La postura adoptada por el Gobierno sobre la demanda civil presentada en Bélgica contra el juez Pablo Llarena no ha sido bien acogida por parte de la judicatura, que cree que lo que está en juego no es la honorabilidad del magistrado del Tribunal Supremo, sino la integridad de la jurisdicción española.

El Ministerio de Justicia dejó ayer claro que solo se personará en el procedimiento civil iniciado por Carles Puigdemont y cuatro exconsellers fugados contra Llarena si el juez belga cuestiona la instrucción del procés. "En ningún caso", subrayó Justicia, actuará en "defensa" de Llarena por las manifestaciones de carácter privado que se le atribuyen en la demanda.

Una fórmula desacertada, según varias fuentes jurídicas, que aseguran que lo que realmente se está cuestionando es la jurisdicción y la soberanía española. Sostienen, además, que la demanda se refiere a la actividad jurisdiccional del magistrado y no a cuestiones privadas ni a declaraciones vertidas en su condición de ciudadano.

No se trataría, por tanto, de defender a Llarena, sino a la propia nación y precisan que es imposible separar la función jurisdiccional de este juez del Tribunal Supremo como instructor de la causa, en la que están procesados los cinco líderes independentistas huidos que le demandaron, de las manifestaciones que le atribuyen en la demanda.

Es, dicen, un problema de más alto calado que transciende el ámbito personal de un juez porque lo que se pone en tela de juicio en este procedimiento civil es la actuación judicial de un magistrado español. A raíz de este planteamiento, la pregunta que ponen encima de la mesa es: "¿Se puede permitir que los tribunales belgas controlen o revisen la actividad jurisdiccional de un juez español?".

La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales -ambas de carácter progresista-, también se mostraron contrarias a la postura adoptada por Justicia, que califican de "dejación de funciones". Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo manifestó ayer que el Ejecutivo defenderá la jurisdicción española en Bélgica si es necesario pero dejó claro que los poderes judicial y ejecutivo son "distintos e independientes" y que el amparo legal a un juez le corresponde al Poder Judicial.