La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha dejado claro que el Gobierno defenderá en Bélgica la integridad jurisdiccional de España y sus intereses, que pasan también por "defender la actuación jurisdiccional" del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La ministra ha afirmado que el Ejecutivo defenderá al instructor de la causa del procés "hasta las últimas consecuencias".

En una entrevista en Radio Nacional, Delgado ha hablado de "transparencia" al referirse a toda la actuación del ministerio desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le informara de la demanda civil que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers han interpuesto contra el juez.

Delgado ha salido al paso de las críticas que se han vertido en los últimos días contra el Gobierno. La titular de Justicia ha defendido la "línea constante" que ha mantenido el Ejecutivo y la "gran responsabilidad" con la que ha actuado y ha reiterado que la posición de España ha sido siempre la de defender su soberanía jurisdiccional.

La ministra ha hecho hincapié en que no ha habido ningún cambio en el Gobierno, sino solo un estudio de cada una de las acciones para realizarlas "bien", aunque entiende que las asociaciones de jueces y fiscales y los ciudadanos hayan planteado sus dudas. "Sí quiero decir que cada paso que ha dado el ministerio, la Abogacía y todo el equipo ha sido comunicado", ha enfatizado.

En esa línea, Delgado ha negado que existan varios informes de Justicia sobre el asunto. Lo que hay, ha subrayado, son diversos estudios de trabajo internos, que han ido variando a medida que se ha ido analizando la estrategia a seguir.

Todo partiendo de la base de que se trata de un tribunal extranjero ordinario donde la Abogacía del Estado "no puede intervenir directamente", como sí podría si la demanda se instruyera en los tribunales internacionales de La Haya o Estrasburgo. Por eso, España sólo puede intervenir en este caso a través de una representación letrada de Bélgica, ha precisado Delgado, quien ha aludido a un acuerdo suscrito en 2010 entre el CGPJ y el Ministerio según el cual los servicios del Estado darán protección jurídica a los jueces si, por ejemplo, se les ataca por hechos relativos a su función.

Delgado ha reconocido que en la demanda civil hay una parte referida a las declaraciones de Llarena, pero la mayor parte del procedimiento ser refiere al procés.

El jueves pasado, Justicia emitió un comunicado en el que calificaba de "carácter privado ajeno a su función" las afirmaciones objeto de la demanda y señalaba que el Estado no iba a intervenir en defensa de Llarena. El juez, que está citado por este asunto el próximo 4 de septiembre, negó ante los medios, tras impartir una conferencia, la existencia de presos políticos.

La decisión del Gobierno generó las críticas de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que acusaron al Ejecutivo de "dejación de funciones" y exigieron que asumiese la defensa del juez.

En línea similar, el Consejo General del Poder Judicial otorgó amparo al instructor, ante lo que este domingo el Gobierno anunciaba que ha puesto en marcha "todos los mecanismos necesarios" para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada en Bélgica, entre los que se encuentra la contratación de un despacho de abogados de ese país.

La contratación de ese bufete ha provocado las críticas de Podemos. Su secretario de Organización, Pablo Echenique, ha lamentado que el Gobierno haya rectificado sobre este asunto.

Echenique ha hecho estas declaraciones en una entrevista también a Radio Nacional, en la que ha constatado que sí se ha producido un cambio de postura del Ejecutivo.

A su juicio, "la primera posición que manifestó el Gobierno era la más sensata" porque consideraba que el Estado no tenía que defender al magistrado por una demanda sobre declaraciones que consideraba realizadas a título personal.

El dirigente de la formación morada ha cuestionado, además, las "cosas absurdas" que se están produciendo en el ámbito judicial en relación con el desafío independentista en Cataluña. En particular, ha lamentado la relevancia que el Poder Judicial está adquiriendo, lo cual atribuye a una consecuencia de la falta de respuesta política a este problema. "Cuando uno judicializa la política, renuncia a hacer política y se pone detrás de los jueces y los fiscales entra a jugar un papel el Poder Judicial", ha dicho.

De cambio de postura hablan igualmente la mayoría de asociaciones judiciales, quienes, en sentido contrario a Podemos, lo celebran. Es el caso del presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, quien se ha alegrado de que "se haya impuesto la sensatez y el interés de España".

También celebran el "evidente" cambio de postura los portavoces de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y de Foro Judicial Independiente (FJI), que lo achacan al malestar reinante entre gran parte de la judicatura.

La única que difiere de las demás es Juezas y Jueces para la Democracia, que considera que no ha habido un cambio de estrategia porque el Estado se iba a personar "en todo momento", si bien precisa que el Gobierno lo tenía que haber dicho "de manera muy clara" desde el principio.

La ministra también ha hablado durante su entrevista del ataque de este sábado a una mujer que retiraba lazos amarillos en Barcelona. Delgado ha dicho que puede ser objeto de investigación penal, porque "las agresiones pueden constituir delito de odio, de lesiones, de coacciones, de amenazas".

"Es inadmisible una agresión a cualquier persona" por "expresar lo que siente", ha expresado la titular de Justicia.

Respecto a si la Fiscalía podría actuar en este asunto, la ministra ha destacado la profesionalidad de esta institución y ha dicho estar "convencida" de que "siempre actúa cuando hay que actuar". Ciudadanos ya ha anunciado que denunciará los hechos ante el Ministerio Público, así como la convocatoria de una manifestación en apoyo de la víctima el próximo miércoles.