El presidente, Pedro Sánchez, ha subrayado respecto al juez Pablo Llarena que la defensa del sistema judicial español no es una cuestión privada, sino "de Estado" y, por tanto, ha atendido "desde el primer momento" los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial.

Sánchez ha respondido de esta forma en la conferencia de prensa ofrecida en Santiago de Chile junto al presidente del país, Sebastián Piñera, a la pregunta de si el Gobierno había rectificado su posición inicial sobre la defensa del magistrado ante la demanda civil contra él interpuesta por el expresident Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers.

El presidente ha insistido en que el Ejecutivo escucha al órgano de gobierno de los jueces y ha atendido esos requerimientos en la medida en que se han ido planteando.

"Hemos ido atendiéndolos siempre de manera positiva", ha subrayado, antes de recalcar que, por tanto, no se trata de defender a un juez en concreto, sino que el Estado debe defender su soberanía jurisdiccional cuando se ve puesta en cuestión.

Sánchez ha insistido en que su Gobierno, "desde el primer minuto, ha tenido claro que esta no es una cuestión privada, sino de Estado y que, en consecuencia, el Estado va a actuar en defensa de los intereses y de su soberanía jurisdiccional".

Este lunes era la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien intentaba zanjar la polémica sobre el tema asegurando que no ha habido ningún cambio de postura, sino solo un estudio de cada una de las acciones para realizarlas "bien". Delgado agregó que el Ejecutivo defenderá al instructor de la causa del procés "hasta las últimas consecuencias".

El jueves pasado, Justicia emitió un comunicado en el que calificaba de "carácter privado ajeno a su función" las afirmaciones objeto de la demanda y señalaba que el Estado no iba a intervenir en la defensa. Esta decisión generó las críticas de parte de la judicatura y el domingo, el ministerio lanzaba una segunda nota para anunciar la contratación de un despacho de abogados en Bélgica, país en el que se ha interpuesto la demanda.

Puigdemont dijo este lunes que el Gobierno español "sentará un precedente gravísimo" si se hace cargo de la defensa del magistrado del Tribunal Supremo.