El Gobierno ha anunciado este domingo que ha puesto en marcha "todos los mecanismos necesarios" para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada en Bélgica contra el juez Pablo Llarena, entre los que se encuentra la contratación de un despacho de abogados de ese país.

El Ejecutivo ha indicado en un comunicado que ha atendido todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial "hasta este momento" en relación a la demanda contra el juez del Tribunal Supremo para defender los intereses del país, y que atenderá las peticiones "de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española" que en el futuro pueda realizar el Poder Judicial.

Llarena, instructor de la causa abierta por el procés, debe comparecer el 4 de septiembre en Bélgica a raíz de la demanda civil presentada allí contra él por el expresidente catalán Carles Puigdemont, que alegó que no respetó su derecho a la presunción de inocencia. "El Ministerio de Justicia espera que en breve culminen los trámites para la contratación de un despacho de abogados en Bélgica en defensa de los intereses de España, en relación con la demanda presentada contra el juez Llarena por los políticos catalanes huidos a aquel país y encausados por el Tribunal Supremo", ha especificado el Gobierno.

El magistrado -recuerda la nota- solicitó amparo al Consejo General del Poder Judicial que, en Comisión Permanente, resolvió trasladar al Gobierno el pasado día 21 su petición para la adopción de "las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica". Y "de manera inmediata", según el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia puso dicha petición en manos de la Abogacía del Estado para poder contratar los servicios de un despacho de abogados que represente al Reino de España ante los tribunales belgas.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales acusaron el pasado viernes al Ejecutivo de "dejación de funciones" en un comunicado conjunto en el que exigieron que asumiese la defensa de Llarena.

Tras dicho comunicado, la Unión Progresista de Fiscales instó este sábado al Estado a personarse en el procedimiento abierto en Bélgica para defender la inmunidad de jurisdicción de los tribunales españoles. Finalmente, este domingo Juezas y Jueces para la Democracia ha considerado que la actuación del Ministerio de Justicia en el procedimiento abierto en Bélgica a raíz de la demanda civil de Puigdemont contra el magistrado es "correcta y ajustada a derecho".