicio, consecuencia de que el precio de acceso a la vivienda se sitúe "fuera" de un porcentaje "razonable" de los ingresos. Según esas estadísticas, a partir de los 30, por cierto, quedaban entonces en sus hogares maternos uno de cada cuatro madrileños.

La nueva ayuda que prevé el ejecutivo del PP será compatible con las deducciones existentes y, paradójicamente, dará continuidad a la Renta Básica de Emancipación. Aquel pago de 210 euros al mes a menores de 30 asalariados lo lanzó en 2007 el gobierno Zapatero y el equipo de Rajoy lo derogó en 2011 a los diez días de ser investido.

Esta no es la única medida pormenorizada hoy. La Sanidad recibirá un 40% de todo el dinero previsto, hasta superar los 8.000 millones de euros. De ellos, 137 irán a parar al plan de modernización de hospitales, una macroinversión de mil millones en una década. Pero el principal compromiso social de Garrido para 2019 es la supresión de la lista de espera para obtener la prestación por dependencia. El ejecutivo ha admitido que, aunque el 99% de los beneficiarios está valorado, el dinero solo alcanza al 79%, de ahí que haya fijado un incremento de 24 millones de euros para cubrir la totalidad hasta los 230.

A la anunciada contratación de 700 docentes, la Comunidad sumará en educación 148 millones de euros para becas no universitarias, entre las que se cuenta la gratuidad de los libros de texto, postergada, el cheque–bachillerato o la subvención de las tasas de matriculación en escuelas infantiles.

En 2019, en el plano cultural, la región celebrará el centenario de la llegada de Federico García Lorca a Madrid con citas escénicas y expositivas. Además, al sostenimiento del patrimonio se sumarán la puesta en marcha del centro de turismo de Sol, aún pendiente, la financiación de una película que retrate la región o un piloto de cheque–cultural para jóvenes creadores. Del mismo modo, se abrirá la Finca de Vista Alegre de Carabanchel, dependiente de Economía.

El gobierno quiere lanzar el próximo año el programa Aparca+t, una red de aparcamientos disuasorios gratuitos para los usuarios del transporte público. Igualmente, la partida para Metro, en pleno centenario, crecerá un 8,7%. Los mayores compromisos son la apertura de la estación de Arroyo Fresno –cerrada desde hace dos décadas tras su construcción– y del túnel entre Sol y Gran Vía.

La subvención del precio del transporte público, congelado, seguirá siendo la principal factura en Transportes y se llevará 1.400 de los 1.850 millones de euros apartados para esta consejería. El vicepresidente Pedro Rollán ha asegurado, no obstante, que el PP ve sostenible mantener el abono joven a 20 euros, medida estrella de la expresidenta Cristina Cifuentes, por su poder para "fidelizar" a 1,3 millones de menores de 26 años.

Por último, entre otros anuncios de empleo, a las facilidades para contratar a jóvenes se sumará el bono formación para parados. En Justicia, el plan de modernización de infraestructuras, pilar de la Consejería, subirá hasta los 63 millones y el gobierno destinará 25 millones para desarrollar la estrategia de residuos, caducada desde 2016.