El juez Pablo Llarena.
El juez Pablo Llarena. EP

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado este jueves amparo al juez instructor que lleva la causa del procés, Pablo Llarena, debido a la demanda presentada contra él en Bélgica por los procesados huidos, que el organismo tacha de "ataque planificado" a su independencia.

Para el CGPJ, la demanda que presentó el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsejeros fugados intenta "sin disimulo alguno someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero".

Según el CGPJ, como en España no se pueden presentar demandas civiles contra un juez, los procesados han intentado sortear esa garantía a través de Bélgica, lo que "añade un plus de gravedad a la planificación del ataque" contra Llarena, que no debe soportarlo "ni por justicia ni por la dignidad de la función que desempeña".

La demanda "cuestiona toda la instrucción llevada a cabo, tachándola de parcial y de arbitraria, pretendiendo que un tribunal belga considere que se ha vulnerado la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales de los demandantes" y, en opinión del Consejo, es difícil que pueda existir "una actuación que vulnere de forma más flagrante y burda la independencia de un magistrado español".

El CGPJ ha prometido que se adoptarán "todas las medidas necesarias" para garantizar la independencia de Llarena, "incluidas las medidas relativas a la integridad económica que proporciona el artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial". Además, pide a los ministerios de Exteriores y Justicia que aseguren "la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica".

Demanda contra Llarena en Bélgica

El juez Llarena está citado a comparecer ante un tribunal belga el próximo 4 de septiembre debido a la demanda que interpusieron Puigdemont y los exconsellers fugados, quienes alegaron que el magistrado no había respetado la presunción de inocencia y había ofendido a su honor al acusarlos de rebeldes. 

Sin embargo, la evolución de este caso es incierta, ya que el juez decano de Madrid rechazó dar traslado a Llarena de la demanda y del emplazamiento para que declarara argumentando que no se trataba de una demanda de carácter civil, sino que pretendía "cuestionar y examinar actuaciones soberanas llevadas a cabo por el Estado español a través de sus órganos jurisdiccionales".

Sí informó de ella al presidente del Supremo, quien escribió a los ministerios de Exteriores y de Justicia para que tomaran las medidas necesarias para "asegurar la integridad de la acción del Estado y del magistrado afectado" ante la jurisdicción y las instituciones belgas. El ministro de Exteriores, Josep Borrel, confirmó días después que se había trasladado ya esa petición a través de la embajada.

Pablo Llarena pidió amparo al CGPJ el pasado 30 de julio porque, según explicó, no sabía si las gestiones realizadas han dado lugar "a una decisión concreta de actuación procesal por parte del Gobierno belga".

El magistrado denunció el carácter "groseramente fraudulento" de la demanda que, a su juicio, solo busca "sustraer de su sede natural la revisión de los actos de la Justicia española".

El acuerdo para dar amparo a Llarena, adoptado este jueves, será trasladado a Exteriores y Justicia para que tomen medidas y ha sido aprobado con el voto a favor del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y de cinco vocales. La vocal Concepción Sáez, quien abandona la comisión permanente por su nombramiento como gerente de la Mutualidad General Judicial, ha votado en contra.