La ministra de Defensa, Dolores Delgado, ha sorteado este miércoles una nueva jornada en la que la oposición ha pedido su dimisión por los audios grabados por el comisario José Villarejo, en los que habla mal de compañeros, hace declaraciones que dudosamente pasarían el filtro feminista del Gobierno o, como se ha sabido este día, relata que algunos jueces  y fiscales se fueron con menores en Colombia.

Frente a la renuncia que le exigían PP, Podemos y Ciudadanos, los ministros del Gobierno han cerrado filas con la titular de Justicia en un ambiente dominado por la cautela por parte de todos tambien para no dar credibilidad al policía ahora encarcelado.

Por segunda vez en dos días, Delgado ha llegado medio a escondidas al Congreso. Este lunes, entró por la puerta de atrás de un hotel madrileño para protagonizar su propio desayuno informativo. Este martes, ha llegado una vez iniciada una sesión de control que, al margen de su orden del día oficial, ha girado en torno a las grabaciones de Villarejo, a los cambios de versión de la ministra y a si debe o no dimitir.

Todos, tanto en el PSOE como en los otros grupos más y menos proclives a cobrarse la cabeza de la ministra, quedan a la espera de su comparecencia próximamente en comisión parlamentaria para explicar los pormenores de su almuerzo con Villarejo, el exjuez Baltasar Garzón y otros miembros de lo que entonces, hace nueve años, fuentes socialistas recuerdan que era "la cúpula policial".

La sesión en el Congreso se ha cerrado con una moción urgente del PP, según su título, "al objeto de conocer cuándo va a dimitir la ministra de Justicia y en caso de no hacerlo, que se acuerde su cese de forma inmediata".

En un cara a cara con Delgado, la diputada popular María Jesús Bonilla le ha pedido que "por dignidad y respeto, actúe en consecuencia y dimita, por el interés general de España". "Haga un último servicio a la Justicia, a los españoles y a España: dimita", ha reiterado la diputada del PP.

La intervención de Bonilla ha permitido a Delgado zanjar por hoy la cuestión de su dimisión, que empezó a sonar tras la rectificación sobre la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y que arreció a partir de los audios que Villarejo empezó a filtrar al digital moncloa.com este lunes.

"Le repito, no voy a dimitir", ha afirmado la ministra, que a lo largo de la sesión ha tenido que defender su puesto en el Gobierno en varias ocasiones y cuya dimisión han pedido a lo largo de la semana PP, Ciudadanos y hasta Podemos.

Su líder, Pablo Iglesias, afirmó este lunes que Delgado debía "apartarse" de la vida pública por su amistad como un "tipejo" como Villarejo. A pesar de "lo bien que se ha portado con Pedro", en palabras de un diputado de otro partido, Iglesias sacaba las uñas para pedir lo que buena parte del Hemiciclo considera insostenible, los lazos de la ministra de Justicia con el considerado cabecilla de las cloacas del Estado.

El punto de vista en el PSOE y en el Gobierno es muy distinto. Ya el lunes, el Ejecutivo asumió la tesis del chantaje contra el Estado a través del ataque a su ministra de Justicia, tal y como la misma Delgado denunció a través de un comunicado de su departamento.

Si este lunes pudo considerarse tibio al respaldo que la Moncloa dio sus explicaciones -"claras y contundentes"- pero sin menciones a su persona, su trayectoria o su tarea en el Gobierno, este martes Delgado pudo sentir el aliento mucho más cálido por parte de los ministros que acudieron a la sesión de control en el Congreso. La vicepresidenta, Carmen Calvo; la ministra de Educación y portavoz, Isabel Celáa; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o la titular de Economía, Nadia Calviño, han dado un apoyo cerrado a Delgado y han asegurado "absolutamente" que seguirá formando parte del Consejo de Ministros.

Sin entrar a valorar los comentarios de Delgado que se escuchan en las grabaciones, los socialistas ponen el acento en el ataque al Gobierno que encierra la difusión de los audios y que, además, afectan a una persona que ha llegado al Ejecutivo desde fuera de la política y que, de repente comprueba cómo pueden ir a por ella y querer destrozar su reputación en cuestión de días.

La controvertida figura de Villarejo no es sólo algo a lo que aludan en el PSOE. A pesar de los furibundos ataques que Delgado ha recibido desde hace días desde la oposición, PP y Ciudadanos se han cuidado este martes de no dar por buenas las filtraciones del comisario, hoy en la cárcel como presunto cabecilla de una red que se dedicaba a introducir inmigrantes ilegales en España.

El portavoz de PdeCAT, Carles Campuzano, ha dejado claro el significado que tiene el comisario al afirmar que "lo que es más grave y escandaloso de esta situación es que una persona como Villarejo esté condicionando la vida política española". "Me gustaría que los distintos ministros del Interior dijeran cómo han permitido que Villarejo se convirtiera en un mensaje tan lamentable".

Antes de Delgado, se conocieron unas grabaciones de una conversación entre Villarejo y la princesa alemana Corinna Sayn-Wittgenstein de las que podía concluirse que el rey emérito, Juan Carlos I, se valió de testaferros para comprar propiedades en el extranjero fuera de los ojos de Hacienda.

Tanto PSOE, como PP como Ciudadanos se han excusado en el siniestro perfil de Villarejo, considerado pieza clave durante décadas de las llamadas cloacas del Estado, para rechazar la comisión de investigación que Unidos Podemos pide sobre las grabaciones de Corinna, de manera que este martes no parecía muy coherente darle pábulo en relación a la ministra de Justicia.

En su lugar, el PP ha puesto el foco en las veces que Dolores ha cambiado su versión sobre los hechos, ya que en cuestión de horas pasó de no conocer a Villarejo a haberse reunido con él en tres ocasiones o de no haber llamado "maricón" al juez y hoy ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a hacerlo, pero no de manera deningrante.

"Dice que no va a entrar a conversaciones privadas, pero los comentarios sobre compañeros del Consejo de Minstros la dejan en muy mal lugar, como persona y como ministra", le ha espetado Bonilla, del PP. "Ha quedado claro que ha mentido", ha añadido.

Ciudadanos también denuncia que "ha mentido varias veces", por lo que "lo más urgente es que dé la cara", aunque se ha centrado también en el trozo de grabación conocido este miércoles en el que Delgado desvela a sus compañeros de mesa que jueces y fiscales acabaron con menores en un viaje a Colombia.

Si es así, dicen en el partido naranja, Delgado hizo dejación de funciones como fiscal porque tuvo conocimiento de un presunto delito y no lo investigó.

Delgado comparecerá a petición propia en el Congreso para dar unas explicaciones que esperan todos los partidos, empezando por el PSOE. Zanjará  -o no- una crisis que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, observa desde Nueva York, donde esta semana participa en la Asamblea General de la ONU y desde donde el lunes conversó con su ministra de Justicia.

Desde Nueva York, Sánchez hizo ayer unas declaraciones en las que aseguró que no convocará elecciones hasta 2020, algo que este miércoles también ha suscitado reacciones, negativas en su mayoría, de la oposición.

PP y Ciudadanos han continuado pidiendo no sólo la dimisión de Delgado, sino que Sánchez convoque elecciones ya. "Es una vergüenza que quieran gobernar España con 84 diputados. Es una vergüenza que este Gobierno ejerza como defensor de los golpistas", ha espetado la portavoz del PP, Dolors Montserrat, a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. "Convoquen elecciones ya", le ha dicho.

Para el PSOE, la fecha de 2020 entra dentro de la normalidad, puesto que es el límite que marca la legislatura, pero para el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, demuestra que Sánchez "es capaz de cualquier cosa". "Quiere agotar legislatura pero no está agotando a los demás".

Campuzano, portavoz de uno de los partidos, el PdeCAT, con cuyo apoyo debe contar el Ejecutivo para aprobar los Presupuestos para 2019, ha lanzado una advertencia sobre los planes de Sánchez. "Tiene una mayoría parlamentaria muy frágil y es fundamenta que el Partit Demócrata le permita gobernar, eso exige abordar los problemas políticos en Cataluña", ha advertido.