El expresidente Carles Puigdemont y los exconsellers en el extranjero Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí han anunciado este martes que han presentado una demanda civil ante la justicia belga contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena porque creen que no les ha garantizado las condiciones de un juicio justo y que se ha extralimitado en sus funciones.

Según Comín, la demanda se fundamenta en unas declaraciones que ha hecho el magistrado "fuera de su jurísdicción" y que vulneran la presunción de inocencia de los exconsellers y el derecho a un juez independiente.

El exconseller también ha anunciado que han reclamado la petición de recusación contra Llarena ante el Supremo. Y lo ha argumentado en el artículo 219.8 de la ley del poder judicial, que dice que es causa de recusación de un juez el hecho de que tenga un juicio pendiente con una de las partes de las causas que está instruyendo.

"No estamos perseguidos por la justicia, sino por la ideología de un juez", ha asegurado Puigdemont, que ha intervenido en la rueda de prensa por videconferencia desde Berlín.

Puigdemont y los cuatro exconsejeros son los sujetos de la demanda en Bélgica, pues según su equipo legal, las declaraciones de Llarena en la que basan su acción civil se refieren al 22 de febrero de 2018, cuando todos se encontraban en el país.

"Entre otras declaraciones, el juez negó que existieran los presos políticos", ha señalado el abogado Paul Bekaert, sobre las declaraciones de Llarena.

Comín ha explicado que la recusación ante el Tribunal Supremo "es consecuencia" de la primera demanda civil en Bélgica, pues según la Ley Orgánica del Poder Judicial, un juez no puede seguir en una causa si ha sido demandado por una de las partes.

Por otro lado, Puigdemont ha evitado contestar a la pregunta de si el cambio de Gobierno en España podría afectar a su situación jurídica -se encuentra pendiente de extradición en Alemania-, mientras que Comín se ha limitado a reclamar al PSOE "que convierta a España de una vez en un Estado de Derecho".

En Bruselas, los exconsellers han asegurado que hasta ahora la estrategia de defensa consistía en hacer todo el posible para evitar la ejecución de la euroorden. Una vez rechazada por la justicia belga por defectos de forma, los exiliados han decidido dar un paso adelante para defender sus derechos.

Un tribunal belga ha citado al juez Llarena para el 4 de septiembre, según ha informado este martes uno de los abogados de la defensa en Bélgica de Carles Puigdemont y los exconsellers destituidos Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí.

La citación llega después de que Puigdemont y los cuatro exconsellers hayan presentando la demanda civil en Bélgica contra Llarena.

Según han indicado los abogados en una rueda de prensa en Bruselas, Llarena puede ir a declarar en persona o enviar un representante legal.

El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCat), ha considerado este martes que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena tiene "la obligación legal de abstenerse" de seguir instruyendo la causa del "procés", después de la petición de recusación y la demanda civil presentada por los exconsellers.

Costa, jurista que colabora con el equipo legal del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha comentado desde la sala de prensa del Parlament el anuncio de los exconsellers huidos a Bélgica de que han interpuesto una demanda civil contra Llarena y que también han reclamado la petición de recusación del magistrado ante el Tribunal Supremo (TS) en España.

El diputado de JxCat y vicepresidente primero del Parlament ha detallado que la petición de recusación se ha presenta porque Llarena esta afectado por la demanda civil de los exconsellers.

Y en esta situación, "el juez instructor tiene la obligación legal de abstenerse, porque no puede instruir causas contra personas -los exconsellers- con las que tiene un pleito pendiente", ha aseverado Costa.

El dirigente de JxCat ha considerado que el hecho que Llarena esté citado a comparecer el próximo 4 de septiembre ante la justicia belga a raíz de la querella presentada en su contra es ya "una causa objetiva" para que de forma "automática" abandone la instrucción: "Entendemos que, si no lo hace, se estaría saltando la ley", ha añadido.

El Supremo revisará mañana miércoles los recursos presentados por el expresident catalán Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y otros doce inculpados contra los procesamientos dictados en el caso abierto por el "procés".

El juez de este caso, Pablo Llarena, procesó por delitos de rebelión, malversación o desobediencia a miembros del Govern y del Parlament, así como a dirigentes independentistas.

Recurrieron sus procesamientos, además de los citados, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, Lluís Puig y Clara Ponsatí y los exparlamentarios Josep Nuet, Anna Simó y Carme Forcadell.

A ellos se suma el recurso presentado por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart y por el excandidato a president y diputado de JxCAT Jordi Sànchez.

Todos ellos recurrieron y ahora la Sala que revisa las decisiones de Llarena en el Supremo celebrará una vista a puerta cerrada con presencia de los abogados defensores, fiscal, abogado del Estado y acusación popular (esta última también ha recurrido pidiendo agravar las acusaciones por las que se procesa a los inculpados).

El Supremo ha rechazado las peticiones de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y del expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña Jordi Sànchez de estar también presentes en la vista, "al no ser preceptiva su presencia".

Los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y el diputado de JxCat Jordi Sànchez recurrieron ante el Tribunal Supremo su procesamiento argumentando que, a diferencia de su caso, nadie ha sido acusado de sedición por las protestas contra La Manada, en las que un ministro tuvo que salir escoltado (en referencia al ministro de Justicia, Rafael Catalá).

En su escrito, defienden que las concentraciones del 1 de octubre o del 20 de septiembre de 2017 ante la Consellería de Economía son "actos legítimos de protesta ante actuaciones judiciales".

Puigdemont alegó en su recurso que durante la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1-O no hubo "ningún tipo de violencia", por lo que no cree justificado el delito de rebelión que se le imputa.

Por su parte, Junqueras denunciaba en el recurso contra su procesamiento por rebelión que sufre un "calvario inmerecido" por las "piruetas argumentativas" con las que el juez del Supremo Pablo Llarena pretende "criminalizar" al independentismo, pese a la "evidente falta de violencia".